EQUIPO NIZKOR |
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22feb12
Informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema penal argentino
durante el año 2011
Informe del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina
1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
El funcionamiento del sistema penal continúa presentando las graves deficiencias señaladas en nuestros informes de años anteriores, el Poder Ejecutivo nacional, sostiene un doble estándar. En efecto, por un lado en cuanta oportunidad es posible declama su firme decisión de ajustar sus actos de gobierno a los preceptos constitucionales en materia de DD.HH. y por otro lado altos funcionarios del gobierno persisten en un accionar que no sólo violan los mencionados preceptos, sino que, además generan conflictos con un índice de violencia que cuesta vidas y que éticamente son altamente cuestionables como es el caso del Parque Indoamericano |1|. Lamentablemente, los desaciertos del Poder Ejecutivo tanto nacional como el de muchas provincias, no encuentran contención ni reparación en el Poder judicial. En efecto, a un año del dramático suceso del Parque Indoamericano, nos enfrentamos con varias cuestiones de difícil explicación: en primer lugar mientras se desarrollaba una brutal represión, en un mismo día se excusaron de intervenir cuatro jueces. La causa aún sin resolver tiene como novedad un fallo que al menos podría de tildarse de "llamativo", un cambio de carátula que beneficia a los agentes del orden involucrados en la represión. |2|
A lo largo del presente informe observaremos que estamos muy lejos de alcanzar estándares razonables en materia de DD.HH. en el sistema penal, entre otras cuestiones porque cohabitan viejas prácticas autoritarias con una dirigencia política de accionar errático y oportunista |3| cuyas consecuencias las pagan los ciudadanos civiles, las mismas fuerzas de seguridad mal entrenadas y que repiten conductas violentas con los consiguientes perjuicios. |4|
Un ejemplo del funcionamiento que mencionamos lo constituye el "Caso Ferreyra". En efecto, el militante asesinado durante una protesta por los despidos de trabajadores de las empresas de servicios "tercerizadas" del ferrocarril ex "Roca" judicialmente ha tomado un giro inesperado |5|
Hasta ahora los resultados más visibles de la investigación del crimen de Ferreyra estuvieron relacionados con los autores materiales. Hay siete detenidos, encaminados hacia un juicio oral por homicidio calificado. En paralelo, avanzó otro expediente anexo donde se intenta desentrañar si la Policía Federal actuó con negligencia o si liberó la zona para que el grupo de choque de la UF (Unión Ferroviaria) atacara a los trabajadores tercerizados y las agrupaciones políticas que los acompañaban en un intento de corte de vías en reclamo de puestos de trabajo. Esta pesquisa en un comienzo estuvo a cargo de la fiscalía de Cristina Caamaño, luego nombrada Viceministro de Seguridad. Reemplazada por Fernando Fiszer quién al cierre del presente informe continua la investigación a fin de presentar formalmente los cargos correspondientes para la elevación a juicio oral.
Un fallo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) pone en cuestión los mecanismos de la administración de justicia en cuanto se trata de investigar hechos que involucran tanto a las fuerzas de seguridad como a las órdenes impartidas por funcionarios políticos. |6|
El 27 de Mayo del presente año, organizado por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, a cargo de la Sra. Diputada Victoria Donda Pérez sobre "Democracia y Derechos Humanos en las Cárceles Federales", por una nueva Ley del Servicio Penitenciario Federal. "De alguna manera, estamos comenzando a saldar una gran deuda de la democracia porque este tema no ha sido discutido a lo largo de todos estos años, cuando es público el estado de situación existente en las cárceles argentinas. Además, es pública la necesidad de hacer una reforma muy profunda a la legislación vigente" |7|. El trabajo no tuvo continuidad debido a que prácticamente no hubo actividad parlamentaria por ser un año electoral donde la mayoría de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición se involucraron de lleno en la campaña.
El OIP tomó la misión de ser observadores tanto en las elecciones PASO (primarias abiertas y obligatorias) con la cooperación de Agir Ensemble, como en las elecciones generales del voto de los detenidos en situación de prisión preventiva. El resultado es poco alentador. El interés puesto por el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de la Dra. Servíni de Cubría, como de la Cámara Federal Electoral, no se ve reflejado en los juzgados electorales provinciales ni en los partidos políticos para motivar a los internos a ejercer el derecho y la obligación del ejercicio ciudadano al voto. No parece advertirse que forma parte de la socialización de las personas en conflicto con la ley penal. En cuanto a los delitos y/o situaciones de violencia ejercidos sobre Niños/Niñas y adolescentes, la situación es alarmante. Desde distintos sectores de la sociedad civil y el mismo Poder Judicial se viene advirtiendo sobre este hecho, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectivas al respecto. |8|
El tráfico de personas tiene en los niños y niñas y adolescentes entre sus víctimas, el caso de la niña boliviana rescatada de una quinta en la ciudad de La Plata, es ilustrativa de esta situación. |9|
Finalmente consideramos sumamente auspicioso el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación que declara inconstitucional la retención del 25% del salario de todos los detenidos alojados en instituciones carcelarias, la que debía solventar "gastos de alojamiento y como aporte a la resocialización". |10|
2. SITUACIÓN DE LOS MENORES DE VEINTIÚN AÑOS EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO
Tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA) siguen sosteniendo un déficit muy notorio en relación a políticas públicas de contención y socialización de jóvenes en estado de vulnerabilidad y/o con conflicto con la ley penal. Los adolescentes y niños/niñas en estado de mendicidad y extrema vulnerabilidad es público y notorio, basta caminar por centro de la CABA o por los alrededores de las estaciones de ferrocarril tanto de las terminales en la CABA como las del conurbano bonaerense para constatar el hecho", niños/niñas y adolescentes se ven cotidianamente tirando de carros por la CABA realizando el trabajo denominado "cartonero". Esto no está desarrollándose en las periferias sino a 50 metros de la casa de Gobierno de la Nación, a pasos de la Legislatura porteña y a metros del Honorable Congreso de la Nación. La "invisibilización" del estado de abandono y desprotección de centenares y niños/niñas y adolescentes es un modo perverso de "naturalizar" la violación sistemática de los Derechos del Niño/Niña y Adolescente que forman parte de las garantías constitucionales y de las Convenciones y Tratados de que la Argentina es Estado parte.
3. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
Un dramático hecho se suscitó el día 31 de mayo de 2011 en el Servicio Psiquiátrico Central de Varones (Unidad Nº 20, Servicio Penitenciario Federal) que funciona en el interior del Hospital de Salud Mental "José T. Borda" de la CABA y que tuvieran como desenlace trágico, la muerte de dos personas y varios heridos. David Díaz Ríos y Leandro Nahuel Muñoz fueron los internos que reportó como muertos el Servicio Penitenciario Federal. Ambos estaban encerrados "en la Sala de Tratamiento Individual, por prescripción del psiquiatra de turno, Emiliano Hayquel", miembro del dispositivo civil que gestiona en la unidad el Programa Nacional del Interno con Enfermedad Mental Grave. Aunque no se sabe si hubo un cortocircuito o si Muñoz ingresó con un fósforo, ya que el incendio se produjo en su habitación, si hubiesen funcionado bien las cámaras de videos de las habitaciones, si el material de las mismas fuese ignífugo y si hubiera ventana para observar al internado, no hubiera sucedido el hecho. A eso se sumó que "Muñoz tenía un cuadro psiquiátrico para el que este edificio, de 150 años, no está preparado" (declaración de un integrante del equipo de profesionales). Sin embargo, contó que "la semana pasada se practicó un simulacro de incendio, y funcionó de forma impecable". Por estos hechos se desactivó ese centro de detención y los internos con problemas psiquiátricos fueron trasladados a la Unidad federal de Ezeiza. El OIP junto a otras organizaciones de DD.HH. y con la estimable colaboración del Dr. Julio Raffo, Vicepresidente 2do. De la Legislatura de la CABA presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando que se investigue las responsabilidades de los jueces a cargo de los internos muertos y heridos. |11| El 14 de Octubre se publicó una resolución de la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Nilda Garré, mediante la cual todos los menores de 18 años en conflicto con la ley penal no se alojarán más en las comisarías federales de la CABA, pasarán a ser alojados en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación |12|
La segunda semana del mes de Mayo la Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento de una decena de policías de la comisaría 23 de esta capital, acusados de "torturas" y "apremios ilegales" cometidos presuntamente el 20 de julio del año pasado contra tres menores de edad detenidos en la vía pública. La Sala VI de la Cámara, con las firmas de los jueces Alberto Seijas y Marcelo Lucini, ratificó los procesamientos dictados en primera instancia por el magistrado Mariano Scotto contra Natalia María Fernanda Verón, Mariano Cerrillo y Juan Raúl Villegas por el delito de "tortura reiterado en tres oportunidades".Sobre los tres, cuyos bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 40 mil pesos, pesa también un auto de prisión preventiva, pero Natalia Verón está prófuga desde principios de abril pasado |13| Otros tres policías fueron procesados por el delito de "apremios ilegales agravados"; otro, por "omisión de evitar la comisión de torturas" y dos por "omisión de denunciar la comisión de torturas".
El Ministerio público tutelar, en el mes de noviembre impulsó un encuentro a fin de propiciar la efectiva vigencia de una justicia juvenil especializada en materia penal tal como lo dispone la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 22) y la Ley Nº 2451 (BOCBA Nº 2809 del 31-11-07). En efecto, en la CABA está pendiente la constitución de los órganos de justicia con competencia especializada en la materia. Al cierre del presente informe se proponía presentar el instituto del Abogado del Niño/Niña y Adolescente, una especialización que vendría a cubrir una falta para el cabal cumplimiento de los preceptos constitucionales que devienen de la Convención de los Derechos del Niño/Niña y Adolescente.
4. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Los niños, niñas y adolescentes que pueblan los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, provienen, casi en su totalidad, de los sectores de más bajos recursos, los barrios, villas y asentamientos del conurbano. Son numerosas y permanentes las denuncias que realizan distintas organizaciones de la sociedad sobre las condiciones de vida a que se ven sometidos los jóvenes privados de libertad: las torturas, vejaciones y malos tratos que sufren cotidianamente. Procedimientos "disciplinarios" como perder el derecho a la llamada telefónica, suspensión de actividades, castigos, traslados, "buzones", requisas, violación de la correspondencia, son parte del ideario que entienden como "socialización" de los allí internados. |14| El proceder represivo de las fuerzas de seguridad se vio reflejado en el caso de "José León Suárez" donde la policía mató e hirió a varios menores |15|. Un adolescente que por medio del Comité Contra la Tortura denunció haber sido torturado por policías de la comisaría 6ª de La Plata (05-10-11), fue detenido acusado de balear en un asalto a un comerciante platense. El muchacho se declara inocente, pidió que le tomaran muestras de su ADN y sostiene que puede demostrar que no estuvo en el lugar. El caso está plagado de curiosas irregularidades. |16|
La insistencia en bajar la edad de la imputabilidad se da de narices con las estadísticas concretas en la materia. En efecto, En el primer semestre del año 2011, se iniciaron 13.333 investigaciones penales preparatorias, de las cuales el 0,79% corresponde a homicidios, el 0,06% a homicidios criminis causa, el 0,11% homicidio agravado, el 0,08% homicidio en ocasión de robo, el 0,08% homicidio culposo, tanto en tentativa como consumado en todos los casos; lesiones culposas el 1,82%, lesiones leves el 12,65%, otros delitos contra las personas el 1,61%; abuso sexual con acceso carnal el 0,15%, otros delitos contra la integridad sexual el 2,51%; amenazas 7,37% y otros delitos contra la libertad el 0,80%; daño el 4,14%, estafa el 0,03%, hurto el 8,20%, hurto agravado el 0,89%, robo el 11,57%, robo agravado el 7,89%, otros robos agravados el 5,30%, secuestro extorsivo el 0,01% y otros delitos contra la propiedad el 0,27%. El resto de los porcentajes corresponden a infracciones, delitos contra la salud pública, delitos contra la seguridad pública, el orden público, encubrimiento y contra la administración pública. En el 18% de las causas iniciadas, está incluido un mayor de edad. Asimismo en el total no se descontaron aquellas causas que fueron desestimadas. El total de las investigaciones penales preparatorias en el fuero penal juvenil, alcanzan a un 4,3% comparada con el sistema penal de adultos. Como se puede observar no se halla razón fáctica alguna para insistir con la baja de la edad para la imputabilidad, a no ser que tomemos en cuenta la tenaz campaña de "mano dura" que por meras razones ideológicas se empeñan en metodologías que sólo siembran el abuso, la tortura y la falta de seguridad jurídica para los más vulnerables. Por otra parte contrasta con la falta de efectividad del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, tanto por carencia de recursos materiales, de financiamiento, como de planes y programas (sobre todo para el tratamiento de la drogodependencia, |17| ya que los existentes se manejan con discrecionalidad por parte de las autoridades responsables de su ejecución. Sigue agravándose la situación dentro del fuero penal juvenil, debido a falta de juzgados, personal, carencia de instancias de apelación, con existencia de cámaras no especializadas que utilizan el criterio del sistema penal de adultos lo que marca una clara irregularidad: los jóvenes infractores a la ley penal carecen de los mismos derechos y garantías que los infractores adultos. El proyecto de modificación de la ley penal juvenil presentado por un partido de oposición en la Cámara de Diputados de la provincia que iguala este sistema al de adultos, aun no ha tenido tratamiento legislativo |18|
El caso Luciano Arruga que lleva tres años desaparecido sigue caratulándose como "averiguación de paradero"sus familiares y amigos sufriendo amenazas y hechos de violencia tanto física como verbales de parte de agentes policiales que cumplen servicio en la comisaría de Lomas del Millón y que fueran denunciados judicialmente. Además de los casos señalados, a modo de síntesis reseñamos otros que ponen en evidencia el accionar de las fuerzas de seguridad en relación al trato con los jóvenes y/o adolescentes |19|.
Funcionamiento de los lugares para jóvenes privados de libertad: En la provincia de Buenos Aires funcionan 4 Centros de Recepción con capacidad para 267 jóvenes, 7 Centros Cerrados con 158 plazas y otro en La Matanza con 120 plazas, 15 Centros de Contención con 160 plazas y los Centros de Referencia en los distritos de asentamiento de los Departamentos Judiciales, que atienden a los jóvenes infractores sobre los cuales no hay medidas privativas de la libertad, de acuerdo a la información que consta en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Además debemos sumar los dispositivos tercerizados, tales como clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas.
Según estadísticas oficiales a Junio del presente año, en los Centros Cerrados habría 470 jóvenes, en régimen de semi libertad 110 y con medidas alternativas 2.200.
Sigue siendo una preocupación constante los supuestos suicidios de los jóvenes privados de libertad, las lesiones auto inflingidas (cortes en brazos y piernas). Estas situaciones indican claramente las graves falencias del sistema. Un informe de la Comisión para el Seguimiento del Funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil hace explícita mención a la precariedad edilicia y de infraestructura de los centros, le carencia de los mismos en diversos Departamentos Judiciales con los consecuentes problemas de alojamiento, la falta de actividades recreativas y educativas, de personal especializado, de instalaciones y programas para el tratamiento de jóvenes con adicciones, de superpoblación, de alojamiento en un mismo lugar y bajo idénticas condiciones a jóvenes de edades y situaciones procesales diferentes, mencionando explícitamente que comparten un mismo ámbito jóvenes de menos de 15 años con otros de más de 20 años, jóvenes procesados con condenados, entre otras situaciones de irregularidad. A mediados de diciembre, la justicia de la ciudad de La Plata hizo lugar al habeas corpus presentado por el defensor penal juvenil Julián Axat a favor de 45 jóvenes alojados en el Centro de Recepción de La Plata, ordenándose en dicho fallo que la Provincia se abstenga de internar allí de manera permanente a jóvenes en conflicto con la ley |20|
Otro de los grandes déficits que tiene la provincia, es la falta de lugares aptos para el tratamiento de las adicciones. Faltan sitios para la internación y recuperación, centros de tratamiento ambulatorio y programas sustentables de prevención en especial referidos a los más jóvenes. Debemos además señalar la falta de lugares específicos para el tratamiento de patologías psiquiátricas que requieran internación o tratamiento ambulatorio para los niños, niñas y jóvenes.
Como signo positivo de parte del ejecutivo provincial, debemos mencionar la resolución ministerial emitida por el Prefecto Mayor y Ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal en el mes de agosto, de acatar el fallo del juez César Arias que prohibía el alojamiento de jóvenes en comisarías, haciéndolo extensivo a toda la provincia. En dicha resolución se dispone que ante casos de "chicos que cometan delitos, se debe dar inmediato aviso a la autoridad jurisdiccional" vedando expresamente "cualquier traslado a dependencia policial alguna sin orden judicial expresa". Esta disposición impide el traslado por razones discrecionales como pueden ser contravenciones o averiguación de identidad, poniendo freno a detenciones por mera sospecha o por "portación de cara".
5. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA
El viernes 16 de Septiembre en la Alcaidía policial de Catamarca fallecieron calcinados cuatro chicos cuyas edades oscilan entre los 15 y los 16 años. De acuerdo con los testimonios de los familiares los responsables de este hecho son las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto que los tenían ilegalmente detenidos. Hay cuatro responsables políticos: el ministro de Gobierno, Javier Silva, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el jefe de Policía, Francisco Soria, y el gobernador Eduardo Brizuela Moral. Ellos deberían haber evitado el asesinato de Nelson Fernández, Franco Nieva, Nelson Molas y Franco Sosa. Aunque al principio las autoridades trataron de ocultarlo ahora se sabe que esto no fue una tragedia, sino una masacre: los agentes policiales les dieron a los chicos un encendedor y los desafiaron a que se prendan fuego. Los torturaban y los tenían en condiciones infrahumanas, en celdas sin ventilación, sin suficientes colchones, con baños totalmente sucios. |21|
Un mes después una de las juezas, Ana María Nieto, quien había ordenado una de las detenciones, renunció a su cargo, con lo que abrió el camino a ser investigada por la Justicia. La otra, Ilda Figueroa, mantiene su licencia por estrés psicológico. Los fiscales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago habían pedido que se investigara a las magistradas, pero el juez que recibió el pedido lo rechazó por una supuesta inconstitucionalidad. Otro juez también hizo lo mismo al pedido de investigar al ministro de Gobierno, Luís Oscar Silva. Los fiscales apelaron la Cámara debería responder. También denunciaron penalmente a la Corte catamarqueña por incumplimiento de sus funciones de superintendencia al no verificar la tarea de las juezas. |22| El caso de la Alcaidía policial resulta paradigmático para observar la política que el actual gobierno de la provincia lleva adelante en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal. Pero además, por las declaraciones de los padres de los adolescentes fallecidos, podemos advertir que en materia de tratamiento sanitario y socialización de jóvenes que cometen delitos menores a consecuencia del consumo de estupefacientes, el interés es nulo e inexistente. La situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal se deriva de otras situaciones desatendidas en la Prov. de acuerdo con el Juez de Menores Fabricio Gershani Quesada: "El consumo de sustancias prohibida va directamente de la mano con la comisión de delitos. En más del 80 por ciento de las causas que trabajamos se trata de chicos que son adictos o hacen uso abusivo de drogas tanto legales como ilegales". |23|
Los jueces de menores ven a diario casos alarmantes. Cada vez que un menor es demorado por la policía por cometer un delito, generalmente se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia prohibida. Como no trabajan, delinquen para conseguir dinero y comprarla. Los jueces tienen problemas para encontrar lugares en los que se atienda a los adolescentes adictos. No alcanzan los centros para atender la creciente demanda. Otro dato alarmante es la temprana edad en que los chicos se inician en el mundo de la delincuencia y la drogadicción. Según datos oficiales, actualmente los menores se inician en el mundo de las adicciones con la inhalación de pegamento a los 5 años, y a los 9 prueban la marihuana. Se ha socializado ver chicos adictos. Al momento del cierre del presente informe se contabilizan 21 chicos en comisarías por causas penales.
6. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES
En el marco del convenio oportunamente firmado entre la Subsecretaria de Trabajo, los juzgados de menores de la primera circunscripción judicial y el Ministerio de Gobierno se dio inicio a los cursos de capacitación en oficios para menores en conflicto con la ley penal el 20 de junio del corriente año |24|
Esta iniciativa loable que se viene sosteniendo por tercer año consecutivo, si bien atiende un aspecto de la problemática, de acuerdo a las declaraciones de la Dra. Rosa Esquivel Iglesia de San Lorenzo, Jueza de Menores del Juzgado Nº 1, el hacinamiento y las condiciones de alojamiento siguen siendo cuestionables. |25|
7. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DEL CHACO
La titular del Juzgado del Menor y la Familia Nº 4, Marisa Lehmann, aseguró que a contrapelo de lo que establece la opinión pública, no hubo un incremento en la cantidad de delitos protagonizados por menores sino que aumentó la violencia aplicada en cada uno de ellos. Dijo que hay sólo un local con 13 camas para alojar a todos los chicos de la provincia que se encuentran en conflicto con la ley. |26|
8. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA.
Miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia invitaron a la comunidad de Gral. Pico a concentrarse el jueves 10 de Marzo, a partir de las 10 de la mañana, frente al edificio de Tribunales, en el marco de una jornada nacional de rechazo a la baja de la edad de imputabilidad de los menores propuesta por el oficialismo en un proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación. Para ese día organizaron una audiencia pública frente al Congreso a la que adhiere la asamblea local, por entender que "los legisladores no son idóneos para tratar un tema tan sensible como éste, que es una cuestión interdisciplinaria, por lo que estarán sociólogos, antropólogos y organizaciones sociales que trabajan en forma cotidiana con la niñez", manifestó en conferencia de prensa Ricardo De Udaeta |27|
9. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
Franco David Torres, quien denunció que fue golpeado y "picaneado" se lo detuvo en la zona de Chacra II en la comisaría tercera de Río Grande. Se lo dejó demorado por 12 horas luego de un confuso incidente, que según relata el jefe de la policía de Tierra del Fuego, Nelson Moreira (10-03-11) que el hecho denunciado "hace cinco o seis" días comenzó cuando "se detuvo en la zona de Chacra II a dos personas y se las llevó a la comisaría" tercera de Río Grande. Poco después "se hicieron presentes dos hombres" y aparentemente también una mujer que "llegaron a reclamar por esas personas que estaban detenidas, seguramente en términos que no eran convenientes". el hecho "terminó en una refriega, con la rotura de un patrullero, se lesionó a un personal policial y en ese contexto el personal de guardia, que era importante porque era la hora del relevo de guardia, repele la agresión y termina deteniendo a estos dos jóvenes que habían concurrido". Uno de estos jóvenes era Torres, quien permaneció detenido en esa sede policía donde denunció, fue sometido a torturas. A consecuencia de estos hechos removieron de sus cargos al segundo jefe de esa seccional y al oficial de servicio que intervino ese día. Además se decidió el "cambio de destino" de otros cinco agentes que habrían intervenido en el procedimiento "mientras la Justicia avanza en la investigación", según precisó el jefe de la policía |28|.
SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL
1. Sistema penitenciario federal
El OIP ha seguido con profunda preocupación el traslado de los jóvenes adultos de la U20 (se informa los hecho in supra) a la cárcel federal de Ezeiza. Los alojaron en el denominado Anexo 20, donde cohabitan jóvenes con severos trastornos psiquiátricos con adictos a diferentes sustancias. Con la colaboración de la Asociación Agir Ensemble de Francia, el OIP ha podido entrevistarse con los diferentes familiares de los detenidos y de acuerdo a sus testimonios se desprende que la situación de los allí alojados es inapropiada. En efecto, los profesionales que los atienden son dos: un psiquíatra y un psicólogo, cantidad absolutamente insuficiente para tratar a una población de más de 100 jóvenes. Permanecen en sus celdas 23 horas y una hora salen al patio. La medicación la maneja el propio interno (se corre el riesgo que personas con problemas de adicción hagan mezclas de pastillas e intercambio de las mismas). Cabe agregar que: los familiares tienen la sospecha fundada (por el estado en que los encuentran cuando los visitan) que los internos están con "chaleco químico", vale decir; sobre medicados y que los agentes penitenciarios no tienen la preparación adecuada para atender una población que oscila entre los 20 y 30 años de edad con serios problemas psicológicos.
Un hecho paradigmático que ilustra el procedimiento por el cual en el Servicio Penitenciario Federal (en adelante SPF) ante cualquier intento de denunciar malos tratos o torturas se paga caro, es el caso Luciano Truzzi. En efecto, el caso ocurrió en Enero de 2011 |29| y fue el que movilizó las investigaciones de la Procuración, que lo llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente consiguió que se le diera la prisión domiciliaria, ya que corría riesgo de muerte en cualquier penal. Aquel ataque fue un emblema. Hasta hoy, los investigadores aseguran que en la jerga carcelaria de Marcos Paz los presos temen a la amenaza mayor: "Te vas a quemar como Truzzi".
Luego del intento frustrado de desarticular el CUD (Centro Universitario de Devoto), hecho que relatamos el informe 2010, el director del SPF Dr. Alejandro Marambio, pasó a revistar como Director de Asuntos penitenciarios, siendo reemplazado por Víctor Gortel. La situación de los internos en el sistema federal no ha variado. Una manera de mantener la "disciplina" es estar en los pabellones 23 horas del día y salir al patio sólo una hora. El presente gobierno en relación al SPF se caracteriza por la construcción de nuevas cárceles federales en lugares donde existen pocos detenidos por delitos federales, pero que su estructura por convenio con la provincia que recibe la construcción se beneficia con poder alojar presos provinciales. Tal es el caso de la provincia de Santiago del Estero y Salta. |30|
Un mes después de la inauguración del complejo penitenciario, las autoridades federales le solicitaron a la gobernación de la Prov. de Salta un mes más de plazo para trasladar los internos debido a que aún no se había completado el reclutamiento del personal penitenciario necesario para su habilitación. Al cierre del presente informe desconocemos el funcionamiento del mismo.
En cuanto al funcionamiento de las comisarías federales, debemos destacar que además de los procesamientos por abusos y torturas, mencionados in supra, pasaron a disponibilidad preventiva a ocho Comisarios de la policía federal. En el marco de los estudios de todos los legajos de oficiales de la Policía Federal que aspiran a ascensos, la ministra de Seguridad Nilda Garré resolvió el pase a disponibilidad. Siete de ellos están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría por presunción de quedarse con parte del dinero que se les debía pagar a los agentes que realizaban adicionales. También quedó en la misma situación el recientemente designado superintendente de Asuntos Internos de la fuerza, Raúl Timossi, quien sancionó al cabo denunciante Fernando Sousa Helguera, pese a que la Justicia determinó que dos denuncias posteriores en su contra, anónimas, realizadas casi como una venganza, resultaron falsas. Sousa Helguera no tendría que haber sido sancionado, pero Timossi violó la norma que indica que un efectivo no puede ser penalizado cuando la Justicia lo declara inocente. Por el mismo hecho el Juez Daniel Rafecas procesó a Oscar Alfredo Romero un ex Comisario. En efecto, en el marco de una causa por "fraude a la administración pública" investigada por el juez federal, quien además dispuso trabar un embargo de 100.000 pesos sobre sus bienes. Fuentes judiciales informaron que el magistrado tuvo "por demostrado que entre los años 2003 y 2006 el entonces jefe policial Oscar Alfredo Romero se apoderó ilegalmente" de alrededor de 60.000 pesos destinados a "adicionales y recargos de servicios". El magistrado dio por acreditado que el ex comisario Romero "entre el mes de noviembre de 2003 y noviembre de 2006 percibió en forma indebida por 'recargos de servicio, que no habían sido efectivamente brindados, la suma total de 59.131,56 pesos".
2. Provincia de Buenos Aires
La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011 había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2433 en las de 310 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el paradigmático representante de la última dictadura militar: Ramón Camps. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. |31| El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal. A junio del presente año, se iniciaron un total de 311.499 investigaciones penales preparatorias entre las cuales los porcentajes más importantes son: delitos contra las personas 20,61% y delitos contra la propiedad el 35,28%. Durante el presente año se presentaron distintos proyectos legislativos, los que hasta ahora no han pasado de su tratamiento en las comisiones. Respecto a los que hacíamos mención en nuestro anterior informe, tal como la ley de cupos y de reforma del servicio penitenciario, seguramente volverán a ser presentados ya que perdieron vigencia parlamentaria. Entre los nuevos proyectos, tenemos el que propone la transferencia al Ministerio de Salud la Dirección de Salud Penitenciaria, y el que crea las policías de seguridad comunal, al que ya hiciéramos referencia.
Durante el presente período hemos registrados algunos hechos que ilustran la actual situación: -El 24 de febrero Jesús Cabral, detenido en la unidad 48 de San Martín fue víctima de un simulacro de fusilamiento de parte de varios penitenciarios, cuando le gatillaron varias veces en la cabeza mientras lo amenazaban que "si queremos te cabe". No es la primera vez que le sucede esto, en el pasado año fue herido varias veces para intimidarlo, ya que fue testigo contra un policía que actualmente cumple cadena perpetua por el asesinato de un dirigente sindical.
El 28 de febrero del presente año la tía de un interno presenta la denuncia formal, ya que tenía en su poder un chip con imágenes donde se veía a detenidos con uniformes del servicio penitenciario, los que habían sido provistos por distintos responsables del penal, para salir a robar autos, en especial Peugeot 307 y 405. Según la denunciante, su sobrino se habría negado en un primer momento a matar a otro interno, como le habrían solicitado agentes penitenciarios, y que a raíz de esa negativa su mujer fue primero amenazada y luego violada, hecho ocurrido en el año 2008 |32|
- El día 9 de mayo de 2011 un hombre de 32 años, detenido en la unidad 32 de Florencio Varela falleció víctima de una herida provocada con una "faca" (elemento punzo cortante que suelen fabricar los detenidos) en una supuesta pelea con otros internos. En ese mismo penal, días antes también apareció muerto otro interno, Federico Ezkrkowicz, que presentaba múltiples golpes en la cabeza. -El 18 de mayo en la Unidad 46 del Complejo Penitenciario de San Martín, Ramón Quintero fue herido de muerte en una supuesta pelea con otros reclusos. Según denuncian sus familiares y otros internos, podría haber sobrevivido de no ser por la falta de atención, ya que en todo el complejo no había ningún médico ni ambulancia para su traslado, el que se efectuó en un coche Renault 12, modelo 85, en pésimo estado.
- El 28 de junio Oscar Jiménez Barreiro de 28 años, y Víctor Hugo Andrade de 25, ambos detenidos en la cárcel de Florencio Varela, murieron en un confuso episodio caratulado como "pelea". -El 7 de julio Fabián Sampietro inició una huelga seca, cociéndose la boca, a fin de reclamar por una causa que lo involucra y que lleva 19 años. Actualmente está detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero. Es miembro de la Asociación Civil La Cantora, que lucha por los derechos de las personas detenidas. Fue víctima de torturas y apremios, lo que actualmente se investiga en una causa en la que están involucrados los siguientes agentes penitenciarios: Raúl Alberto Rojas, Martín Ernesto Marcos y Diego Démola, quienes lo torturaron en el año 2006.
- A principios del mes de agosto, unos 700 detenidos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata realizaron una huelga de hambre reclamando mejores condiciones de atención sanitaria, de alimentación y consumo de agua potable. Según la denuncia hecha pública, la falta de agua es un problema estructural al igual que la desatención médica de graves casos de VIH, diabetes, tuberculosis. El pasado año también realizaron una huelga de hambre y para levantarla se acordó que se pondría en funcionamiento una sala sanitaria, que si bien ya está armada, carece de personal médico y de medicamentos, lo que ocasionara la muerte de tres internos en lo que va del presente año.
El 21 de Octubre Un interno del Penal 34 en la localidad bonaerense de Melchor Romero apareció ahorcado en su celda y las autoridades tratan de determinar si se trató de un suicidio. En ese sector están alojados los reclusos con problemas psiquiátricos.
Un interno de la Unidad Penal 34 de Melchor Romero, en el partido bonaerense de La Plata, fue encontrado ahorcado dentro de su celda y se investigaba si se trató de un suicidio. Fuentes policiales informaron que el detenido, cuya identidad no fue dada a conocer, fue hallado muerto por los guardias del penal en el sector donde están alojados los reclusos con problemas psiquiátricos. Investiga lo ocurrido la comisaría decimocuarta de La Plata, que dio intervención al fiscal Marcelo Romero, titular de la UFI 6, en la causa "averiguación causales de muerte"
- En el mes de noviembre en el pabellón 4 de la unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín, el interno Ramos fue apuñalado por la espalda con una faca en una pelea, que según otros internos, duró 7 horas sin que los guardias hicieran nada para detenerla.
- El en el mismo mes un grupo de internos de la Unidad 45 de Melchor Romero presentaron una denuncia ante la justicia de la ciudad de La Plata sosteniendo que miembros del servicio penitenciario bonaerense los obligaban a robar, presentando fotos, balas que les proveían, artículos robados, señalando los lugares donde habían robado autos de alta gama y viviendas. Luego de efectuar la denuncia, fueron brutalmente golpeados por penitenciarios, hecho que fue constatado por el Comité Contra la Tortura. El mecanismo que se utilizaba, era dar permiso a algunos internos que aceptaban salir a robar. Las fotos los muestran vestidos con uniforme policial, alhajas, celulares, relojes, coches de alta gama (los que luego debían llevar a determinados desarmaderos). La fiscal platense Virginia Bravo tomo la correspondiente denuncia.
- A ello se suma que el día 2 de diciembre, el detenido Marcelo Almejeiras, de 40 años, fue herido de un escopetazo cuando era trasladado por el servicio penitenciario al área de sanidad de la unidad, luego de haberse cocido la boca para reclamar mejores condiciones de detención.
- El 5 de diciembre a las 21 hs, en la celda 2 del pabellón 3 en la Unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín, apareció muerto el joven Luís Molina, de 24 años. Según denuncian sus familiares, Luís fue encerrado con otro preso al cual miembros del servicio penitenciario le dieron la orden de que lo ejecutara. El Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Dr. Manuel Casolati se hizo presente en el penal y recorrió las celdas de aislamiento de ese pabellón, encontrando varios internos lastimados. Ese mismo día un interno del pabellón 11 recibió tres puñaladas debiendo ser hospitalizado, y al día siguiente cuatro internos resultaron heridos a puntazos, debiendo ser dos de ellos trasladados de urgencia a hospitales de la zona.
La segunda semana de diciembre del corriente año, el OIP tomó conocimiento que el interno Eduardo Ariel Arroyo Luna, de 57 años, alojado en la U. Nº 1 de Lisandro Olmos, procesado, a disposición del Juzgado de Garantías Nº 1 de Lomas de Zamora.con padecimiento de cardiopatía esquistemica severa, había sido trasladado en varias oportunidades extramuros por sus padecimientos físicos. Que uno de sus traslados fue al hospital Cosme Argerich, donde advirtieron la gravedad de su cuadro pero que no pudieron completar los estudios correspondientes dado que el agente de custodia concluía su horario laboral y lo retornó al penal. Fue alojado en celda individual (sala 4) para su mejor atención. El OIP tomó contacto con el Sr. Diputado de la Prov. de Bs. As. Ing. Ricardo Vago a fin de imponerlo de la situación del interno y solicitar a las autoridades los recaudos necesarios a fin de resguardar la vida del interno. El Sr. Diputado se comunicó con el Dr. César Albarracín, quién el 22 de diciembre comunicó por nota el traslado del interno a U. Nº 25 para mejor atención médica a la espera de la resolución del Juzgado de Garantías sobre la solicitud presentada por el defensor del Sr. Arroyo Luna de arresto domiciliario, que en la realidad concreta se traduciría en internación el hospital C. Argerich. Al cierre del presente informe, tomamos conocimiento que le fue otorgado el arresto domiciliario y que el Sr. Arroyo Luna se disponía a internarse en el mencionado hospital.
En cuanto a la infraestructura, los pabellones no cuentan con agua potable, no hay calefacción y las ventanas no tienen vidrios, carecen de elementos de limpieza y aseo personal, las instalaciones eléctricas son inseguras, con cables colgando sin aislamiento. Denuncian también el maltrato a las visitas, con requisas vejatorias, la mora en el avance de las causas judiciales, la falta de contacto con jueces, defensores y los plazos excesivos de prisión preventiva.
- Según la denuncia de varios internos, la terciarización de la violencia es una estrategia realizada por miembros de servicio penitenciario, poniendo en manos de algunos reclusos el control y/o la venganza de aquellos que se animan a realizar denuncias o hablar de lo que sucede puertas adentro del penal.
Esta situación tiene poca contención en el sistema judicial que obra en la mayoría de los casos tomando como referencia las presentaciones policiales o investigaciones policiales. Así en marzo de este año la Procuración provincial (de la que dependen los fiscales) y en un fallo de 40 páginas la Justicia dio la razón al Sr. Herrera: su detención y el proceso que le siguió fueron arbitrarios y el Estado debe indemnizarlo por la suma de de medio millón de pesos luego que cuando llegó a juicio oral ( y luego de pasar 1.153 días preso ), quedó claro que lo habían acusado sólo porque su auto era de la misma marca y color que el que alguien había visto en la escena de un crimen y que las armas encontradas en su casa estaban en regla. Su descripción ni siquiera coincidía con la del asesino. |33|
La absolución dictada por el Tribunal Oral 1 de La Matanza a la familia Heredia (luego de cinco años de detención), ordenó además, la inmediata libertad de los cuatro detenidos. Son un padre y tres hijos, dos varones y una mujer. Los habían acusado por el asesinato de un vecino y les prendieron fuego su casa de Villa Celina. La Justicia probó su inocencia y los absolvió. Se los había acusado por el delito de "homicidio calificado por alevosía" de Gilberto "Quichu" Cruz. |34|
El 27 de Septiembre comenzó el juicio oral en los tribunales de Mercedes que debía decidir sobre la responsabilidad de Leandro Martín Roig (ahora tiene 23 años) del crimen de Santiago Alfonso, de 16 años, cometido el 18 de enero de 2009 en la localidad de Villa Trujuy, partido de Moreno. Con tan sólo 20 años fue detenido por el asesinato a balazos de un chico de 16. Enseguida lo apresaron y lo llevaron a la cárcel de Olmos, una de las más pobladas y violentas del país. Allí estuvo encerrado 33 meses. Hasta que su caso llegó a juicio oral y el fiscal y la familia del adolescente muerto decidieron no acusarlo porque era inocente |35|
En el mes de Septiembre cuatro policías, entre ellos un oficial inspector que estaba afectado a la investigación por el secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez (la niña que fue secuestrada y luego de nueve días apareció asesinada, su caso hasta el momento no está resuelto), fueron detenidos en el marco de la investigación por los tormentos que terminó con la muerte de Fabián Gorosito el 15 agosto (2010) y cuyo cuerpo apareció en un descampado de Mariano Acosta. Fuentes policiales y judiciales aseguraron que los cuatro policías fueron apresados en sus lugares de trabajo por su presunta participación en la desaparición y muerte del joven (22 años) y fueron desafectados por decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense. |36|
En relación con el sonado caso del secuestro y asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, uno de los imputados en su declaración, Alberto Espíndola se quebró. "Habló todo el tiempo llorando. Dijo que fue torturado por la Policía: primero fue un grupo de siete policías y después, de diez. Le hicieron submarino seco con una bolsa en la cabeza y lo golpearon", contó su defensor. Y agregó que luego "aparecieron otros cuatro que le recomendaron acordarse de lo que tenía que decir". En su primera indagatoria (hecha cuando lo asistía un defensor oficial), Espíndola había dicho que vio a López, a Gómez y a un tercer joven que iban en un auto y le preguntaron si había visto a la Policía "porque estaban metidos en el "quilombo" |37| de la nena". Ayer negó que esto fuera cierto y aclaró que tiene miedo de identificar a los policías que lo torturaron. Por esto, se abrió una causa paralela
Una investigación periodística efectuada por Horacio Cecchi |38|, dio origen a 13 causas diferentes en las que el juez interviniente, Dr. Gabriel Bombini, procesara y diera orden de detención a 5 involucrados en estos hechos, calificados como asociación ilícita y 13 hechos de falsedad ideológica. Estos sucesos ocurrieron en la ciudad de Mar del Plata, involucran a personal policial de la comisaría 4ª. de dicha ciudad, que se ocupaban de fraguar causas.
