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18abr17
Pidieron perpetua para tres represores
El noveno juicio que se desarrolla en la provincia por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura militar está transitando sus últimas etapas.
En la audiencia de ayer, que se desarrolla en los tribunales federales locales, concluyeron los alegatos de los fiscales con el pedido de condenas para los acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, violaciones y homicidios, cometidos en perjuicio de 24 personas, principalmente militantes políticos, docentes y estudiantes del norte de la provincia de Salta.
Solicitaron al tribunal tres condenas de prisión perpetua para el exjefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, para el militar que estaba a cargo de la Policía de Salta en la época de los hechos, Miguel Gentil y para el comisario Joaquín Guil.
En tanto que para el entonces jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional en Orán, Diego Varas, solicitaron 10 años de prisión, y para el comisario de Embarcación, Arturo Madrigal, la pena de 6 años de cárcel.
Las penas fueron pedidas por el fiscal Carlos Amad.
El fiscal Francisco Snopek argumentó que las violaciones a las mujeres fueron parte de un "ataque sistemático" como parte de "prácticas concordantes con otras similares llevadas a cabo en otros centros clandestinos de detención del país como un plan represivo y disciplinador en un contexto de genocidio", dijo el funcionario.
Entre las víctimas figuran Mario Luna, Sergio Copa, Santos Garnica, David León Paz, Silvia Sáez de Vuistaz, Reynaldo Isola, Juan López, Luis Risso Patrón, Alfredo Bellandi, Carlos Mosca Alsina, Felipe Burgos, Ernesto Mamaní, Oscar Bianchini, Néstor Díaz, y las hermanas Francisca y Carmen Torres.
Otras víctimas son Osores, Juan de Dios Ortiz, Gregorio Tufiño Ruiz, Roberto Zelarayán, Angel Antonio Juárez, Benita Giménez, Raúl Araujo y Nicolasa Montilla.
Los modos de los secuestros, las torturas y los tormentos, los simulacros de fusilamientos conformaron parte del un modus operandi en el que los fiscales encontraron el argumento para calificar la "alevosía" con la que operaron los "grupos de tareas" en el norte de Salta. De las 24 víctimas, 19 han sido asesinadas o se encuentran desaparecidas.
El Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Gabriel Casas, con Carlos Jiménez Montilla como cuarto juez. El debate comenzó en octubre de 2015 y ya solo quedan dos audiencias para que concluya el proceso.
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está representada por Martín Ávila y Gastón Casabella, mientras que Tania Kiriaco representa a la Universidad Nacional de Salta y Susana Aramayo a Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia de Orán.
Para el próximo lunes 2 de mayo, a las 8.30, se convocan para los alegatos de la defensa de los acusados.
En tanto que para el lunes 8 de mayo ya está confirmada la lectura de sentencia, con horario a confirmar y con gran presencia de público.
Desacuerdos con los querellantes
La denominada "subárea 322-1" comprendía desde Orán hasta Tartagal, desde el año 1975. Según lo que quedó registrado en el juicio, el jefe era Ríos Ereñú; le seguían el jefe de Policía, Gentil, y el jefe de los operativos, Guil. "En las distintas localidades del norte se secuestraron personas, se torturaron, se trasladaron y se mataron a personas de la manera más atroz", dijo Susana Aramayo.
La querella del movimiento Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia, de Orán, entró en desacuerdo con el pedido de la Fiscalía Federal.
Al frente de los controles territoriales se encontraban Varas, juzgado por la detención irregular, torturas y la desaparición de Raúl Benjamín Osores, y Madrigal, juzgado por el secuestro y desaparición de Sylvia Sáez de Vuistaz.
"Los familiares no pueden llegar a entender que se pida tan poca condena para Madrigal y Varas.
Ellos, como jefes locales, debían estar al tanto de todas las aberraciones que hicieron. Ellos no sólo estuvieron al tanto de todo sino que fueron también cómplices de estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su territorio", concluyó Aramayo al concluir la audiencia.
[Fuente: Por Antonio Gaspar, El Tribuno, Salta, 18abr17]
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