Equipo Nizkor - En Córdoba pasaron a retiro a otros 23 efectivos y esperan más detenciones.

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18ene14

En Córdoba pasaron a retiro a otros 23 efectivos y esperan más detenciones

Son 5 oficiales superiores, 12 oficiales jefes, 3 oficiales subalternos y 3 suboficiales. Anteayer había despedido a comisarios. El fiscal que investiga la revuelta de diciembre no descarta más arrestos. El lunes empiezan las indagatorias.
La luz de alarma por un posible acuartelamiento policial en Córdoba finalmente se terminó de apagar ayer. Fue un día después de que el gobierno nacional enviase 1200 efectivos federales de seguridad a la provincia mediterránea, por expreso -y, ahora sí, formal- pedido del gobernador José Manuel de la Sota, y la justicia detuviese a 16 uniformados y a la esposa de un efectivo retirado, supuestos referentes del reclamo corporativo que se inició el pasado 3 y 4 de diciembre. El fiscal Raúl Garzón, que investiga aquel complot policial que derivó en una grave crisis social, ayer no descartó nuevas detenciones y aseguró que el lunes comenzará a tomarles declaración indagatoria a los agentes, quienes están acusados de "desobediencia a la autoridad" e "instigación a cometer delito". En post de erradicar un desacato más en la fuerza, De la Sota ayer continuó con el pase a retiro de policías. Ayer, fueron 23, varios de ellos de alto y mediano rango.
Con el objetivo de reestructurar la fuerza policial provincial que se vio envuelta en sucesivos conflictos en el último tiempo -desde el narcoescándalo al acuartelamiento-, De la Sota ayer decretó el pase a retiro a cinco oficiales superiores, 12 oficiales jefes, tres oficiales subalternos y tres suboficiales. El jueves, otros cinco comisarios mayores habían sido removidos por el gobernador.
En un escueto comunicado, el Ejecutivo provincial indicó que los decretos 25/2014 y 26/2014 "fueron (firmados) en concordancia con la propuesta de la Junta de Promociones y Retiros" de la Policía de Córdoba "a los fines de la reestructuración de la fuerza policial para el presente año".
Un día antes, la justicia había arrestado a 16 policías y a Andrea Rearte, del grupo "Las Rosas Azules" y esposa de un efectivo retirado, todos vinculados al acuartelamiento del 3 y 4 de diciembre, que generó un efecto contagio en todo el país. Los investigadores creen que el nuevo "motín" que se estaba fogoneando en la provincia mediterránea tenía por fin fortalecer las protestas policiales que pretendieron fogonearse, y finalmente fracasaron, en Entre Ríos.
Por tal motivo, el fiscal Garzón aseguró ayer que no descarta nuevos arrestos. De acuerdo al procurador, que dialogó con el portal noticioso Infojus, "los detenidos comenzarán a presentarse el lunes próximo a prestar declaración indagatoria". Garzón está a cargo de la fiscalía de feria y fue uno de los cuatro procuradores que se encontraba de turno la noche en que, por falta de presencia policial, los saqueos se multiplicaron en las calles cordobesas y un joven fue asesinado.
"Estimo que las indagatorias van a transcurrir a lo largo de toda la semana, ya que en total son 17 (los imputados) y todos ellos tienen derecho a ejercer su derecho a defensa", afirmó el fiscal. Los acusados están apresados en la cárcel de Bouwer, al sur de Córdoba capital, a la espera de ser citados por la justicia.
Andrea Rearte, la única mujer detenida al cierre de esta edición, es vocera de "Las Rosas Azules", el grupo de esposas de los policías que apoyó en la calles las "reivindicaciones" salariales solicitadas por sus maridos. Rearte, quien a su vez es retirada del Servicio Penitenciaro Cordobés, fue apresada el jueves cuando protestaba junto a otras mujeres frente a la Jefatura de Policía local, denunciando al gobierno delasotista de incumplir el acuerdo al que habían llegado sus esposos.
El fiscal la acusa de "entorpecimiento funcional" por bloquear el día del acuartelamiento, junto a otras "rosas azules", la sede de la Guardia de Infantería. "Fue una de las mujeres que obstruyó el ingreso y egreso de los móviles de la Guardia de Infantería", dijo a Infojus. Rearte es esposa de un policía retirado, titular del Sindicato de Policías y Penitenciarios y Afines (Seppa) que reclama su personería en la Corte Suprema de Justicia.
En rechazo a la detención de la vocera de "Las Rosas Azules", una agente del Servicio Penitenciario provincial habría instigado a una revuelta, quien fue pasada a "una situación pasiva" por el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba.
Según informó Télam, el ente disciplinario tomó su decisión en el marco de la causa abierta contra otros cuatro efectivos de la fuerza policial por, supuestamente, instigar a una nueva rebelión.
