EQUIPO NIZKOR |
|
16oct04
El Juez ordena la detención de 12 militares responsables de crímenes contra la humanidad en Corrientes.
La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes hizo público un comunicado que dice el Juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila dio orden, el 6 de octubre de 2004 de librar orden de detención para 12 militares e integrantes de la Gendarmería Nacional involucrados en crímenes de lesa humanidad, a partir de las causas abiertas por las desapariciones forzadas de Vicente "Cacho" Ayala, julio Barozzi, Diego Orlando Romero, Rómulo Artieda, Juan Ramón Vargas, algunas de las personas desaparecidas que fueron vistas por última vez con vida en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en el ex-regimiento Infantería 9 de Corrientes.
Las ordenes de detención afectan a:
- General Cristino Nicolaides, Jefe Del Comando de la VII brigada de infantería
- Teniente Coronel Jorge Félix Aguiar, Jefe del Regimiento 9 de Infantería
- Mayor Roberto Romeo Bin, 2do Jefe Regimiento
- Capitán Juan Carlos Demarchi, Jefe de Inteligencia del Área Militar 231
- Coronel Horacio Losito
- Oficial Carson
- Coronel Jorge Barreiro
- Sargento Miguel Angel Cárdenas
- Sargento Carlos Piris
- Oficiales de Gendarmería Raúl Reinoso, Sargento Dionisio Cruz y Sargent José Mariano Zanek
Algunos de estos personajes tienen repercusión nacional por sus actuaciones, como el General Nicolaides, que fue Comandante en Jefe del Ejército y el Coronel Losito que fue agregado militar en la Embajada argentina en Italia y se encuentra imputado en la causa Margarita Belén.
El Capitán Demarchi, devenido en ganadero, es miembro actualmente de la Sociedad Rural Argentina y accionista de grandes empresas.
El Coronel Barreiro se encuentra prestando servicios en activo en el Regimiento de Monte Caseros, Corrientes.
La CAUSA 276/04 corresponde al Ex Regimiento de Infantería 9 y esta caratulada como "DEMARCHI Juan y otros, por supuestos tormentos agravados por el tiempo, privación ilegitima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada de personas en concurso real"
Los acusados están involucrados en el secuestro, tortura y desaparición de Rómulo Artieda y muchos otros jóvenes correntinos que fueron vistos aún con vida en el Regimiento de Infantería 9 "Coronel Pagola".
Diversos testimonios aportados por sobrevivientes de este campo de concentración hicieron que el titular de aquel Juzgado, Dr. Soto Dávila, tomara esta trascendente resolución.
No se puede dejar de señalar la inmensa satisfacción que esta orden ha provocado entre los familiares de Desaparecidos y la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, por la aplicación de justicia y verdad que conlleva.
Pasaron 28 años de impunidad en esta provincia, abonados no sólo por las "fuerzas de seguridad" sino por conspicuos dirigentes políticos que justificaron la represión, durante los cuales se procedió a secuestrar, detener, violar, torturar y matar sin que nada ni nadie les pusiera límites.
Para llevar a cabo esta monstruosidad, acompañaban estos hechos aberrantes con la decisión de mantener a las familias de las víctimas en la ignorancia completa de la suerte corrida por sus seres queridos que, en la mayoría de los casos, se prolonga hasta hoy.
Cuando digo "en soledad" subrayo la idea de dolorosos trámites y reclamos efectuados ante la prepotencia militar y policial, tiranos dueños de la vida y los bienes de los argentinos desde 1976 hasta 1983, sin ningún acompañamiento de la sociedad.
Evidentemente el miedo hace estragos y ése fue el logro de la Dictadura más sangienta de la Argentina: inmovilizar a los ciudadanos hasta el punto de no saber, no querer saber, mirar hacia otro lado cuando los hechos atroces ocurrían y permanecer indiferentes ante el sufrimiento de miles de familias.
Comparecen los militres detenidos.
En horas de la mañana del 12oct04 comparecieron ante el Juzgado Federal el Capitán Juan Carlos Demarchi, el Mayor Roberto Romeo Bin , los Coroneles Horacio Losito y Jorge Barreiro y el suboficial Carlos Piriz, quienes quedaron detenidos y alojados en instalaciones del Ejercito de la vecina ciudad de Resistencia.
No se les tomó aún declaración indagatoria, ya que no tienen abogados defensores.
Su estrategia de solicitar defensores oficiales se vio entorpecida ya que, rápido de reflejos, el Defensor Oficial Dr Roque Bronzuoli, se presentó desde un inicio de esta causa, como defensor de los ausentes. (Artieda en este caso), por lo que en día de la fecha se excusó de tomar la defensa.
Igual tesitura sería planteada por los otros defensores oficiales ya que el Dr Molinari, fue detenido en jurisdicción del Área 231 durante la última dictadura milita, y el Dr González Cabañas haría un planteo similar ya que sus hermanos habrían sido reprimidos en tal fecha.
Se sabe extraoficialmente, que el defensor del Chaco, Dr PUJOL, estaría planteando, ante estos hechos, una ampliación de jurisdicción, y la posibilidad de que él tome la defensa de los imputados.
Hasta tanto no se designen abogados defensores, permanecerán alojados en el Regimiento del Chaco, sin prestar aún declaración indagatoria.
Hubo una presentación de eximición de prisión que se transformó de hecho en abstracta desde el momento en que fueron notificados de su condición de detenidos.
Una vez tomada la declaración indagatoria, el juez tiene un plazo no menor a diez días para expedirse respecto a la situación procesal y a resolver los planteos de excarcelación que entonces pudieran presentarse.
