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07abr16
Fallo a favor de Natalia Buira y de la libertad de opinión
La fiscal Romero Nallar desestimó una denuncia y ratificó el derecho de los funcionarios a publicar críticas.
La fiscal penal 1, Gabriela Romero Nallar, desestimó y archivó la denuncia de la defensora general del Ministerio Público, María Inés Diez, contra a la defensora oficial civil 4, Natalia Buira, originada en una nota de tono crítico publicada por esta última funcionaria en las páginas de Opinión de El Tribuno.
El dictamen de la fiscal, además, incluye una fuerte reivindicación a la libertad de expresión de los funcionarios.
Diez había denunciado a la columnista Buira por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", ya que consideró que la autora del texto -publicado el 20 de enero último- tenía la obligación de hacer la denuncia penal y no escribir un artículo en El Tribuno.
La fiscal Romero Nallar lo interpretó de otra manera.
La nota en cuestión se titulaba "El acomodo nunca es transparente", y allí Natalia Buira describió una serie de designaciones "de amigos", sin concurso ni examen, para ocupar cargos en la Defensoría General, contrariando las disposiciones vigentes. También puntualizaba, citando al papa Francisco, que "la corrupción es más que un pecado; es elevada a sistema, se convierte en un hábito mental, en un modo de vida".
En el texto de su denuncia, María Inés Diez decía que Buira debió denunciar penalmente a la responsable de esas designaciones, que es justamente ella misma, María Inés Diez. La fiscal señala que no es responsabilidad de una defensora civil sino de los fiscales penales realizar esa persecución. No obstante, ningún fiscal la llevó adelante.
Romero Nallar formula una fuerte defensa del derecho a opinar públicamente que asiste a los defensores oficiales. "El hecho de decirles a otros lo que se piensa o conoce... es el aspecto más obvio de la libertad de expresión. Según la Organización de las Naciones Unidas, la libertad de expresión es un derecho humano", dice, y pone en relieve que "este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones; el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
Natalia Buira suele publicar opiniones periodísticas con una mirada crítica sobre el funcionamiento de las instituciones. En agosto de 2014, había requerido al Consejo de la Magistratura, "transparencia e igualdad en la selección de postulantes", y denunció con insistencia casos de "amiguismo, nepotismo, politización" en las designaciones de cargos.
A raíz de sus publicaciones, la funcionaria fue apercibida dos veces y luego amenazada con la destitución.
El pronunciamiento de la fiscal Romero Nallar viene a apuntalar la respuesta que en esa ocasión diera Natalia Buira, cuando en diciembre de 2014 advirtió: "En caso de persistir la presión que desde la Defensoría General se viene ejerciendo sobre mí para que no publique notas de opinión en el diario El Tribuno, me veré obligada a interponer la acción judicial de amparo en resguardo de mis derechos y garantías constitucionales...".
La gran tentación autoritaria
Natalia Buira es una de las pocas funcionarias dispuestas a opinar críticamente sobre la realidad social e institucional.
Opinar, en esta época, incluye riesgos, especialmente si se es funcionario.
La cultura populista tiende a confundir la opinión y la información con la militancia, simplemente, porque esa es la manera que adoptaron para opinar e informar. La posibilidad de opinar es inherente a la democracia, porque es la única fórmula para garantizar la pluralidad de miradas, propia de la cultura contemporánea.
[Fuente: Por Francisco Sotelo, El Tribuno, Salta, 07abr16]
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