En el mes de Octubre en Bahía Blanca un joven de 24 años fue detenido acusado de robar la billetera del playero de una estación de YPF con más de 500 pesos. El joven tiene incapacidad mental. Igual lo apalearon en la entrada de una villa. Amenazaron a los testigos. Lo llevaron a la comisaría donde, esposado, volvieron a golpearlo. Le hicieron el submarino seco y lo arrojaron detenido en una celda. Después dijeron que no buscaron testigos porque se trataba de un lugar "conflictivo". Cuando el caso tomó estado público, la madre empezó a recibir amenazas telefónicas. La fiscal 15 Paula Pojomovsky aseguró que la intervención policial cumplió con las normas, aunque la situación no es para nada clara, ya que los propios uniformados informaron en su acta: "(...) la falta de presencia de testigo atento resulta ser un lugar conflictivo para el accionar de la policía, las inclemencias climáticas y la hora del procedimiento". La golpiza y malos tratos fueron denunciados ante la Fiscalía Nº 3 de Bahía Blanca, que caratuló con el clásico "apremios ilegales". La abogada Alicia Romero, del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, dijo que se presentarán asesorando a la madre, Norma Valenzuela, y que insistirán en que se trata de "torturas". |39|
Fuentes policiales indicaron que Lucas Ezequiel Montenegro, de 19 años, fue arrollado por una formación ferroviaria en la madrugada del domingo 11 de diciembre, la justicia que investiga el episodio lo tiene caratulado como "averiguación de causales de muerte", en un expediente que se encuentra a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 21 descentralizada |40|
La fiscal 5 de Pergamino Dra. Patricia Fernández inició una investigación en septiembre de 2011, cuando se obtuvieron datos sobre el robo de combustibles y fertilizantes transportados en camiones. Los investigadores descubrieron que los chóferes ingresaban a dos zonas conocidas como "bajaditas", descargaban en tanques la mayor parte del líquido que transportaban y luego recargaban la parte vacía con agua. El fertilizante puro era vendido en Pergamino y el resto seguía su viaje. La maniobra de descarga y distribución no se podía llevar adelante sin protección policial. En las escuchas telefónicas ordenadas saltaron las líneas y las voces de uniformados. Una de ellas, según la fiscalía, correspondió a el titular de la Departamental de Pergamino Miguel Pocovi, quién quedó imputado como jefe de una banda dedicada a robar fertilizantes transportados en camiones y está prófugo. También vendía protección, cobraban seguridad a comerciantes, dueños de hoteles y prostíbulos, bajo la arcaica lógica del "elegí: o te protejo o te robo". Miguel Pocovi, había asumido el cargo en diciembre de 2009, para cambiar la imagen de la bonaerense. Con él imputaron a otros cuatro policías. Detuvieron al de menor rango. El jefe de la DDI que fue procesado.
MUJERES EN PRISIÓN.
Según informe del Ministerio de Seguridad y Justicia, al 6 de noviembre del presente año estarían privadas de libertad 1.133 mujeres, de las cuales 500 es por infracción a la ley de estupefacientes. De acuerdo a estos datos, y de acuerdo a estimaciones del mismo ministerio, desde el 2006 el aumento fue progresivo, mientras el crecimiento en las cárceles de hombres fue de un 5,8% en las de mujeres el incremento alcanzó a un 88%, alcanzando su pico en el año 2008. Otra variedad, es que la mayoría de las mujeres aceptan el juicio abreviado, con condenas superiores a los 6 años en los casos de infracciones a la ley de drogas. En investigaciones realizadas, surge que la mayoría de esas mujeres eran jefas de familia, a cuyo cargo estaba el sostén económico y casi la totalidad de los casos, con hijos a cargo, con las graves consecuencias que el encierro acarrea a los hijos que están a su cargo, tanto en su salud física como emocional.
Muchas de ellas están en prisión preventiva, cuya extensión es imposible de predecir, por lo cual terminan aferrándose al juicio abreviado con la presión de que de esta forma, aceptando plenamente el delito que se les imputa, los plazos se acortan, superando el porcentaje de preventiva al de los hombres, ya que roza un 85%.
La violación de los DD. HH. de las mujeres privadas de su libertad se traduce en el trato cotidiano. Personal penitenciario masculino, requisas vejatorias, aislamiento, traslados constantes con el grave daño que esto acarrea cuando hay hijos, la no aplicación de la prisión domiciliaria para mujeres embarazadas o con hijos pequeños, más los problemas derivados de las condiciones edilicias y de superpoblación común a todo el sistema carcelario.
Respecto a la situación de los detenidos transexuales, en todos los relevamientos realizados surgen datos que ponen en evidencia los sufrimientos de situaciones de profundo daño: tanto en su salud física como psicológica ya que es inexistente la preparación y sensibilización de todos los operadores del sistema respecto a este colectivo. Uno de los puntos que remarcan estos informes, es que ven interrumpidos sus tratamientos hormonales, lo que trae como consecuencia una serie de afecciones en su salud. Carecen de visitas íntimas de sus parejas, no tienen prácticamente acceso a la educación y al trabajo, los visten de hombres, sufren distintos tipos de abusos sexuales y discriminatorios.3. PROVINCIA DE CATAMARCA
No se registran cambios en relación al informe 2010.
4. PROVINCIA DEL CHACO
La situación de los detenidos en comisarías sigue siendo materia de preocupación. En cuanto a su trato y las condiciones edilicias. La Prov. del Chaco entrenó recientemente su propia fuerza de agentes penitenciarios. El entrenamiento lo recibió de parte del SPF, aún debemos observar el proceder de esta reciente gestión.
5. PROVINCIA DEL CHUBUT
La Provincia del Chubut se presentó en la audiencia del habeas corpus y negó
la desaparición de Iván Torres Aunque parezca absurdo, el nuevo gobierno de la Provincia, cuyo gobernador viaja todas las semanas a Bs. As a reunirse con la presidenta de la Nación, se presentó ante el juez del habeas corpus y negó la detención de Iván y "como lógica consecuencia" negó su desaparición forzada. Mientras tanto, la jueza federal Eva Parcio de Seleme, quien tiene diálogo directo con Cancillería -en la audiencia ante la Corte Interamericana la abogada del Estado dijo ante los jueces que "según información que nos dio la señora jueza"- rechazó la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana porque las decisiones "del organismo internacional son meras declaraciones" sin que "exista otra instancia en caso de no acatarlas".El 16 de Octubre el director del SPF, Víctor Hortel, junto con otros miembros de la conducción de la institución visitó la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel Fueron recibidos por el director del penal, subprefecto Saúl Cardozo, con presencia del jefe de la Región Sur del SPF, prefecto Walter Flores. Hubo reuniones con funcionarios judiciales locales y se firmó el contrato entre el Servicio Penitenciario Federal, la Municipalidad de Esquel y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera. El acto se realizó en la U-14 y asistió el intendente Rafael Williams, quien suscribió el contrato con la finalidad de perfeccionar los hábitos laborales de los internos, en procura de un oficio como una herramienta fundamental para su reinserción social. El Ente de Cooperación, a cargo del inspector general Jorge Gómez, a través del Servicio Penitenciario pondrá a disposición del municipio un camión Iveco modelo 2011, con chofer y 5 internos de la Unidad para cubrir el barrido y limpieza de las calles de la ciudad. Resta constatar si el trabajo tendrá la misma remuneración que cualquier ciudadano, de acuerdo a los convenios colectivos de trabajadores del gremio.
6. PROVINCIA DE CORRIENTES
La situación del sistema penal de la Prov. de Corrientes de colapso. En efecto, al grave problema de infraestructura se le suma los malos tratos y la violencia intramuros que no encuentra dique de contención adecuado sencillamente porque la política de "mano dura" no sólo mostró ser un fracaso para la socialización del interno sino que además retroalimenta la violencia y pone en riesgo incluso a los agentes penitenciarios. En efecto, a las denuncias que nos hizo llegar nuestra corresponsal en la Prov. la Dra. Liliana Pajón se suma las denuncias realizadas por la Comisión Provincial de DD. HH. que ha sido descalificada por el ministro de justicia e injustificadamente denostada. |41| La huelga llevada adelante por los internos del Penal de San Cayetano, no encontró los canales de dialogo adecuados para resolver situaciones reiteradamente reclamadas: problemas de infraestructura, sistema judicial moroso, en otras palabras oídos sordos a cumplir la manda constitucional. Otro tanto ocurre con el penal Nº 1 de Corrientes Capital. En efecto, el conflicto que suscitó en el Penal Nº 1 |42| derivó en un saldo de varios heridos, entre ellos tres agentes penitenciarios. El OIP elevó un fax al Sr. Ministro de justicia de la Prov. recordándole que cinco años atrás en visita a los penales de Corrientes acompañando la Defensoría del Pueblo de la Nación, se habían hecho varias recomendaciones que al parecer no fueron tomadas en cuenta y que por lo mismo el sistema carcelario provincial padece de violencia intramuros en forma crónica. Dada la gravedad de los hechos, el OIP tomó la decisión de solicitar se abra una actuación nuevamente en la Defensoría del Pueblo y recomendó al Sr. Ministro de Justicia que organice un equipo de salud: médicos y psicólogos que no pertenezcan al servicio penitenciario a fin de generar confianza entre los internos y abrir un canal de dialogo para descomprimir el conflicto, en tanto se comience a dar respuestas concretas a los justos reclamos de los internos. Al momento de producirse los incidentes del penal de San Cayetano, fue gravemente herido producto de una golpiza el interno Raúl Abel Sánchez. |43|
7. EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA
El suboficial Noel Jesús Carreño de la policía fue condenado por la justicia federal de La Rioja a dos años de prisión por intentar engañar a una joven de 19 años para introducirla en una red de trata de personas. La condena fue aplicada por el Tribunal Oral Federal de esta ciudad, en el primer juicio que se realiza en la provincia por un caso de este tipo. Carreño, de 29 años, fue inhabilitado además por cuatro años para ejercer cargos públicos, a la vez que su condición de policía fue considerada como agravante por los jueces, aunque por el monto de la pena impuesta quedó en libertad condicional. El veredicto se conoció el 6 de Septiembre y está basado en la infracción al artículo 145 bis del Código Penal |44|
8. EN LA PROVINCIA DE MENDOZA
La situación de las cárceles, como de las comisarías de Mendoza siguen siendo de violencia crónica. Como ejemplo de esta situación diremos que: un grupo de presos alojados en el sector de máxima seguridad del penal de Almafuerte, en Mendoza, mantuvo el 8 Junio a seis guardiacárceles como rehenes. Lo confirmó el jefe de Policía, Juan Carlos Caleri quien aseguró que "sigue el pabellón tomado y los guardiacárceles demorados", mientras se negociaba el fin de la protesta. |45|
El 5 de Julio tomamos conocimiento que un hombre de 39 años murió en una dependencia policial de la ciudad de Godoy Cruz, presuntamente, por una descompensación cardiaca. La víctima, Fernando Guerrero había sido capturado por la policía por ingresar a comercios diciendo que estaba siendo perseguido. El hecho se inició a media tarde cuando un llamado al número de emergencias policiales 911 dio el alerta de que un abogado identificado posteriormente como Fernando Guerrero ingresó a un negocio de Godoy Cruz pidiendo ayuda porque era perseguido. |46| Cabe agregar que este incidente muestra que: la policía no tuvo la capacidad técnica de pensar que el sujeto podría estar siendo víctima de un síndrome físico y solicitar auxilio médico.
