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13ago14
Proponen denunciar al estado ante de la CIDH por el retraso en las causas de crímenes contra la humanidad
Una resolución permitió la prisión domiciliaria o la libertad para 15 condenados por asesinatos y desapariciones. Familiares de las víctimas reclaman por la demora para llegar a sentencias definitivas. Piden cárcel común para las figuras emblemáticas del terrorismo en Salta.
Familiares de salteños desaparecidos y asesinados durante la década del setenta en Salta podrían denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la demora para llegar a una sentencia definitiva para los responsables. Una resolución de la Justicia benefició a represores que habían sido condenados en 2013 por los crímenes de 34 salteños y figuras emblemáticas de la represión quedaron afuera de la cárcel.
La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió el 16 de julio excarcelar o dejar en prisión domiciliaria a 15 hombres que habían sido condenados y privados de la libertad en diciembre del año pasado en Salta, en el marco de una "megacausa" relacionada con delitos de lesa humanidad.
Los represores habían sido penados por la desaparición o muerte de 34 personas a partir de 1975. Entre las víctimas se encontraba el periodista Luciano Jaime, dinamitado poco después de publicar información sobre el asesinato de un militante peronista.
La disposición de la Justicia permitió a muchos de los principales acusados de las torturas, persecuciones y homicidios en la década del setenta irse a sus casas, por lo menos, hasta que el fallo que los condenó en 2013 quede firme.
La resolución concedió prisión domiciliaria al exjefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; los exjefes de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentile y Víctor Modesto Mendía, el exdirector de Seguridad de la fuerza, Joaquín Guil y el expolicía federal Juan Carlos Alzugaray.
El resto de los condenados -militares, policías y un civil que actuó como cómplice- fueron excarcelados y quedaron libres hasta que haya una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa.
David Levia, uno de los abogados querellantes, señaló a El Tribuno que la semana pasada se presentó un "pronto despacho" ante la Justicia para exigir una resolución rápida que defina la situación de los represores.
"Con esta medida buscamos que se decida en el corto plazo sobre la cuestión de fondo, es decir, la responsabilidad de los condenados. Si no logramos respuesta, denunciaremos al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por incumplir tratados internacionales que tienen rango constitucional", sostuvo el letrado.
Leiva explicó que Argentina está comprometida a juzgar los delitos de lesa humanidad en un plazo razonable y que no hacerlo viola convenciones de derechos humanos.
El querellante también dijo que se analizará la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento contra los miembros de la Cámara de Casación "que permitieron la libertad de genocidas en un país en el que están presos los ladrones de gallinas".
"Después de esperar tantos años una condena, necesitamos que esta situación se resuelva rápido. No podemos seguir perdiendo tiempo porque, de un lado y del otro, nos estamos muriendo", dijo a El Tribuno Cristina Cobos, viuda del soldado desaparecido en 1976, Víctor Brizzi.
Para Nora Leonard, hermana de una de las víctimas de la denominada masacre de Palomitas, la excarcelación y el beneficio de prisión domiciliaria para los represores "es indignante".
"El Tribunal que tomó esta medida no tuvo en cuenta que cometieron delitos aberrantes y que, durante muchos años, tuvieron una libertad que no me merecían", dijo Leonard.
Leiva remarcó que la decisión de la Justicia "revictimiza" a los familiares de los desaparecidos porque "los expone a cruzarse por la calle con los asesinos".
El fallo que condenó a los represores el año pasado fue apelado y la Cámara de Casación Penal consideró que no debían estar privados de la libertad hasta que se confirme la sentencia. "Me parece que estas decisiones hablan de que la Justicia no está a la altura de los acontecimientos políticos que vivimos en el país. El Poder Judicial sigue defendiendo entramados de poder y, por eso, es una deuda la democratización de esta institución", manifestó Fernando Pequeño, nieto del exgobernador desaparecido Miguel Ragone.
Un periodista, entre las víctimas
Un periodista, docentes universitarios, militantes, estudiantes, trabajadores y un soldado figuran entre las víctimas de los miembros de las fuerzas de seguridad que fueron condenados en 2013 por el Tribunal Oral Federal de Salta y que obtuvieron la excarcelación o la prisión domiciliaria en julio.
El periodista Luciano Jaime fue hallado sin vida en 1975, luego de publicar en el diario El Intransigente una nota sobre el asesinato de Eduardo Fronda, militante del Frente Revolucionario Peronista.
El cronista había informado que Fronda había sido detenido y luego acribillado por la Policía. Poco después, Jaime fue secuestrado, dinamitado y sus restos aparecieron en El Encón.
Entre las víctimas están, además, Alfredo Mattioli, Marcos Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia, militantes de izquierda que fueron asesinados a balazos.
Los represores también habían sido encarcelados por el caso de Víctor Brizzi, un soldado y estudiante de derecho que desapareció mientras estaba haciendo el servicio militar, en marzo de 1976.
Los docentes Silvia Aramayo, Héctor Gamboa y Gemma Fernández de Gamboa son otras de las víctimas por las cuales se había dictado la condena para los jefes militares y policiales en 2013.
