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20sep12
Denuncian por coimas a diez jefes policiales
Las sospechas siempre existieron. Y, como sucedió en otras oportunidades, las investigaciones comenzaron a partir de informaciones aportadas por policías cansados, indignados o ajenos a hechos de corrupción protagonizados por sus compañeros y superiores.
Después de un relevamiento y entrecruzamiento de datos, que incluyó el análisis patrimonial, el Ministerio de Seguridad denunció a diez oficiales jefes de la Policía Federal, a los que acusó, entre otros hechos, de cobrar importantes coimas a distintos comerciantes.
Además de recibir dinero a cambio de brindarles seguridad a los locales, los jefes policiales denunciados están sospechados de dar protección a cambio de dinero a prostíbulos, "quioscos de droga" y vendedores ambulantes.
Según informaron a LA NACION fuentes de la causa, los comerciantes pagaban entre 1500 y 7000 pesos por mes. Otras fuentes oficiales dijeron que dos de los sospechosos ya fueron pasados a disponibilidad el 11 de este mes. Son el comisario inspector Luis Poggi, que estaba a cargo de la Circunscripción VI (responsable de la seguridad en los barrios de Boedo, Almagro, Caballito y Flores), y el comisario Mario Trejo, jefe de la comisaría 51a. (con jurisdicción en Belgrano y Núñez).
En la presentación judicial radicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación se denunció a tres comisarías: la 7a., con jurisdicción en Balvanera; la 44a., en Liniers, y la 28a., en Parque de los Patricios.
Además de acusar a autoridades como un comisario inspector, cuatro comisarios y cinco subcomisarios, las sospechas recayeron en dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente.
"Hay que generar mucha participación de los vecinos para que ellos diagnostiquen y propongan cosas; para que ellos controlen la actividad policial. Hay asignaturas pendientes, porque sabemos que hay focos de corrupción en las policías, y las fuerzas federales en general ", había afirmado anteayer la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
Según pudo saber LA NACION, las denuncias contras las tres seccionales fueron presentadas los últimos días del mes pasado. La presentación contra la comisaría 7a. fue firmada por la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Cristina Caamaño, ex número dos de Garré y recayó en el juzgado de instrucción porteño N° 1, a cargo de Hernán López.
Según informaron fuentes con acceso al expediente, en la denuncia contra la comisaría 7a., un uniformado contó que el comisario y el subcomisario tenían "quintas" (comercios cuyos encargados entregan dinero a la jefatura de la seccional para contar con una vigilancia exclusiva) y enviaban a cobrar a la brigada de la comisaría.
"Para cobrar las «quintas» no había horarios fijos, pero sí era durante los días de semana", dijo el uniformado que se presentó en el Ministerio de Seguridad. Y agregó: "Cuando procedía conforme a la ley al observar que en una galería ingresaban mercadería de marca falsificada, el encargado me dijo que tenían un arreglo con la gente de la comisaría 7a."
El denunciante sostuvo, además: "Cuando llamé al jefe de la brigada 7a. me dijo que cuando observara contenedores con mercaderías no hiciera ningún procedimiento y agregó: «Fijate lo que hacés»".
Según la denuncia que ahora investiga el juez López, las "quintas" de la comisaría 7a. eran los comercios de la calle Pasteur, entre Corrientes y Rivadavia, y Sarmiento, entre el 2300 y 2700.
Entre la presentación espontánea del uniformado y la denuncia del Ministerio de Seguridad ante la Justicia, ocurrieron los ascensos y traslados, por lo que algunos de los jefes investigados no están más en la seccional cuestionada.
Estado patrimonial
En ese lapso, la Unidad de Coordinación de Políticas de Transparencias la Unidad de Coordinación de Políticas de Transparencia comenzó a hacer un relevamiento de los jefes policiales nombrados en las denuncias.
Uno de los sospechados en 2008 se había comprado una casa en Cariló, a metros del golf, de 1100 metros cuadrados, por la que dijo haber pagado 219.000 pesos, equivalentes a 76.000 dólares: dato que llamó la atención de los funcionarios del ministerio.
Otro de los denunciados, entre 2009 y 2010, gastó alrededor de 120.000 dólares para comprar un crucero Day Cruiser y un departamento de 55 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia contra el personal de la comisaría 44a. recayó en el juzgado de instrucción N° 2 y la presentación contra la seccional 28a. en el juzgado federal N° 11, a cargo del magistrado Claudio Bonadio, porque podrían haber incurrido en los delitos de narcotráfico y de trata de personas.
Un dato que preocupó a Garré y a los funcionarios de su confianza es que uno de los oficiales jefes denunciados en la actualidad está a cargo de una de las comisarías con jurisdicción en Recoleta, donde "no se puede bajar el nivel de robos, no es una situación normal".
Ese jefe y los demás sospechosos están en funciones hasta que la Justicia decida si deben ser llamados a declaración indagatoria.
Dos semanas atrás, cuando la denuncia ya había sido presentada en la Justicia, en un escueto comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad había informado "el origen de las investigaciones corresponde a testimonios de integrantes de la propia fuerza de seguridad y a comerciantes a los que se habría extorsionado para el cobro de dinero por "protección policial".
No es la primera vez que una denuncia de un integrante de la Policía Federal es el puntapié inicial para una investigación judicial. La semana próxima comenzará un juicio oral y público contra ex integrantes de la comisaría 49a. investigados por corrupción por el fiscal José María Campagnoli después de la valiente denuncia de un sargento.
[Fuente: Por Gabriel Di Nicola, La Nación, Bs As, 20sep12]
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