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14mar14
Un juez exige a El Tribuno que revele datos de usuarios
Por segunda vez en cinco meses, el juez federal Nš 2 de Jujuy, Fernando Luis Poviña, intimó al diario El Tribuno a revelar datos de usuarios de su página digital. Lo hizo a través de un exhorto que dirigió a su par de Salta, Miguel Antonio Medina, el pasado 28 de febrero.
Según se consigna en la última notificación fechada el pasado viernes 7, el magistrado de la vecina provincia fundó su requerimiento en "Actuaciones Reservadas por averiguación de paradero". Puntualmente, el juez Poviña exige a este diario que entregue en un plazo de 72 horas los números de protocolo (IP) de internet de las últimas cinco conexiones, así como todos los datos registrales que se dispongan en la base de datos y almacenamiento digital, respecto de los usuarios "Calafate", "Burrumayo" y "Kanon".
El departamento legal de la empresa Horizontes S.A. rechazó ayer la orden de presentación, por considerar que el pedido formulado por el juez Poviña implica el grave riesgo de lesionar un derecho fundamental de la democracia como lo es la libertad de expresión de los ciudadanos. Más aún si dicho requerimiento se apoya en una acción que tiene solicitantes, motivaciones, legitimaciones y propósitos que el Juzgado Federal Nš 2 de Jujuy mantiene bajo reserva desde el 29 de octubre de 2013. Ese día, el juez Poviña había solicitado directamente al diario El Tribuno, a través de su secretario Pedro Vázquez (h), la entrega de los datos disponibles, dando cuenta solo del número del expediente abierto, el 297/13.
En contestación a ese primer oficio, el 5 de noviembre del año pasado se le comunicó al magistrado que "esta empresa periodística se ampara en la reserva de la fuente de la información y no revela la misma, máxime en este caso, el cual involucra a lectores que comunican sus ideas en ejercicio del derecho de libre expresión, consagrado en el artículo 23 de la Constitución de la Provincia de Salta". Tampoco se debe soslayar que los comentarios de lectores, no sólo se limitan a opiniones personales, sino que también ofrecen información muchas veces valiosas para la labor periodística. Empleados públicos, por caso, suelen advertir sobre posibles hechos ilícitos en los organismos donde se desempeñan. No pocas veces esas irregularidades salen a la luz gracias a sus aportes, alentados por la protección de la identidad que suponen sus nicks (nombres de usuarios). No obstante, y por tratarse de comentarios de usuarios que se hicieron públicos junto a diferentes informaciones de El Tribuno digital, este diario decidió compartirlas nuevamente con todos sus lectores para que puedan apreciar el tenor de las mismas.
Develar los protocolos de internet (IP), los nombres, apellidos, direcciones físicas, correos electrónicos y proveedores de internet, como solicitó el juez de Jujuy, no sólo resulta de cumplimiento imposible, dado que El Tribuno no cuenta con todos esos datos personales, sino que además se los considera constitucionalmente protegidos. La salvedad sería la sospecha fundada en un hecho ilícito o la afectación de un principio constitucional de mayor jerarquía, como remarcó el presidente de la Asociación de Entidades Periodósticas argentinas (ADEPA), Carlos Jornet, tras tomar conocimiento de la intimación.
El ordenamiento constitucional garantiza el derecho de todos los habitantes de la Nación a difundir sus ideas sin censura previa. También protege el secreto de las fuentes y registros periodísticos, e impone a los jueces el deber de actuar con suma prudencia para no vulnerar derechos y garantías que están reconocidos, además, en los tratados internacionales que Argentina se comprometió a respetar con la reforma constitucional de 1994. El mismo marco, asimismo, condena toda forma de persecución política o ideológica, y a juzgar por el tenor de los comentarios vertidos por los usuarios en cuestión, una acción reservada de la que nada se sabe, podría lesionar, también en este sentido, derechos esenciales.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 14mar14]
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