El titular del tribunal, Martín Berrotarán, destacó que la agente fue denunciada por sus propios compañeros, quienes "la escucharon hablando por teléfono cuando decía que, de ser necesario, saldrían a los tiros a defender a Rearte".
En la mañana de ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, coincidió con el ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Walter Saieg, al considerar que la situación "está debidamente resuelta" (ver recuadro).
El funcionario provincial, por su parte, destacó que la policía se comporta con "absoluta normalidad" en toda la provincia y agradeció la presencia preventiva de las fuerzas federales ya que lleva "tranquilidad" a los cordobeses.
Ante este escenario, por la noche, desde el ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron a este diario que "la situación en Córdoba está controlada".
Tras un pedido formal, la coordinación
El jueves pasado, el gobierno nacional -a pedido expreso de la jefa de Estado- respondió a una solicitud del gobernador cordobés y envió un contingente de 1200 efectivos de seguridad federales (gendarmes y policías aeroportuarios y federales) para contrarrestar las versiones de una nueva rebelión policial en la provincia. "Pedía la Gendarmería cuando me informaron que algunos policías estaban agitando otro acuartelamiento", sostuvo De la Sota.
Un día antes, por la noche, De la Sota se había comunicado con Capitanich, a quien le solicitó un trabajo conjunto entre la Nación y la provincia debido a las posibles reacciones que pudiera generar la fuerte reestructuración que se está realizando en la policía local. De hecho, el gobernador ayer elevó a 28 a los efectivos pasados a retiro. En este sentido, y respaldado por los uniformados federales, De la Sota aseguró que todo agente "que no responda a las órdenes, deberá dejar el uniforme".
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que "a los malos policías, que son cada vez menos, a esos corruptos y aquellos que extorsionan al poder político con las armas que les ha dado la Constitución para defender a los ciudadanos, no solamente los tenemos que exonerar, sino que también tenemos que ponerlos en el banco de la justicia".
"O dejás de escribir o sos boleta"
Quien fuera la primera "víctima política" de la bravuconada policial en Córdoba, la ex ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva denunció amenazas de muerte. El jueves pasado, según reveló ayer, dos hombres en motocicleta amenazaron "me golpearon el techo del auto y me dijeron que dejara de escribir sobre la policía o sería boleta". El hecho denunciado ocurrió en Córdoba capital, uno de los epicentros de la revuelta, y posteriores saqueos, que pusieron en jaque a la administración de José Manuel de la Sota.
Según informaron colaboradores de la ex funcionaria, Monteoliva ya realizó la denuncia ante la justicia local "para que se investigue un hecho de semejante gravedad".
"Situación resuelta"
Los gobiernos nacional y cordobés coincidieron: la situación en la provincia mediterránea, tras las renovadas amenzas de rebelión policial, está "controlada", "resuelta".
El jefe de Gabinete Jorge Capitanich afirmó ayer que la situación con la policía de Córdoba "está debidamente resuelta" por la acción "coordinada" de La Rosada y la administración delasotista para evitar que se repitan acuartelamientos policiales y posteriores saqueos como los ocurridos en diciembre pasado. "Hubo una acción decidida por la presidenta (Cristina Fernández) y el gobernador José Manuel de la Sota", en las que se resolvió el envío de más de mil efectivos de las fuerzas federales., informó Capitanich.
A Córdoba llegaron, en rigor, 1200 gendarmes para reforzar la seguridad, en un operativo supervisado en persona por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien, desde ayer, pasó a ocuparse formalmente del combate al narcotráfico.
En tanto, el ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Walter Saieg, sostuvo que la situación en la policía es de "absoluta normalidad" en toda la provincia, y, en un claro gesto a La Rosada, destacó que las fuerzas federales llevaron "tranquilidad" a los cordobeses.
El funcionario detalló que "la policía está trabajando en toda la provincia con absoluta normalidad". Según Saieg, no se registró "malestar" en ninguna dependencia. En sintonía con los dichos de Capitanich, Saieg resaltó el rápido "accionar conjunto" entre los dos gobiernos ante -dijo- un grupo "minúsculo" que pretendía un nuevo acuartelamiento.
Si bien Capitanich no dio precisiones sobre la situación en Entre Ríos, subrayó que la provincia está siendo "monitoreada" por la Nación.
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 18ene14]

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