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25ago10
Cristina envió al Congreso una ley que declara de interés público la producción de pasta de celulosa
Se esperaba información pesada y anuncios contundentes. Y así fue. Después de una ordenada presentación en la que reveló detalles del esperado informe Papel Prensa - La Verdad, la presidenta Cristina Fernández anunció los pasos que impulsará el Ejecutivo y que involucran a los otros dos poderes del Estado; Por una parte, enviará las más de 25 mil fojas que tiene la investigación que realizaron los directores por parte del Estado a las instancias judiciales pertinentes; y, por otro lado, enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que se declare de interés público la producción de pasta de celulosa, su distribución y su comercialización.
La denuncia judicial se preveía. La novedad vino de la mano del envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización de la pasta de celulosa. En este sentido, detalló que a través del mismo decreto le pedirá al Parlamento para que instruya al Ejecutivo a crear un marco regulatorio que tenga “como premisa fundamental el tratamiento igualitario en precio, condiciones y cantidad” para el acceso al papel de diario para todos los medios impresos del país. Además, enfatizó la Presidenta, crear una política de mayor inversión en la empresa de manera que se cubra toda la demanda de ese insumo con producción nacional.
En la misma ley, dijo, impulsará la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento, no sólo para el control de ese reglamento, sino y sobre todo de la gestión de Papel Prensa, a través de un mecanismo que les permita, a los legisladores que hagan parte de esa instancia, asistir como observadores a las reuniones del directorio de la firma.
Con respecto a la vía judicial, la mandataria anunció que instruiría al Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que “estos expedientes” que se podían ver físicamente en una mesa aledaña desde donde hablaba, fueran enviados a las instancias judiciales pertinentes para que sea la Justicia la que juzgue lo que allí está documentado. En ese sentido, aclaró que aunque ella está convencida de lo que allí se dice, “sólo (son) los jueces (quienes) pueden condenar”.
Hay que recordar que el juez federal Daniel Rafecas se declaró hace un mes incompetente para investigar el traspaso de las acciones del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón por considerar que existe “una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa (...)” En ese sentido, remitió el expediente al Juzgado Federal 3 de La Plata, cuyo titular, Arnaldo Hugo Corazza, tiene a su cargo la investigación de delitos de lesa humanidad en el “Circuito Camps”, jurisdicción en la que habrían sucedido los hechos. Lo lógico sería que el expediente sea presentado allí.
La Presidenta dividió su documentada presentación en tres etapas (ver nota en la siguiente página), la fundación de la empresa, la compra de las acciones por parte de los Graiver y por último, la que comenzó con la dictadura, el traspaso compulsivo de las acciones. En este punto, destacó el marco de lo que ironizó como “seguridades jurídicas” por la falta de libertad para suscribir contratos. Sólo tenían “libertad ambulatoria, suficiente para firmar con apariencia de legalidad”, afirmó. También destacó el “pacto de sindicalización” que concentraba la toma de decisiones en un Comité de Dirección integrado por Bartolomé Mitre, Peralta Ramos y Héctor Magneto. El documento del cual únicamente había referencias, apareció sólo en la declaración de quiebra de La Razón.
[Fuente: Por Doris Elisa Bustamante y Mariana Rovira , El Argentino, Bs As, 25ago10]
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