Equipo Nizkor - No a la pena de muerte

Desde mediados del año pasado, el gobierno nacional y sus socios provinciales profundizaron de manera inusitada lo que ya era, para entonces, un brutal avance represivo contra el pueblo trabajador.

Cada vez era más evidente que el gobierno de Cambiemos, decidido a imponer un ajuste brutal, afilaba sus herramientas represivas. La desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado marcó el inicio de una etapa todavía más descarnada, caracterizada por la enunciación de un plan orientado al establecimiento de un estado de excepción de hecho, como lo denunciamos después del fusilamiento de Rafael Nahuel. A la larga lista de ataques represivos contra todos los sectores organizados del campo popular, y de la cada vez mayor militarización de las barriadas, se sumaron declaraciones de diversos funcionarios, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza, que no dejan dudas sobre el nuevo paradigma de gobierno.

Desde el "no voy a tirar un gendarme por la ventana" hasta "la versión de las fuerzas es versión de verdad", pasando por los aportes de la vicepresidenta Michetti ("el beneficio de la duda es siempre para las fuerzas") o del propio presidente ("hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás"), se fue haciendo pública una política que tuvo un inmediato correlato con la reiterada represión a multitudinarias marchas: la del 1/9, que terminó con 31 detenidos y detenidas; la Marcha contra el Gatillo Fácil en Córdoba, seguida inmediatamente por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares en esa ciudad y las brutales represiones a las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

La lógica represiva del gobierno de Macri se plasmó en el "Informe sobre la RAM", publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, plagado de tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no supiéramos para qué lo fabricaron. Con total descaro se mezclan allí referencias y nombres de organizaciones, compañeros y compañeras en una retahíla de falsedades que pretende deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.

El poder judicial, siempre permeable a la voluntad del poder político, rápidamente se sumó a la ofensiva, con la intervención de la justicia federal en las detenciones en manifestaciones, y el uso de figuras típicamente usadas para criminalizar de modo efectivo la protesta.

Las causas judiciales iniciadas contra manifestantes a partir de septiembre de 2017 muestran la irrupción de una nueva lógica en materia de represión a la protesta. A las graves imputaciones se suman, como medidas "probatorias", recursos tecnológicos que invaden la privacidad de las personas y violentan el derecho a la expresión, a través del "ciberpatrullaje" y otras formas de recopilación y análisis de los perfiles y contenidos de las redes sociales, así como de los registros, llamadas, mensajes, chats, contactos y archivos almacenados en teléfonos celulares u otros soportes digitales. A la vez, un grupo de jueces y fiscales utilizan las resoluciones y dictámenes judiciales para exhortar al gobierno a endurecer aún más las leyes:

El fiscal de Cámara Germán Moldes, en la causa del 1/9, reclama que se reforme el Código Penal para prohibir las excarcelaciones de personas detenidas en manifestaciones.
El fiscal Carlo Rívolo pretende encarcelar y procesar a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce por el delito de "rebelión" por la movilización del 18/12.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó trabajadores de prensa que filmaron su propia detención.
El juez Claudio Bonadío aplicó linealmente la tesis de que "la versión de las fuerzas represivas es versión de verdad" al procesar 34 personas sólo con el contenido de las actas policiales y contra la evidencia de falsedad aportada por las defensas, y mantiene a cinco de ellas en prisión desde el 14/12.
El juez Sergio Torres persigue con la figura de "rebelión" al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y reclama al gobierno un "protocolo" de actuación policial que "reduzca al máximo el tiempo de las movilizaciones.

La lista sigue, como la causa contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de algunos de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18/12.

De la mano de este avance de la represión a la protesta y la lucha organizada, se profundizó también de manera inédita en democracia la represión contra los sectores populares, en los barrios de nuestras ciudades. Con 725 asesinatos por el gatillo fácil o la tortura en lugares de detención en sus primeros 721 días de gobierno, Cambiemos se ubica como el gobierno que más ha matado en los barrios y las cárceles desde diciembre 1983. Y ahora, en el marco del llamado "caso Chocobar", al que algunos medios insisten en tratar como si todavía hubiera que discutir cómo ocurrieron los hechos, el gobierno nacional decidió dar otro salto, de nuevo con el protagonismo central de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el acompañamiento sostenido de su par de Justicia y el Jefe de Gabinete, y, lo más simbólico, el abrazo del presidente Macri y una frase que lo define todo: "Necesitamos más policías como usted, es un héroe", dirigido a quien horas antes había sido procesado -con enorme levedad- por fusilar a Juan Pablo Kukoc (18) por la espalda.

El presidente Macri y su primera línea de funcionarios dieron a los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender: "Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción", confirmó Bullrich. Prueba de que la orden fue comprendida es la breve pero explícita provocación que amaneció al día siguiente de la reunión del presidente con el policía fusilador en el frente del local de CORREPI: "Aguante Chocobar", léase "Aguante el gatillo fácil".

De infinita mayor gravedad fue el atentado perpetrado el 14 de enero contra el compañero Martín Alderete, abogado de CADEP y defensor de presos y perseguidos políticos, con una bomba incendiaria arrojada en el interior de su automóvil, sin dudas una "advertencia" a toda la militancia antirrepresiva.

El gobierno de Macri pretende imponer de hecho que, cada vez que un uniformado mate a una persona, será indefectiblemente un "enfrentamiento", con presunción de legalidad de su accionar. El Gobierno Nacional a través de sus declaraciones se ha declarado partidario de la vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por la vía del arma reglamentaria, mientras crecen la criminalización de la protesta y la persecución a militantes y organizaciones del campo popular. Como además las políticas fascistas se afilan con la desmemoria y la impunidad en los últimos meses se ha "premiado" con la prisión domiciliaria a los más emblemáticos genocidas de la última dictadura. La gravedad del escenario es inusitada, y reclama una campaña colectiva, con la más amplia unidad de acción, para defendernos.

Por eso, los organismos y organizaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, decimos:

﹑o a la pena de muerte!
‥ibertad a las presas y los presos políticos!
A los genocidas la cárcel 『a!
Cierre de todas las causas contra luchadores y luchadoras
Basta de persecuciones y hostigamiento
Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel
；uera Bullrich!

Buenos Aires, 09feb18

09feb18

No a la pena de muerte - Basta de represión

Encuentro memoria verdad y justicia

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