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02abr17
Parálisis en el último reducto K: Santa Cruz, frente a una crisis total del sistema
Un grupo de personas combate el frío alrededor de un tambor de metal lleno de madera prendida fuego. Una mujer despliega una pancarta sobre una mesa y pide que alguien caliente agua para arrancar la primera ronda de mates del día. Otro hombre señala un parlante y bromea sobre la música que escucharon la jornada anterior. "¡Hoy elijo yo!", grita. Un rato después, cuando el sol termine de salir, se escucharán canciones folclóricas por toda la manzana.
Una cuadra más allá, en la puerta de otro edificio sobre la misma avenida de esta capital, la situación es casi idéntica, con la diferencia de que allí el otro grupo de manifestantes armó una carpa improvisada con fierros y chapa para protegerse del viento helado.
Hace días que hay varios edificios públicos de Santa Cruz tomados. El gremio de docentes se instaló en el Ministerio de Economía. El de judiciales, en el Tribunal Superior de Justicia. Las tomas, ambas sobre la avenida Néstor Kirchner, son el reflejo de la complicada situación que atraviesa la provincia, sumida en la mayor crisis económica, social y política de los últimos 10 años, y que acorrala al gobierno de Alicia Kirchner.
Reclamos salariales, falta de pagos, un sistema de salud en crisis, la Justicia colapsada, renuncias y plata que no se sabe dónde está son algunos de los focos de tensión que aquejan al histórico bastión del kirchnerismo, que gobierna aquí desde 1991. Cada nuevo conflicto que se sumó en los últimos meses fue frenando el funcionamiento de la actividad provincial, hasta quedar paralizada.
El reclamo docente es el más resonante. El gobierno provincial ofreció un 3% de aumento en las paritarias. Por los paros, este año no hubo más de dos días seguidos de clase en las escuelas.
La discusión salarial se complicó todavía más por la sorpresiva renuncia el 7 de marzo de Roberto Borselli, el presidente del Consejo Provincial de Educación. La gobernadora lo reemplazó con María Cecilia Velázquez, investigada por la presunta entrega de facturas apócrifas mientras era la mano derecha de Alicia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En medio del paro, y luego de cortar la ruta nacional 3 por varias horas, la semana pasada los docentes se instalaron en Economía, donde hicieron un cronograma de guardias de cuatro horas para que el edificio no quede vacío en ningún momento.
Sentado en una silla de oficina, el titular de Adosac, Pedro Cormack, bromea desde el hall del ministerio diciendo que él es el "nuevo ministro".
Enseguida, el hombre borra su sonrisa y habla de cómo la provincia entró en una espiral descendente desde que Cristina Kirchner dejó la presidencia. "No estábamos bien antes", aclara, y agrega: "Pero ahora el malestar es generalizado y ya nadie le cree al kirchnerismo". Desde afuera se oyen bocinazos de los vecinos que apoyan la protesta.
Así como Economía no funciona, la Justicia tampoco. Todos los plazos procesales están suspendidos hace un mes, cuando los empleados judiciales comenzaron una protesta por demoras en el pago de los salarios.
Afuera del Tribunal Superior de Justicia, entre carteles que avisan que el edificio está "sekuestrado" hay un contador de días al que cada jornada sin cobrar le agregan un número. Hace ocho meses que no cobran a tiempo y recién el viernes último les completaron el sueldo de febrero.
Suena la música de Rodrigo en una carpa de chapa. Adentro no hay nadie, sólo algunos redoblantes y bombos, con los que los empleados practican ritmos con la guía de uno que sabe tocar la batería.
A metros de ahí, tras una hilera de diez perros que se acercaron atraídos por el olor a comida, hay una figura de la gobernadora hecha con un palo de escoba como brazos, una sábana y cartulina amarilla para el pelo. "Alijhia", la presenta un cartel, emulando la pronunciación de Néstor. La imagen está rodeada por tres fotos de vocales del tribunal, que, según denuncian, son militantes kirchneristas.