Tanto para la querella como para la fiscalía todos los delitos impútados, producidos además en concurso real, no ameritan que se produzcan excarcelaciones.
De la nómina inicial de 12 se sabe que el Teniente Coronel Aguiar, Jefe del Reg Inf 9 está fallecido, y se aguarda que comparezcan los gendarmes Raúl Reynoso, Cruz y Zanet, que ya fueron localizados.
Aún no se sabe el destino del oficial Carzon y el del suboficial Cárdenas, sobre quienes también recae orden de detención.
La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes , tras que la justicia librara orden de captura para doce uniformados involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el ex RI9, brindó una conferencia de prensa el 14 de octubre de 2004.
Hilda Presman portavoz de la Comisión pidió que "las detenciones se hagan efectivas y no se produzcan eximiciones de prisión, ni excarcelaciones", e indicó que "en orden de justicia, lo único que tenemos que lamentar es que esta orden judicial se produzca veinte años tarde".
Estrategia de defensa del Ejército.
El hecho de que los militares detenidos acudan a la defensoría oficial formaría parte de una estrategia que vienen cumpliendo sus colegas en distintos puntos del país y puestos ante las mismas circunstancias.
La estrategia permite encubrir a renombrados estudios jurídicos porteños que son quienes en realidad asumirán las defensas.
Así lo aseguraron integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, luego de que ninguno de los cinco militares en el marco de la causa por la desaparición de ciudadanos en el predio del ex regimiento 9, se presentara con abogados defensores.
Ello obliga a que deban ser atendidos jurídicamente por defensores oficiales. Pero en realidad, ello obedece a una estrategia jurídica.
"En varios lugares del país, la estrategia unificada de la defensa de los represores esta organizada corporativamente" señalan desde la Comisión de Derechos Humanos.
Explican que la elaboración jurídica es realizada por un "importante" estudio jurídico de la capital federal, financiado por el Ejército.
"Este estudio, entrega a los defensores oficiales de cada lugar todo preparado y los defensores prestan solamente su firma.
Esto pareciera ser que preserva a los profesionales locales de cualquier tipo de presión o compromiso y obliga al Estado a participar en su defensa".
Se citó como ejemplo la causa por la Masacre de Margarita Belen.
"Sin embargo en Corrientes esa estrategia se viene complicando porque el doctor Roque Bronzuoli, se presentó desde un inicio como defensor de los ausentes (Artieda en este caso) por lo que en día de la fecha se excusó de tomar la defensa".
Según planteó la Comisión de Derechos Humanos, igual tesitura sería planteada por los otros defensores oficiales ya que el Dr Molinari, fue detenido en jurisdicción del area 231 durante la última dictadura militar, y el Dr Gonzalez Cabañas haría un planteo similar ya que sus hermanos habrían sido reprimidos en esa fecha.
Fuentes revelaron con que incluso se estima con que el defensor del Chaco, Dr Pujol, estaría planteando, ante estos hechos, una ampliación de jurisdicción, y la posibilidad de que él tome la defensa de los imputados.
Pero mientras no se designen abogados defensores, los militares detenidos este martes cuando se presentaron al Juzgado Federal a prestar declaracion indagatoria permanecerán alojados en el Regimiento del Chaco, sin prestar hacerlo.
La presentación de eximición de prision solicitada por Vernego, abogado del capitan retirado Juan Carlos Demarchi se transformó en abstracta debido a que no tiene validez. Para ello debiera habersela presentado en el momento que se notificó su condición de detenido.
Uno de los defensores oficiales, Roque Bronzuoli, resignó su postulación porque ya actúa como querellante en la causa Rómulo Artieda.
Según fuentes de la querella, todo indica que los otros dos defensores públicos se inhibirían.
De este modo, el Juzgado Federal abriría una lista de letrados locales que serían designados defensores oficiales a este único efecto.
Llegado el caso en que ninguno se ofrezca para la defensa, el Juzgado llamaría para cubrir esta tarea al defensor oficial del Chaco.
Se trata de un abogado de apellido Pujol, que obtuvo sendos sobreseiemientos en la causa por la masacre de Margarita Belén.
Para impedirlo, la querella planea presentar un recurso ante el juez federal Carlos Soto Dávila, en la cual se alegará que Pujol pertenece a otra jurisdiccón federal.
Las declaraciones se repartieron entre las mañana del jueves 14 y viernes 15 de octubre, y luego fueron devueltos al regimiento chaqueño de La Liguria.
El capitán (R)Juan Carlos Demarchi, el mayor Romeo Bin, los tenientes coronel Horacio Losito y Jorge Barreiro, y el sargento Miguel Angel Cárdenas, el y el suboficial Piriz, además de los gendarmes Dionisio Cruz y Alfredo Reinoso, y Mariano José Zanek se negaron a declarar.
Los tres gendarmes fueron asistidos por el abogado Ross, y los integrantes del ejército, por el defensor oficial Héctor González Cabañas.
También se supo de fuentes judiciales que los acusados comenzaron a tramitar las respectivas excarcelaciones, lo cual sería rechazado por el fiscal federal Oscar Resoagli, ya que en la misma resolución judicial que ordenó su detención consta que se trata de crímenes de lesa humanidad, no excarcelables.
Radio Nizkor, UE, 16oct04
[Fuente: Recopilación de información de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y del diario on-line Momaradú, Corrientes, Arg, octubre de 2004]
 | This document has been published on 16Oct04 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |