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12sep17
Rechazaron la nulidad del proceso y la detención de seis acusados
La segunda audiencia del juicio al exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, y a otros siete integrantes de la banda acusada de asociación ilícita, se desarrolló ayer con el planteo de una serie de incidentes por parte de la fiscalía y las defensas técnicas. Al contrapunto de las cuestiones preliminares relacionadas con el inicio del proceso, el presidente del Tribunal Oral Federal, Federico Díaz, hizo un enérgico llamado de atención a los siete imputados que están en libertad a que cumplan a rajatabla con el horario establecido de llegada al recinto y por la misma situación hizo lo propio con los defensores.
El primer incidente lo planteó el fiscal general Carlos Martín Amad, quien solicitó la detención de todos los imputados, a excepción de Candelaria Aparicio, con el argumento de que algunos de ellos o todos podrían profugarse. "Lo que queremos evitar es que se produzca una frustración del derecho penal", expresó Amad. El fiscal reforzó su pedido con el antecedente de Miguel Farfán, el narco que se fugó el año pasado durante el juicio al excamarista federal José Antonio Solá Torino, quien fue condenado a 6 años de prisión por pedir coima a un detenido. Amad sostuvo que el proceso que se ventila ahora no le va en zaga, tomando en cuenta que el principal imputado es otro hombre de la Justicia Federal, acusado de un delito similar.
A juicio del fiscal, el proceso a Solá Torino no es nada en comparación con este proceso, al que calificó "de una gravedad institucional inusitada". El exjuez norteño está imputado de liderar una organización criminal, en carácter de jefe, que favorecía mediante fallos judiciales la libertad de narcotraficantes a cambio de bienes y una millonaria suma de dinero. Lo que Amad solicitó fue la detención de los abogados René Alberto Gómez, Ramón Antonio Valor, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona (cuñado de Reynoso) y los empleados judiciales Miguel Angel Saavedra y César Julio Aparicio. Todos ellos llegaron al juicio en libertad, acusados de ser miembros de una asociación ilícita. Amad se preguntó: ¿Por qué solo se dispuso la detención de Reynoso? "Si nos atenemos al inicio de la causa y a la escala de penas que les corresponde, en caso de ser condenados, todos deberían estar presos", dijo. Y agregó: ¿Por qué solo para uno tiene que ser gravoso el juicio?
El querellante Carlos Garmendia apoyó en un todo el planteo del fiscal y sustentó el peligro de fuga en el hecho de que Salta es una provincia que limita con tres países. Para contrarrestar el requerimiento del fiscal los defensores armaron un poderoso bloque. Santos Ramón Saldaño (defensor de Valor) se amparó en el principio general de que "la libertad debe ser tomada como regla y la detención como un excepción". A su turno el abogado Miguel Angel Fernández, patrocinante de Gaona, señaló que "el hecho de que los imputados vivan en una zona fronteriza no significa que no estén a derecho". El penalista Gómez, quien ejerce su defensa por derecho propio, interpretó que la petición del fiscal estaba relacionada con su llegada tarde al juicio. "Me sorprende que por la demora de unos minutos se planteen estas cosas", se quejó. El pedido el fiscal fue rechazado por el tribunal por considerar que no existen elementos objetivos que hagan peligrar el debate. También se expresó que la detención de los seis acusados en esta etapa "sería una medida desproporcionada".
También se generó un arduo debate con el pedido de nulidad del juicio realizado por los defensores. El abogado Saldaño señaló que con la designación del juez del distrito capital, Julio Bavio, como instructor de la causa, se violó la ley de subrogancia y territorialidad. "Orán cuenta con una lista de jueces ad-hoc y por ello debió realizarse un sorteo para elegir un magistrado de la zona. Eso no se respetó y se designó de manera arbitraria a un juez de la capital", expresó. Daniel Luna, defensor de Esper, se quejó por el desdoblamiento de la causa y su colega Fernández por haberse tomado declaración testimonial a un imputado de apellido Orozco. El fiscal Amad rechazó estos planteos por entender que todos estos temas ya fueron resueltos por los tribunales superiores.
"En el penal me siento amenazado"
En la audiencia de ayer el exjuez Reynoso denunció que se siente amenazado en el Complejo Penitenciario Federal de General Güemes y por ese motivo volvió solicitar el cambio de su lugar de detención. "Mi seguridad y la de mi familia no está garantizada", expresó.
Explicó que en los últimos días ocurrieron dos hechos graves. El primero fue el martes pasado cuando dos de sus hijas se trasladaban al penal para visitarlo. "Llamativamente, en el trayecto explotó la rueda del vehículo en el que viajaban y gracias a Dios no pasó nada grave". Según el imputado, el otro hecho se produjo el domingo a la noche. "Un periodista de Salta capital se comunicó con mi familia y le advirtió que alguien iba a atentar contra mi vida", dijo. Contó que está alojado en el pabellón A, junto a 22 persona. "Excluyendo a los condenadas por crímenes de lesa humanidad, hay doce internos que cumplen penas por otros delitos, y entre ellos está la persona contratada para atentar contra mi integridad física", refirió. Según Reynoso, el informante le dio a su familia el nombre del supuesto sicario y que esa persona figura entre los 12 sospechosos. "Tuve que solicitar a las autoridades penitenciarias que tomaran otro tipo de prevenciones para garantizar mi seguridad", señaló el imputado. Por estos episodios solicitó al tribunal que imparta las directivas al Servicio Penitenciario para que requiera los antecedentes del sospechoso. "Tengo entendido que está vinculado con un homicidio. En el penal me siento amenazado", sentenció. En la misma línea que los otros planteos, el tribunal no hizo lugar al pedido de Reynoso y ordenó a las autoridades penitenciarias que tomen todos los recaudos para brindarle todas las garantías que reclama el preso.
El querellante
"Está probado que Reynoso armaba causas a personas inocente para coimearlas", expresó a El Tribuno el abogado tucumano Carlos Garmendia, quien se presentó como querellante en el juicio. El letrado representa a Pablo Meneses, Bruno Mazzone, Marcelo Mazzone y Martín Abella. "La primera víctima fue Iván Cabezas y como este señor tenía relaciones comerciales con mis clientes, Reynoso les fabricó una causa para sacarles dinero", dijo.
[Fuente: Por Rubén Arenas, El Tribuno, Salta, 12sep17]
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