"Por más que paguen, no nos vamos a ir de acá hasta que se rechace la intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial. Está en juego la democracia", brama la secretaria gremial Verónica Levati.
La normalización del pago de salarios no resolvería los problemas, afirman los estatales. Hoy, todos siguen pagando aportes a la endeudada Caja de Servicios Sociales, la obra social estatal, que ya no es aceptada en hospitales y farmacias porque dejó de pagar los servicios. Los estatales cerca del 60% de la población activa no pueden atenderse sin abonar las consultas.
"¿Reclamar que no descuenten los aportes? ¿Al Ministerio de Economía? ¡Si está tomado!", se queja Levati.
Los jubilados también se juntaron y crearon la agrupación Jubilados Unidos, que incluye un grupo de WhatsApp. Tampoco cobran haberes ni pueden usar la obra social estatal. "¡No te podés ni morir que nadie te cubre!", dice Cristina Coronel, una ex enfermera que cuando se enoja salta desplazándose de acá para allá.
"Los Kirchner se robaron todo y se cagaron en la provincia que los parió", afirma, y pide que "devuelvan todo" para que Santa Cruz vuelva a ponerse de pie.
Jubilados Unidos tomó la semana pasada la sede de la Caja de Previsión Social y cortaron la calle. No es la primera vez que lo hacen, pero cada vez la medida dura más tiempo porque la plata tarda más en llegar.
"¿A vos te parece que después de tantos años de trabajo tengamos que mendigar que nos paguen?", se queja Viviana Barbería, que también mencionó la corrupción como eje de los problemas de la provincia. "Acá nos conocemos todos. Sabíamos si aparecía una casa nueva de Lázaro Báez o de quien fuera. A veces, miraba mi documento para ver si decía 'Báez'. ¡Mirá si yo también era de su propiedad!", bromea.
¿Cuál es la salida a la crisis? El gobierno provincial dice que no tiene plata y le reclama ayuda a la administración de Mauricio Macri para cubrir los agujeros financieros. Los gremios y la oposición denuncian que la plata está, pero que no se sabe qué pasa con ella. Y por ahora tampoco se sabrá: el kirchnerismo bloqueó un proyecto de ley de acceso a la información pública.
"Hay un manejo muy oscuro de los fondos públicos, con una perversidad que no entendemos. Estoy azorada por la falta de sensibilidad que hace que todo llegue a este extremo", afirma en diálogo con LA NACION Roxana Reyes, diputada provincial por Cambiemos.
La legisladora cuestionó el discurso del kirchnerismo, que asumió esta gestión afirmando que la provincia estaba quebrada y apuntando contra el modelo del empleo público masivo "cuando fue el que ellos mismos crearon".
Según Reyes, Alicia Kirchner sabe que la provincia está así, y cree que está jugando con fuego. "Los conflictos recrudecen y ellos siguen llevando los fondos a donde no deben. Pero saben que el gobierno nacional no va a permitir un estallido. Saben que va a tener que asistir", sostiene.
La gobernadora estuvo la semana pasada en Buenos Aires, donde se reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para pedirle ayuda financiera.
El temor es que la situación llegue al mismo nivel de tensión que en 2007, cuando una pueblada terminó con el gobierno de turno, también kirchnerista. "Ahora me preocupa aún más. Hay más ausencia del Estado y ya no tiene el apoyo nacional que tenía antes", sostuvo Reyes.
Tanto los jubilados, como los judiciales y los docentes evitan esa comparación, pero coinciden en que la situación está inusualmente tensa, al punto de que los funcionarios kirchneristas casi no se muestran en las calles de su propio bastión por temor a escraches. "El pueblo todavía no se despertó, pero la paciencia se termina", sostuvo Barbería.
Mientras las protestas se mantienen y los gremios definen nuevas medidas conjuntas para los próximos días, la tensión parece haber superado el nivel soportable. Por eso, para el docente Cormack lo que le espera a la provincia es todo menos optimismo: "No sé si hay vuelta atrás".
[Fuente: Por Alan Soria Guadalupe, La Nación, Bs As, 02abr17]
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