Además, figuran en la lista de los salteños secuestrados o asesinados de la llamada "megacausa": Martín Cobos, Carlos Estanislao Figueroa, Liendro Marcial Estopiñán, Pablo Salomón Ríos, Juan Carlos Parada Mallo, Marta Beatriz Cascella, Néstor Díaz, Oscar Bianchini, René Santillán, Enrique Mosa Alsina, Juana Isabel López, Luis Eduardo Rizzo Patrón, Ramón Gerardo Gallardo, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Raúl Benjamín Osores, Norberto Guerrero, Ernesto Luis Mamaní, Aldo Víctor Bellandi, René Ruso, Carmen Torres, Delicia Torres, Carmen Torres, Pedro Bonifacio Vélez, Pedro Enrique Urueña y Felipe Burgos.
Joaquín Guil
Se desempeñó como director de Seguridad de la Policía de la Provincia. Fue condenado a prisión perpetua como autor de homicidio agravado por la alevosía en diciembre de 2013.
La Justicia ya lo había encontrado culpable en las causas por la desaparición del exgobernador Miguel Ragone y por la denominada masacre de Palomitas, en la que fusilaron a 11 presos políticos.
Raúl Gentil
Fue jefe de la Policía de la Provincia. El año pasado la Justicia le dictó una sentencia de prisión perpetua homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.
Tuvo un rol fundamental en el terrorismo de Estado. También estaba condenado por la masacre de Palomitas y por la desaparición del exgobernador Miguel Ragone.
Carlos Alberto Mulhall
Tuvo el cargo de jefe del Ejército en Salta. El año pasado se le aplicó la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, entre otros cargos.
Por ser la máxima autoridad del Ejército antes y después del golpe de Estado de 1976 tuvo una participación clave en la mayoría de los delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia.
Héctor Ríos Ereñú
Fue el jefe del Regimiento de Infantería Monte 28. El Tribunal Oral Federal de Salta lo condenó a prisión perpetua el 20 de diciembre de 2013 por la causa en la que se investigaron 34 crímenes cometidos a partir de 1975. Lo consideraron responsable de homicidio culposo agravado por la alevosía.
Juan Carlos Alzugaray
Se desempeñó como oficial de inteligencia de la Policía Federal y guardiacárcel en Salta.
Lo condenaron a prisión perpetua por homicidio agravado por la alevosía el año pasado.
También fue encontrado culpable en la causa por el fusilamiento de 11 presos políticos, conocido como la masacre de Palomitas.
Las condenas, de 5 años hasta prisión perpetua
El Tribunal Oral Federal de Salta sentenció el 20 de diciembre de 2013 a 15 procesados por 34 crímenes cometidos a partir de 1975 en la provincia y negó el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo cual, todos debían ir a la cárcel.
Fueron condenados a perpetua el exjefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el jefe del Regimiento de Infantería Monte 28, Héctor Ríos Ereñu; los exjefes de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil y Víctor Modesto Mendíaz; el exdirector de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil y el exoficial de inteligencia de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray.
El Tribunal Oral, integrado por los jueces Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz, también le dio la pena máxima al exsubjefe de la Guarnición Militar Salta, Joaquín Cornejo Alemán, que falleció este año.
Los policías retirados Julio Oscar Correa y Víctor Hugo Almirón fueron condenados a 10 años de prisión y Mario Pachao, que también integraba la fuerza de seguridad, a ocho años.
Juan Manuel Ovalle, un civil que fue considerado culpable de actuar como informante de los secuestradores, recibió una sentencia de ocho años.
Para el coronel retirado Isidro de la Vega y el ex policía Jacinto Vivas, ordenaron cinco años de cárcel. Los miembros de la Policía Felipe Caucotta y Eduardo Toledano, en tanto, fueron condenados a siete años.
El 16 de julio de 2014, la Cámara Nacional de Casación Penal concedió el arresto domiciliario a Mulhall, Guil, Alzugaray, Gentil y Mendíaz. Los demás condenados por el Tribunal Oral Federal quedaron excarcelados.
La resolución de los camaristas Eduardo Rafael Riggi y Liliana Catucci, con el voto en disidencia de Ana María Figueroa, dejó a todos los sentenciados en la misma situación en la que estaban en diciembre de 2013, antes de que los declararan culpables de la desaparición o muerte de 34 víctimas.
En el fallo del año pasado, del Tribunal Oral de Salta condenó por primera vez a un civil por un delito de lesa humanidad. Juan Manuel Ovalle estaba acusado de ser el informante que facilitó el secuestro de Silvia Aramayo, una docente que trabajaba en la UNSa y en una escuela.
Más de 200 testigos declararon en el juicio por la denominada "megacausa", que empezó en mayo y terminó en diciembre. Estos relatos ayudaron a determinar el grado de participación de cada acusado en el aparato represivo que funcionó en la década del setenta en la provincia.
[Fuente: Por Jimena Granados, El Tribuno, Salta, 13ago14]
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