El 1º de Diciembre Al menos cuatro internos de la unidad de San Felipe, que exigían mejoras en las condiciones de alojamiento, tomaron como rehén a un guardia durante cinco horas. Afortunadamente no se registraron daños ni víctimas. Los internos que se amotinaron pertenecen al pabellón de jóvenes adultos del penal, ubicado en la capital mendocina. El director del establecimiento, Sebastián Sarmiento, informó a las 15.20 que "fue liberado en buenas condiciones físicas" el agente penitenciario Cristian García (32), y aclaró que "en ningún momento, esta situación alteró la actividad del resto del penal". El motín comenzó cerca de las 10.30 de la mañana cuando el agente penitenciario García ingresó al pabellón 5 B de la unidad, para efectuar el recambio de internos para el recreo. En ese momento, el agente fue tomado de rehén por cuatro internos armados con elementos caseros, tipo "facas", detalló Sarmiento en diálogo con la prensa al abandonar el penal |47|
9. EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN
El 6 de Diciembre tomamos conocimiento que un interno de 20 años, Jonathan Aguilar condenado por robo, falleció luego de ser apuñalado la noche anterior en medio de una pelea entre internos del penal de San Juan. Las autoridades desconocen quién fue el agresor, pero aseguraron que iniciaron una investigación para detectarlo.
Fuentes policiales reportaron que la gresca ocurrió cerca de las 21 hs., tras lo cual el herido fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson de la capital provincial, donde falleció a las 23. Estas situaciones frecuentes parecen que escapa a la pericia de los agentes penitenciarios evitarlas. La violencia intramuros no encuentra ningún tipo de contención.
10. EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
En primer lugar tenemos que decir que es alentador que la administración de justicia mire a sus propios miembros y los sancionen cuando así corresponda. En el mes de Septiembre tomamos conocimiento que La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sancionó con una multa de 1.600 pesos a un ex juez y actual fiscal por diversos atropellos. En efecto, sometía al personal de su juzgado, al que insultaba, hacía asistir fuera del horario de trabajo sin motivo. |48|
En cuanto a la situación de los interno en el penal de Coronda, sigue siendo controversial. En efecto, la última semana de Septiembre Veinte personas detenidas en el Pabellón 8 de la Cárcel de Coronda, en Santa Fe, iniciaron una huelga de hambre y se cosieron la boca ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de traslados a otros penales y las denuncias de maltratos físicos y psíquicos sufridos. Los detenidos reclamaron ser alojados en otras prisiones para que sus familiares puedan viajar a visitarlos. Otros varios internos denunciaron maltratos perpetrados por algunos agentes penitenciarios, denuncias que fueron presentadas a las autoridades del penal y del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Frente a esta situación y dado que oportunamente el OIP, acompañando a la Defensoria del Pueblo de la Nación, visitó esa cárcel (y a posterior el Sr. Defensor realizó un extenso dictamen) tomó contacto con el Sr. Ministro de justicia de la Prov. a fin de anunciar que realizaríamos una visita que se efectivizó el 27 de diciembre. La misión se entrevistó con el Sr. Subsecretario de Asuntos penitenciarios Sr. Pablo Coccocione, destacamos la buena disposición para el dialogo y que le allanaron a la misión la tarea de visita y traslado. El relación tanto a la visita de Coronda como del penal Las Flores, ubicado en las periferias de la ciudad de Santa hemos elaborado un extenso informe oportunamente distribuido. Queda por decir lo siguiente: en el caso de Coronda, no es posible (al igual que otras cárceles que están en uso y datan del siglo XIX) seguir sosteniendo poblaciones intramuros de la cantidad que tiene Coronda aún cuando no hay hacinamiento. El total de la población penal al momento de la visita es de 973 internos, distribuidos de la siguiente manera: población del módulo sur: 505 y población del módulo norte 469. Los conflictos se tornan inmanejables, sobre todo si se toma en cuenta que la cantidad de personal técnico especializado para tratamiento de problemas de conductas es escaso. Una cuestión a destacar es que la población cambió en relación a la visita anterior: hay más internos condenados que en situación de prisión preventiva. La otra cuestión es que aún teniendo el despacho dentro del penal, el Juez de Ejecución penal visita muy esporádicamente los pabellones, son los internos quienes le piden audiencia. Con toda la burocracia que ese trámite conlleva. En cuanto al penal de Las Flores, la población de jóvenes adultos, luego de la muerte de Maximiliano Rojas (17 años), quedó bajo la administración de la Secretaria del Niño, Niña y Adolescente de la Prov. Del parte diario se desprende que el total de la población es de 573 internos al momento de la visita del OIP. De ese total dos internos son oriundos de la Prov. de Entre Ríos. La edad promedio de la población es de 20 a 30 años. El 90% de los internos ha consumido esporádicamente o es adicto a algún tipo de sustancia prohibida. Muchos de los internos alojados en ese penal es habitante de la villa de emergencia pegada al establecimiento. De ese asentamiento de viviendas precarias, suelen arrojar hacia dentro del penal paquetitos (en el argot carcelario se lo denomina "pajaritos") conteniendo sustancias prohibidas, lo que obliga al personal penitenciario a estar en alerta constante. En la ronda de visita y en el contacto con los internos se pudo observar que la mayoría de los jóvenes padecen enfermedades bucales (falta de piezas dentales, dientes deteriorados y manchados, encías con piorrea, etc), comentado el hecho con el director del penal, este nos informó que aunque hay servicio de odontología, para reparar la boca se les solicita a los internos que abonen el material para las prótesis, como ocurriría en una obra social u hospital público y que al parecer no disponen de la suma o no le dan a la salud bucal la importancia que merece.
11. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
La situación en la Prov. de Tierra del Fuego no ha variado en relación a nuestro informe 2010. La violencia policial es la queja que más moviliza a los trabajadores de DD. HH. y en relación al tema no se ha tomado conocimiento que las máximas autoridades gubernamentales ni el Poder judicial hayan elaborado propuestas a fin de dar respuesta que revierta la situación. En Río Grande de la madrugada del 17 de diciembre (04:50 hs.), según consta en las actuaciones policiales, tuvo lugar una riña generalizada que ocurrió a la salida de un local nocturno de las inmediaciones de calles Libertad y Alberdi. Los vecinos convocaron a las autoridades policiales dando cuenta de numerosas personas participando de una pelea en el lugar, la cual cesó a partir del arribo de los móviles, que constataron, en primer término, la presencia de, al menos, tres agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario Provincial. Los tres sujetos, que se identificaron como penitenciarios, presentaban lesiones sangrantes, por lo que, dos de ellos, se negaron a recibir atención médica alguna y a realizarse una alcoholemia, retirándose del lugar, sólo quedó un efectivo de apellido Flores, el cual fue hospitalizado a causa de las lesiones recibidas. La situación, posteriormente fue puesta en conocimiento del Servicio Penitenciario Provincial que solicitó todas las actuaciones a la Policía Provincial, a fin de realizar un sumario interno para llevar a cabo un deslinde de responsabilidades y aplicar la sanción que corresponda.
Consultado al respecto, el Director del Servicio Penitenciario, el Dr. Raúl Von der Thusen, aseguró que «no» se trata de una falta grave y que ya se ha designado a un oficial sumariante para llevar adelante ese proceso interno que determinará responsabilidades.12. EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
A través de nuestra corresponsalía en la ciudad de San Miguel de Tucumán y habiendo entrevistado a familiares y amigos de internos del penal de Villa Urquiza, el OIP ha podido informarse que: en sintonía con la política llevada adelante por SPF, el Servicio penitenciario tucumano somete a los detenidos al régimen de 23 horas de encierro, que en caso de lluvia se extiende al día completo. Por otra parte la infraestructura está colapsada: baños tapados, comida incomible, inasistencia de los maestros.
En cuanto a las condiciones para dormir, lo hacen en camas de mampostería o tarimas, el resto en cuchetas y se deben proveer sus frazadas.
Es de remarcar, que tal situación no es patrimonio exclusivo de la unidad en cuestión sino común a todas a las unidades y centros de detención de la provincia.
