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19ene14
El gobierno de Tucumán pasó a retiro a 25 comisarios
En medio del rebote del malestar policial que se produjo en los últimos días en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, el gobierno de Tucumán pasó ayer a retiro a 25 comisarios, a más de un mes de los saqueos que se produjeron en diciembre pasado, en el marco de las protestas de las fuerzas de seguridad por pedidos de aumentos salariales y que dejaron cuatro muertos. La provincia se sumó a la purga policial que comenzó el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, con el retiro de 23 efectivos.
Además, la decisión del gobierno tucumano se suma al desplazamiento del jefe de la fuerza, Jorge Racedo, ocurrida pocos días después del inicio de las protestas, cuando fue reemplazado por Dante Bustamante.
El decreto fue firmado por el gobernador José Alperovich; por el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, y por el secretario de Seguridad, Paul Hofer.
Según publicó La Gaceta, en total son diez comisarios generales los que pasarán a retiro. El resto se divide en comisarios mayores, inspectores, principales y comisarios.
Fuentes oficiales indicaron que los desafectados tenían más años de servicio que el propio Bustamante, por lo que no se atenta contra la línea de verticalidad de la fuerza.
Las investigaciones llevaron a que la Justicia ordenara la detención de nueve policías, acusados de "participación mediata" en esos hechos.
Protestas en Entre Ríos
El gobierno de Entre Ríos también se plegaría a las decisiones aplicadas en Córdoba y Tucumán, luego de la protesta policial que se realizó anteayer en Concordia y en Gualeguaychú, un día después de que se produjera una situación similar en Córdoba, que fue controlada a partir del envío de 1000 gendarmes por parte del gobierno nacional.
El procurador del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, confirmó anteayer que en los primeros días de febrero se imputará a los integrantes de la policía provincial que impulsaron las protestas salariales, porque advirtió que ese reclamo "fue claramente sedición".
"La matriz cultural de los golpes de Estado nos ha dejado ver que esto es clarísimamente sedición", opinó el procurador en declaraciones a Radio Nacional, luego de explicar que los policías que se acuartelaron, para "extorsionar" al gobierno provincial, "se llevaron puesto medio Código Penal".
García aclaró que el acuerdo salarial entre las autoridades provinciales y las fuerzas de seguridad "nunca puede generar legitimidad de ningún reclamo" porque "el quebrantamiento de la norma no tiene ninguna posibilidad de ser desviado, ni olvidado ni negociado".
"La imputación que vamos a hacer es para 18, 20 personas que son las que, con mayor violencia, hicieron los actos de vandalismo", adelantó. El procurador informó que también se imputará a "todas las personas que entraron a los comercios a sustraer bienes" durante el acuartelamiento de los policías, en diciembre pasado.
Respecto de la reducida protesta que realizaron anteayer los policías y familiares sobre la ruta 14, en reclamo por el incumplimiento del compromiso firmado por el gobernador Urribarri, que establecía entre otras cosas un sueldo mínimo de 8434 pesos, García consideró que fueron las "mismas veinte personas que están imputadas por estos delitos, que se ven venir el garrote de la pena legítima".
En tanto en Córdoba, los 16 efectivos que se encuentran detenidos bajo sospecha de ser los instigadores de la protesta policial de diciembre pasado serán indagados el martes próximo por el fiscal Raúl Garzón.
[Fuente: La Nación, Bs As, 19ene14]
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