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04sep17
De "modelo" en la lucha contra los narcos a acusado de cobrar coimas
El ex juez federal de Orán Raúl Reynoso pasó de ser considerado durante una década un "modelo" en la lucha contra el narcotráfico a estar sentado en el banquillo de los acusados. A partir de hoy será juzgado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba millonarios sobornos y dádivas a cambio de beneficiar con resoluciones judiciales a imputados de tráfico de estupefacientes en esa zona caliente de la frontera con Bolivia.
Reynoso, que está preso en el penal de Güemes desde el 1° de mayo de 2016, forma parte del lote de imputados junto a los abogados René Gómez, María Elena Esper Durán, Antonio Valor y Eladio Gaona, además de los empleados judiciales Miguel Saavedra y César Aparicio.
El ex magistrado estuvo a cargo del juzgado federal de Orán durante 11 años. Su perfil y su conducta navegaron por los extremos. Fue considerado el juez "modelo" por la ex presidenta Cristina Fernández y su trabajo en aquella zona compleja del norte del país fue reconocido por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando en octubre de 2015 el nombre de Reynoso fue mencionado para encabezar una comisión de jueces para la lucha contra el narcotráfico.
Pocos días después, todo se derrumbó para este hombre de 60 años aficionado a la poesía. El 4 de noviembre de 2015 un grupo de gendarmes allanó el juzgado donde -según denuncias que investigó la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar)- Reynoso recibía sobornos y dádivas en causas de narcotráfico a su cargo a cambio de que ciertos imputados fuesen beneficiados con resoluciones judiciales.
Uno de los síntomas que aportan indicios del peso que tuvo Reynoso en la justicia salteña es la dificultad que existió en esta provincia para conformar el tribunal que lo juzgará. Cinco jueces federales se excusaron, por lo que el tribunal estará integrado por magistrados de otras provincias: los tucumanos Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, y el santiagueño Federico Díaz. Los fiscales federales Carlos Amad y Francisco Snopek serán los encargados de acusar a su ex par.
En el fallo de elevación a juicio firmado por el magistrado Julio Bavio se describieron nueve hechos puntuales en los que Reynoso, en casos graves de narcotráfico, supuestamente concedió ilegítimamente la libertad de los detenidos, les dictó la falta de mérito o les devolvió sumas de dinero y bienes que les habían sido secuestrados.
Uno de los casos más notorios es el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, dueño de una flota de camiones de Santa Cruz de la Sierra que explotaba a través de cinco empresas y con los que ingresaba a la Argentina, desde esa ciudad, cargamentos de cocaína.
Once camiones de las firmas de Sejas Rosales fueron incautados con más de 500 kilos de cocaína. El 25 de abril de 2015 el juez le devolvió los vehículos secuestrados y le concedió la libertad provisoria.
Sejas Rosales volvió a Santa Cruz de la Sierra y nunca pudo ser juzgado por las autoridades argentinas. Actualmente está detenido en una prisión boliviana con pedido de extradición, que recién se cumplirá una vez que las autoridades de ese país lo juzguen por lavado de dinero.
Dos años antes, según la acusación, Reynoso habría sobreseído ilegítimamente a Pablo Raúl Vera, acusado por narcotráfico, y recibido a modo de pago la finca Mollinedo, de 700 hectáreas, ubicada en Salta. Este tipo de maniobras existían, según las pruebas, desde 2010.
La primera denuncia
Este entramado de sobornos y corrupción comenzó a salir a la luz en 2015 por un caso de violencia de género. Roxana Brítez, golpeada por un narco que había sido beneficiado por Reynoso, denunció primero ante la prensa y luego en el Escuadrón N° 52 de Tartagal, de la Gendarmería Nacional, que "la abogada Esper, que defiende a Guillermo Sarmiento [pareja de Brítez], le pidió grandes sumas de dinero para los juzgados de Orán y de Tartagal". Ratificó esa denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2 de Orán.
Un mes después, el abogado David Leiva denunció que un supuesto lavador de dinero del narcotráfico en Orán, llamado Iván Cabezas, le había dicho que la última vez que había caído preso en el juzgado de Reynoso "le pidieron 100.000 pesos a cambio de su libertad".
Leiva dijo que tenía información de que el empresario boliviano Sejas Rosales le había pagado al juez Reynoso 350.000 dólares en la causa del tráfico de la media tonelada de cocaína. Muchos de estos acuerdos se tejían en un bar frente a la sede de los tribunales provinciales, donde se juntan los abogados del fuero local. La abogada Esper, según reza el expediente, decía: "En Orán no hace falta estudiar Derecho para defender a una persona; sólo es necesario tener mucha muñeca. El que paga sale al otro día".
[Fuente: Por Germán de los Santos, La Nación, Bs As, 04sep17]
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