Informe del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina
Notas:1. - El Parque Indoamericano es el segundo más grande de la Ciudad de Buenos Aires, y está ubicado en la zona Sur entre las avenidas Escalada, Castañares, la autopista Campora y las vías del ferrocarril Metropolitano. Sus aproximadas 130 hectáreas, que integran los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati, fue ocupado por cientos de familias sin recursos y que buscaban armar viviendas precarias reclamando una solución a la vivienda habían sido expulsadas, a través de un operativo represivo conjunto de la Policía Federal, dirigida por el gobierno nacional, y la Policía Metropolitana, a un costo de 3 vidas y cientos de heridos. En medio de la disputa sobre quién se tenía que hacer responsable de la seguridad, se enfrentaron vecinos que no querían una "villa de emergencia" próxima a sus casas y los ocupantes del predio, mientras el gobierno nacional resistía enviar fuerzas de seguridad para contener el enfrentamiento. [Volver]
2. - La Justicia cambió la acusación de "torturas" que pesaba contra los efectivos que actuaron durante la represión tras la toma del parque Indoamericano. "Vejámenes" es la figura por la cual los seis acusados serán juzgados y que contempla penas más bajas, de uno a cinco años de prisión. Los efectivos de la Policía Federal que fueron procesados por la represión ocurrida aquel 7 de diciembre en el Parque Indoamericano son Roberto Alejandro Morales, Nahuel Iván Fernández, Facundo César Suárez, Patricio Máximo Sabah, José Miguel Fernández Rojas y Daniel Alberto Caloni. Según confirmó DyN, la medida fue dispuesta por el juez de instrucción Eliseo Otero, quien cambió la acusación que inicialmente había planteado el fiscal Sandro Abraldes. [Volver]
3. - Mientras que el adolescente Lucas Rotella era inhumado en el cementerio de Baradero Prov. de Bs. As. (13 de febrero de 2011), acompañado por una columna de familiares, vecinos y amigos, el intendente local, Aldo Carossi, planteaba durante una entrevista, "nadie puede establecer las razones que llevaron a este policía a terminar con la vida de este joven" (diario Página/12). La respuesta, se puede encontrar en los archivos. En marzo de 2010 se desataron los reclamos que derivaron en el incendio de la intendencia tras la muerte de Giuliana Jiménez y Miguel Portugal, Carossi cesanteó a Pablo Scarfoni, el entonces director de Inspección y Seguridad (la policía municipal de tránsito denunciada constantemente por su violencia en la persecución de chicos en motos) y acto seguido, disolvió a los policías municipales. encargó el control de las faltas a la policía Bonaerense, en su faz Comunal. Un año después, "el plan Carossi" se podía apreciar en la autopsia: el chico había muerto por ocho impactos de postas de guerra, ingresados todos por la espalda, porque corría para que la policía no le sacara la moto. Miguel Rotella, padre de Lucas, repetía a los medios las últimas palabras de su hijo: "La policía me tiró", no me dijo otra cosa porque tenía un pulmón partido, todos los intestinos destrozados por la bala de plomo". Lucas había recibido el impacto de la escopeta 12.70, cayó y lo dejaron tirado en el parque, mientras se llevaban al otro detenido, Tito, de 18 años, en pareja y con una hijita. Uno de los policías es Gonzalo Kappa, que conducía el patrullero y que disparó. Lucas recibió las ocho postas de un cartucho. "Todas eran de guerra (reveló un investigador) Recibió una en un glúteo, una en la cintura, otra en un antebrazo, y las otras cinco en el hemitórax izquierdo, en el riñón, que le fue extirpado en el hospital, en el bazo, en el intestino y el colon. La declaración de Kappa coincide con el resultado de la autopsia. Declaró que tenía cargados dos cartuchos de postas de goma, que estaban adelante y tres de guerra al final. Que él creía que eran todos de goma. Dijo que disparó los dos primeros al piso, que fueron los de goma, y después disparó al cuerpo y eran las de guerra." el fiscal Marcelo Manso investigará el mecanismo para que sea posible el error detallado por Kappa. Un experto asegura que "es muy fácil que no sepan qué cartuchos llevan porque cuando reciben el arma no la revisan". ¿Por qué no lo hacen? "Porque nadie les enseña a revisarlas. Se las cargan, pero no las saben usar. Antes había un especialista en escopetas. Ahora no. Los relevos son tan rápidos o se quieren ir tan rápido a la casa que le dejan al que entra todo, y el otro no tiene tiempo de revisar nada. Tampoco hay más armeros en las comisarías." ¿Puede haber cartuchos mezclados? "Se recomiendan tres cartuchos de goma y los dos últimos de guerra, pero no tienen idea, no saben revisar, no tienen idea del daño que hacen con una escopeta". [Volver]
4. - (05-07-11) Horacio Barrios, un joven aspirante al Servicio Penitenciario fue sometido a un "baile" por parte de otros dos policías en la provincia de Corrientes. En la denuncia, que recayó en el juzgadode Instrucción Nº 1, la víctima da cuenta de la humillación que sufrió durante el operativo el 23 de junio pasado. Barrios contó que cerca de las 5:40 circulaba en bicicleta por la calle Medrano de la capital provincial cuando fue interceptado por dos efectivos que venían en motocicleta que le pidieron identificación: "Me pregunta uno de los policías a donde me dirigía y le dije 'a la Escuela del Servicio Penitenciario'", contó el chico. "Y el policía me dijo: 'Me estás jodiendo. Hágame el firme". En su reconstrucción, Barrios aseguró que "cuando hago el movimiento me dice que era inteligente. Me ordenó que haga 75 flexiones de pierna y como no le hice caso me torció el brazo y se apoderó de mi bolso". Antes de liberarlo, uno de los uniformados investigó el tanque de nafta y le pidió el dinero que tenía encima. "A la fuerza la nafta se la paga el Estado", contestó Barrios para negarse. "Se cree vivo usted, tengo sed, dame dinero", replicó el policía. Fue entonces cuando le arrebataron el bolso llevándose consigo los 20 pesos que tenía en su billetera. "Retírese y que nadie se entere de esto porque la va apagar feo. Y si te quejas nosotros vamos a negar todo", le advirtió el efectivo. Ya se abrió una investigación interna para determinar quiénes fueron los dos hombres que lo sometieron al interrogatorio. No es la primera vez que miembros de las fuerzas de seguridad quedan en la mira por maltratos y vejaciones. De hecho, en Salta, se mostró cómo un grupo de cadetes soportaba un bautismo de fuego" con balazos de goma en 2008. Más reciente, en febrero de este año, se denunció a policías de Mendoza por la golpiza brutal a un detenido que trascendió por un escalofriante video. [Volver]
5. La fiscalía que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra ya juntó gran cantidad de pruebas que, a su criterio, demuestran que la Policía Federal mantuvo una postura de “inacción” que permitió que una patota de la Unión Ferroviaria (UF) matara al joven militante del Partido Obrero (PO) y baleara a otras tres personas. Pero además sostiene que “el accionar policial no se limitó a ese estadio previo sino que posteriormente se facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho”. Así está definido textualmente en un tramo del expediente en el que se analiza la actuación de unos cincuenta policías, varios de ellos con rango de comisario y subcomisario. Las conclusiones sobre la “inacción” de la Federal y los presuntos intentos por borrar rastros figuran en la causa por lo menos desde diciembre, según allegados al caso. Fueron definidas por la fiscalía cuando la jueza Wilma López le reclamó que precisara lo que en tribunales llaman “objeto procesal”, o sea, qué es lo que se investiga en concreto. La magistrada necesitaba esos datos para definir a quiénes aceptaba como querellantes. (fuente diario Página 12, investigación de Irina Hauser) [Volver]
6. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Estado argentino un pedido de Jorge Portillo -víctima de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, que lo dejó paralítico - para que en dos meses dé una respuesta. Se trata de un paso previo a que la CIDH admita el caso de Portillo contra Argentina por "violación al derecho de justicia": su causa fue archivada a pesar de haber sido identificados los policías que dispararon aquella jornada en el barrio de Saavedra. El abogado Rodolfo Yanzón precisó que "el traslado al Estado argentino abre una posibilidad de justicia para Jorge Portillo, que ni siquiera fue indemnizado en estos casi diez años". En diciembre de 2005 fueron sobreseídos los nueve policías imputados por haberle disparado el 20 de diciembre de 2001(20-04-11) [Volver]
7. - Sr. Langhieri coordinador del seminario al dar comienzo al mismo. [Volver]
8. - "Bajar la edad de imputabilidad o aumentar las cárceles no son medidas disuasivas para frenar el delito" De esta reflexión participaron el psicoanalista Juan Pablo Mollo, autor del libro Psicoanálisis y criminología. Estudios sobre la delincuencia; el antropólogo e investigador independiente del Conicet, Alejandro Isla; y la psicoanalista especializada en niños y adolescentes y miembro de la APA, Ana Rozenbaum de Schvartzman. (nota publicada en el diario La Nación 22-11-01) Mollo, Isla y Rozenbaum coincidieron en señalar que la apuesta principal está en poder salir de la monocausalidad atribuida a la familia y entender que existen múltiples factores que pueden influir. Desde sus enfoques, trazaron posibles soluciones para combatir a fondo el problema de la delincuencia y rechazaron de antemano medidas como bajar la edad de imputabilidad o aumentar las cárceles porque en lugar de disuadir terminan siendo "funcionales" al mundo del delito. [Volver]
9. - Fue traída a los 13 años desde Bolivia mediante engaños y terminó trabajando en condiciones infrahumanas en una quinta de La Plata. Terminó internada por deshidratación. Ahora tiene 15 y tuvo un bebé, que se encuentra desnutrido. fue internada en el Hospital de Niños de La Plata debido a un cuadro de deshidratación. En brazos traía a su beba, de un mes, también desnutrida. "Los médicos se dieron cuenta de que estaba muy asustada y no cerraba su historia, así que se comunicaron con la Dirección de Niñez y Adolescencia", comentó Carlos Dabalioni, En el diario Página 12) titular de esa dirección, desde donde se ubicó al padre de la chica. Luego el abogado de este organismo hizo la denuncia por "trata de personas": la joven habría sido "vendida" a unos quinteros de la localidad platense de Olmos. Allí trabajaba de sol a sol, al igual que un hermano suyo de 17 años. El 18 de Abril, la beba y el padre de ambos hermanos, que vino desde Bolivia, regresaron en avión al país vecino. [Volver]
10. - En los fundamentos de este histórico fallo, la Corte sostiene que es inconstitucional obligar a un preso a pagar un alojamiento al que es forzado por el Estado ya que es éste el obligado a brindar las condiciones adecuadas de encierro, a fin de respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Los detenidos no cuentan con ningún beneficio laboral y de toda la legislación vigente, con lo cual sus honorarios son absolutamente a discreción de quienes controlan su encierro, afirmando que "no resulta admisible que, so color de la mentada readaptación, el Estado ponga la satisfacción -total o parcial- de obligaciones propias en cabeza del interno" agregando que "se impone al Estado por medio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y la responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta también en el resultado de sus vidas, salud, e integridad física y moral" finalizando que "las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones". [Volver]
11. - Adolfo Pérez Ezquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente del Servicio Paz y Justicia; Nora Morales de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Graciela Dubréz, Presidenta de la Comisión Directiva del Observatorio Internacional de Prisiones Argentina; Héctor Trajtemberg, Liga Argentina por los Derechos Humanos; Oscar Castelnovo Periodista Agencia Rodolfo Walsh; Julio Raffo Todos por derecho propio.
Constituyendo domicilio en Perú 160, Primer Piso, oficina 106- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 4-338-3070.
Nos presentamos y respetuosamente decimos:
I.- Objeto:
Que solicitamos se investigue la posible responsabilidad que podría caberle a los siguientes magistrados: Dr. Raúl Horacio Llanos (Presidente), Dra. María Cecilia Maiza, Dr. Marcelo Roberto Alvero (Subrogante), todos ellos integrantes del tribunal Oral en lo Criminal nº 24 de la Capital Federal, según consta en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. El Dr. Jorge Ángel Brugo, a cargo del Juzgado Penal Económico Nro. 5. El Dr. Fernando Adolfo García (presidente), Dr. Fernando José Talon y Dra. María Rosa Cassará (subrogante), integrantes del tribunal Oral de Menores nº 2 según consta en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. A cuya disposición se encontrarían detenidas las personas que resultaron víctimas los días próximos pasados en los hechos que a continuación se exponen.
