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04ago14
Denuncian la complicidad de la justicia con la dictadura
Desde hace años, el abogado y ex diputado de la UCR José Fernando Chamorro denuncia la complicidad de un grupo de jueces salteños con la última dictadura cívico-militar. El martes pasado, lo volvió a sostener en el juicio oral que se sigue en la provincia de Salta por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. "Son personajes altamente vinculados a la represión y altamente posicionados hoy en día que por lo menos tienen información", señaló Chamorro, al mencionar a dos jueces del Tribunal de Impugnación del Poder Judicial local como miembros de la Policía salteña durante los '70 y los '80.
Puntualmente, se refirió al juez Edgardo Albarracín, a quien reconoció como asesor letrado de la policía de la Unidad Regional Sur Metán entre 1976 y 1979, y a Abel Fleming, quien ocupó entre el último año de la dictadura, 1982, y 1989 la División de Investigaciones Científicas de la Policía de la Provincia. Ambos integran actualmente el Tribunal de Impugnaciones, el cuerpo encargado de revisar las decisiones de primera instancia del fuero penal.
Si bien Fleming hizo en democracia una larga carrera en el Poder Judicial de Salta, que incluso lo llevó a presidir la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) entre 2011 y 2013, en los últimos años de la dictadura formó parte de una fuerza con un rol central de la represión en la provincia norteña.
En su legajo, según relató Chamorro, Fleming "fue felicitado en reiteradas oportunidades por el jefe de Policía, que era un militar, por sus habilidades para infiltrarse, vale decir que era un espía que teníamos en medio de los abogados y en medio de la población".
Albarracín, por su parte, a pesar de ser asesor del cuerpo, fue visto desfilando junto a la policía provincial y, por su rol en la región de Metán, fue convocado como testigo del juicio oral, aunque prefirió declarar por escrito, beneficio del que gozan los magistrados, y así evitar posibles preguntas incómodas.
"Por sus roles como funcionarios policiales seguramente saben algo sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la provincia y debería aclarar si participaron o no en esos crímenes", señaló Chamorro en diálogo con Tiempo Argentino y advirtió sobre la gravedad de que haya jueces que fueron miembros de las fuerzas represivas en tiempos del terrorismo de Estado.
"Esto debería ser grave, gravísimo, pero el Poder Ejecutivo no hace absolutamente nada. Al presidente de la Corte de Salta (Guillermo Posadas) le presenté por lo menos dos denuncias por estos casos pero nunca sucedió nada", se quejó Chamorro.
Dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), el abogado llegó a ser dos veces diputado por su provincia. La primera fue entre 1973 y 1974. "Cuando intervinieron la provincia, empezaron a detener gente y volví a defender a presos políticos", comentó. También recordó que su actuación le costó que el 4 de febrero de 1975 le volaran la casa como represalia.
La familia judicial salteña
La denuncia de Chamorro no termina en los dos miembros del Tribunal de Impugnación. De igual manera, carga contra lo que el dirigente radical llama la "patota judicial del proceso". Entre ellos, denuncia a un primo de Fleming, el juez Esteban Dubois Fleming, ahora jubilado, quien antes de llegar a Salta ya se había desempeñado como fiscal entre 1977 a 1978 y juez de Instrucción hasta 1984 en Tucumán, una provincia donde la represión fue particularmente encarnizada.
"Se conoce que funcionaron más de 30 centros clandestinos de detención en Tucumán. El juez Dubois no podía ignorar qué pasaba en la provincia. Sin duda que los conocía así que era cómplice o coautor, y en vez de ser juzgado está libre y consiguió que lo jubilen", detalló el ex diputado nacional. También mencionó a Luis Félix Costas, juez de instrucción en la dictadura, quien llegó a estar a cargo del Ministerio Público de Salta hasta su jubilación.
Además de la justicia provincial, en el fuero federal de Salta fue central la figura del ex magistrado Ricardo Lona. En el caso de este juez, a pesar de las pruebas en su contra, logró evitar el procesamiento y demorar el proceso luego de que casi 70 jueces de la provincia se excusaran de intervenir por sus vínculos con el ex juez. Lona -quien sigue siendo investigado- fue acusado por el encubrimiento de la desaparición del gobernador Miguel Ragone y de la Masacre de Palomitas.
Beneficio a represores
Tras el fallo de la Cámara de Casación que excarceló a los 15 represores condenados por crímenes de lesa humanidad, querellantes en el juicio conocido como "Megacausa Salta", cuestionaron la decisión del tribunal de alzada. "Es una burla para los familiares", se quejó Cristina Cobos, querellante por la desaparición de su marido Víctor Brizzi y el asesinato de su hermano, Martín Miguel Cobos.
El abogado querellante David Leiva expresó que esperan Casación se pronuncie sobre la cuestión de fondo: las condenas en 2013 a los 15 imputados. "Si las condenas se confirman, todos los condenados van a tener, indefectiblemente, que volver a la cárcel", aclaró.
[Fuente: Por Gerardo Aranguren, Tiempo Argentino, Bs As, 04ago14]
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