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06nov15


"La causa Reynoso demuestra que las cárceles están llenas de pobres"


Lo afirmaron abogados del foro local que aseguran que la Justicia llegó, pero tarde. Los miles de expedientes demoraban solo las causas de los pobres. Otros tenían pronto despacho.

Un grupo de abogados del foro local aseguró ayer a El Tribuno que la Justicia llegó pero, lamentablemente, un poco tarde.

Al respecto, dijeron: "Vamos a contrariar a las autoridades políticas porque las anormalidades en el Juzgado Federal de Orán eran vastamente conocidas desde hace mucho tiempo, incluso fue tema de diversos medios periodísticos y de presentaciones judiciales de muchos abogados, quienes reclamamos, en su tiempo, celeridad en causas de gente común, que se vieron cajoneadas por meses, cuando públicamente se mostraba que otros personajes, de la mano de reconocidos defensores, obtenían no solo la libertad, sino otros beneficios, en causas complejas".

Este proceder mostraba a las claras que en ese Juzgado pasaba algo extraño.

El tema emblemático de esta causa, que tiene como protagonistas al titular del Juzgado, Raúl Reynoso, a varios de sus allegados, a familiares del mismo y a profesionales del Derecho, algunos de estos detenidos, fue el tema del empresario boliviano del transporte José Luis Sejas Rosales. Su liberación, casi expeditiva, encendió la luz de alarma.

Para los profesionales del Derecho, las sospechas que recaen sobre el Juzgado afirman una vez más que las cárceles federales están llenas de pobres.

Además, aseguraron que unos cuantos abogados podían tener acceso al privilegio de poder "arreglar" las causas de sus clientes, mientras el resto de los profesionales debían concurrir varias veces al Juzgado para ver caminar los expedientes de sus clientes detenidos que llevaban meses en resolverse, en algunos casos más de un año.

"Debe caber también para esta gente una sanción del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la provincia", dijeron,

Un caso real

Uno de los abogados denunciantes relató un caso para graficar cómo se manejaba la Justicia en el Juzgado federal 3 de la ciudad de Orán.

"Este caso -relató el letrado- se inició con un procedimiento del personal de Gendarmería Nacional en un punto de control fijo, en la localidad de Río Pescado, departamento Orán, el 07/04/2012, en horas de la tarde. En esa ocasión, el personal de la fuerza mencionada detuvo a W.B. y le secuestró su única pertenencia que consistía en un teléfono celular. Luego, las actuaciones mencionadas le atribuyen la propiedad de una mochila conteniendo prendas de vestir y ocho paquetes de estupefaciente ("cannabis sativa").

W.B. era uno de los tantos bagayeros que cruzan la frontera ante la vista de los gendarmes, que cuando se les ocurre detienen uno al azar. En este caso fue detenido W.B., que solo llevaba prendas de vestir y un celular en un bolso, pero los gendarmes encontraron una mochila de otro bagayero que la tiró y se fugó y se la adjudicaron a él, riéndose, total, ya tenían un perejil.

Todo ese procedimiento se hizo sin testigos hábiles. Luego llevan al bagayero al puesto de Gendarmería, donde recién ponen dos testigos para que vean lo que sacan de la mochila, es decir, que los testigos nunca estuvieron en el momento de la detención, y no saben si la mochila "fue plantada'' o no. Ese procedimiento era nulo, de nulidad absoluta. El padre de W.B. me llamó para decir que no siga con la nulidad interpuesta en la Justicia porque su hijo mayor había hablado con el juez de Orán: había acordado que si me revocaba el poder su hermano quedaba libre en una semana.

Es que la nulidad planteada ponía en evidencia que la causa era armada y quedaban en evidencia los gendarmes, el juez e incluso el fiscal.

Aplicaron el sentido común: revocó mi poder y su hermano quedó libre. Ahora bien, no conozco qué otro arreglo hubo para esa expeditiva solución no ajustada a derecho", denunció el abogado.

De gravedad institucional

Ayer habló a través de una FM. Se esperan hoy aclaraciones de fondo. El juez federal Raúl Reynoso, a través de un programa radial, dijo al respecto del allanamiento de su juzgado y la detención de cinco personas, todas vinculadas al derecho penal: "Califico esto como un hecho de gravedad institucional.

Llevo 10 años a cargo del juzgado, tenemos 31.500 expedientes en trámites. Tenemos miles de fallos confirmados por la Cámara Federal de Salta, Casación Penal y por la Corte Suprema. Sin embargo, con este allanamiento por las once causas que el oficio decía, cinco de ellas están en Salta en la propia Cámara Federal, en apelaciones, y las otras seis se las entregamos a la fuerza de prevención sin ningún tipo de incidente".

En este sentido, añadió que "hay causas enormes que tienen como doce mil fojas. Son investigaciones de muchos años, causas que hemos discutido la competencia con juzgados de Buenos Aires. Actualmente tengo cerca de 120 detenidos a mi cargo".

Reynoso manifestó que en reiteradas oportunidades su vida y la de su familia estuvo en peligro debido a las investigaciones a su cargo: "He venido viviendo una serie de circunstancias personales en estos 10 años, casos de daños, amenazas, falsas denuncias. Varias veces fui a declarar a Buenos Aires, estuve sentado en el Consejo de la Magistratura como acusado. Hubo tentativas de secuestro a mi hija mayor, también a mi hija menor".

Sobre los delitos que se le imputan, dijo: "Cuando tenga la oportunidad de ver la causa voy a hacer la defensa que corresponda.

Luego se retrotrajo a acusaciones anteriores donde se comprobó su inocencia: "Hace un par de años, una persona en Embarcación invocaba mi nombre, pedía dinero, Gendarmería la ubicó y esa persona quedó presa. En Orán sucedió algo similar", dijo Reynoso.

[Fuente: El Tribuno, Salta, 06nov15]

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