La presente denuncia tiene origen en virtud de los graves sucesos ocurridos el día 31 de mayo de 2011 en el Servicio Psiquiátrico Central de Varones (Unidad Nº 20, Servicio Penitenciario Federal) que funciona en el interior del Hospital de Salud Mental "José T. Borda", y que tuvieran como desenlace trágico, la muerte de dos personas y varios heridos.
ll.- Hechos:
En tal sentido y en correlato con la información a la que hemos tenido acceso, los dos internos que fallecieran en el interior de Salas Individuales de Tratamiento con que cuenta la Unidad Nº 20, son los siguientes:
1) Nahuel Leandro Muñoz (22 años), quien se encontraría en carácter de procesado a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 24 de la Capital Federal, integrado por los jueces Dr. Raúl Horacio Llanos (presidente), Dra. Maria Cecilia Maiza y Dr. Marcelo Roberto Alvero (subrogante), según consta en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación.
2) David Díaz Ríos (19 años; de nacionalidad española), quien se encontraría detenido a disposición del Juzgado Penal Económico Nro. 5, a cargo del juez Dr. Jorge Ángel Brugo.
A ello hay que sumar la situación del interno que se encontraba alojado en la tercera de las Salas Individuales de Tratamiento con que cuenta la Unidad Nº 20. Se trataría de Mariano Banco, procesado a disposición del Tribunal Oral de Menores Nro. 2, integrado por los señores jueces Dr. Fernando Adolfo García (presidente), Dr. Fernando José Talon y Dra. María Rosa Cassará (subrogante), según consta en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación.
Consideraciones Previas
Centenares de detenidos han muerto en las cárceles argentinas por la quema de colchones de espuma de poliuretano. A partir de estas consecuencia en reiteradas ocasiones, la Corte Suprema de Justicia a ordenando la utilización de elementos ignífugos en todo el Servicio Penitenciario. La combustión de los elementos que no revisten estas características genera un potente asfixiante químico llamado ácido cianhídrico.
En todos estos años las autoridades de las jurisdicciones involucradas, han responsabilizado a los detenidos de provocar su propia muerte.
Así mismo subrayamos los estándares normativos que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de ejecución de la pena:
Ha instruido a los Jueces de las instancias inferiores con fecha…"Sobre medidas a adoptar para remediar la actual violación de derechos humanos de los presos, que extremen la vigilancia del cumplimiento de estas reglas y demás normas que imponen el tratamiento digno de los presos y aseguren los derechos a la vida y la integridad física de los detenidos, del personal penitenciario y de terceros".
La corte sostuvo que de verificase los extremos de violación masiva a los derechos humanos, se trataría de casos de trato cruel, inhumano y/o degradante y de ser así esto acarrearía responsabilidad internacional del Estado Federal.
En tal circunstancia la Corte confirmó también que" la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de derechos humanos a ella incorporados " obligan a brindar un trato digno a las personas privadas de su libertad y que es rol de los jueces controlar que esto se cumpla.
III.- Ofrece Pruebas
A fin de acreditar los hechos expuestos en esta denuncia, ofrecemos como prueba:Documental
lll.1 Notas periodísticas que dan cuenta del estado público que alcanzaron los hechos.
lll.2 Fragmentos de la cobertura que realizáran distintos medios televisivos.
Informativa
lll. 3 Solicitamos se libren los oficios necesarios a los fines de que remitan información:
Los cuerpos de bomberos que acudieron en el momento de los hechos.
Los Peritos actuantes.
El Servicio Penitenciario Federal.
lV.- Petitorio
lV.1 Tenga por presentada nuestra denuncia y por constituido el domicilio legal indicado.
lV.2 Tenga por interpuesta la denuncia.
lV.3 Tenga presente las pruebas ofrecidas y ordene librar los oficios solicitados.
lV.4 Haga lugar a la denuncia y disponga de todas las acciones necesarias, para establecer la responsabilidad de los magistrados que corresponda.
11-Los detenidos por causas penales que tengan menos de 18 años serán enviados, a partir de diciembre, a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. La decisión la tomó la ministra de Seguridad Nilda Garré luego de un pedido de Defensoría General de la Nación. Según informó la Defensoría General de la Nación, y consta en una Orden del Día de la fuerza, la decisión fue adoptada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, luego de un pedido de ese organismo, en el que había expresado su "profunda preocupación" por el alojamiento en seccionales de la Policía Federal de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, se resolvió "la puesta en funcionamiento de un dispositivo especializado acorde con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social", que funcionará en Tte. Gral. J. D. Perón 2048 de la Capital Federal, desde el 1 de diciembre. Allí, actualmente se encuentra el Centro de Régimen Cerrado para Adolescentes Mujeres "Ursula de Inchausti", pero debido a que habría que hacerle reformas se estima que estará en condiciones de funcionar en cuatro meses. Hasta que funcione la nueva dependencia, Garré instruyó al jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevilla, para que los menores de edad sean alojados únicamente en las comisarías 1a., 9a., 15a., 19a., 30a. 37a., 11a., 35a., 45a. y 52a. Las seccionales fueron elegidas luego de un relevamiento realizado entre el 24 de abril y el 20 de mayo en todas las comisarías, entrevistas privadas con las autoridades y la vista de los libros de registro especial de menores de edad efectuado por la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio Público de la Defensa. En esas comisarías se valoraron condiciones como la estructura edilicia, higiene, ubicación del lugar de alojamiento de menores - en relación con las celdas para mayores-, ventilación, luz natural e instalaciones sanitarias. [Volver]
12- El defensor oficial de menores, Julián Axat pidió que el ministerio de Desarrollo Social bonaerense cumpla con la ley que establece cómo debe funcionar el Centro de Recepción de menores de La Plata, ubicado en 63 entre 2 y 3 y que recientemente fue noticia por una denuncia de abuso de uno de sus internos. En diálogo con FM Provincia, advirtió que "lamentablemente la justicia ordena a Desarrollo Social que modifique los estándares de detención de este lugar, pero el ministerio los sigue sosteniendo como instituto a pesar de que la ley dice que no es un instituto". Axat precisó que la ley establece que "el Centro de Recepción es una institución por la cual ingresan los chicos que presuntamente cometieron un delito" pero que es "un lugar de ingreso, de clasificación, de selección y donde los chicos están transitoriamente hasta que la justicia, en término de 5 días, dispone lo que hace: o mantiene un encierro (en otro lugar) o dispone la libertad o una alternativa a la prisión".Axat exigió que de inmediato se tomen medidas para que el Centro de Recepción de Menores de La Plata "sea un centro transitorio y se modifiquen los estándares de detención, que se saneen y humanice el espacio" porque "de una tumba vas a sacar tumberos". Tras dar detalles del caso de abuso contra uno de los internos del lugar, el defensor oficial de menores adjudicó las pésimas condiciones de encierro a "la burocracia en minoridad". "Hay un colapso en el sistema de encierro y Minoridad ya no utiliza este lugar como recepción sino como depósito", remarcó Axat, al tiempo en que insistió: "el lugar está violando la ley" no sólo en cuanto a la cantidad de menores que permanecen allí, sino por ser utilizado como lugar de depósito y no de tránsito. "El lugar tiene déficit edilicios y de calidad humana bastante importantes que no descubrimos por este caso de abuso sino que lo venimos denunciando a través de un sinnúmero de hábeas corpus que hemos interpuesto y la situación no se modifica", enfatizó.
[Volver]12. El defensor oficial de menores, Julián Axat pidió que el ministerio de Desarrollo Social bonaerense cumpla con la ley que establece cómo debe funcionar el Centro de Recepción de menores de La Plata, ubicado en 63 entre 2 y 3 y que recientemente fue noticia por una denuncia de abuso de uno de sus internos. En diálogo con FM Provincia, advirtió que “lamentablemente la justicia ordena a Desarrollo Social que modifique los estándares de detención de este lugar, pero el ministerio los sigue sosteniendo como instituto a pesar de que la ley dice que no es un instituto”. Axat precisó que la ley establece que “el Centro de Recepción es una institución por la cual ingresan los chicos que presuntamente cometieron un delito” pero que es “un lugar de ingreso, de clasificación, de selección y donde los chicos están transitoriamente hasta que la justicia, en término de 5 días, dispone lo que hace: o mantiene un encierro (en otro lugar) o dispone la libertad o una alternativa a la prisión”.Axat exigió que de inmediato se tomen medidas para que el Centro de Recepción de Menores de La Plata “sea un centro transitorio y se modifiquen los estándares de detención, que se saneen y humanice el espacio” porque “de una tumba vas a sacar tumberos”. Tras dar detalles del caso de abuso contra uno de los internos del lugar, el defensor oficial de menores adjudicó las pésimas condiciones de encierro a “la burocracia en minoridad”. “Hay un colapso en el sistema de encierro y Minoridad ya no utiliza este lugar como recepción sino como depósito”, remarcó Axat, al tiempo en que insistió: “el lugar está violando la ley” no sólo en cuanto a la cantidad de menores que permanecen allí, sino por ser utilizado como lugar de depósito y no de tránsito. “El lugar tiene déficit edilicios y de calidad humana bastante importantes que no descubrimos por este caso de abuso sino que lo venimos denunciando a través de un sinnúmero de hábeas corpus que hemos interpuesto y la situación no se modifica”, enfatizó. [Volver]
15. - Los fiscales tienen probado que los dos chicos fallecidos, Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17, murieron por las heridas que le produjeron postas de plomo disparadas con escopetas 12.70, de uso habitual entre los policías bonaerenses. Por otra parte, los fiscales le tomaron declaración, en el hospital donde sigue internado, a Joaquín Romero, de 19, el joven que resultó herido durante los sucesos. Romero aseguró que fue atacado a balazos "por la policía", a la vez que admitió que algunos civiles, a los que señaló como "transas" (narcotráficantes) del barrio, "hicieron disparos contra los policías". [Volver]
16. - La única prueba en su contra es la dudosa versión de un testigo cuya identidad es guardada celosamente por la Bonaerense. La comisaría que interviene en el caso, que encontró al supuesto testigo, reservó su nombre y lo hizo declarar como única prueba, es la misma comisaría acusada de torturar al sospechado; el chico está detenido en el mismo calabozo donde fue apaleado. Siete policías de la misma 6ª, que fueron apartados luego de aquella denuncia, aguardan que pasen sin actuaciones judiciales los 90 días de plazo después de los cuales regresarán automáticamente a sus puestos. Que las actuaciones se muevan depende del fiscal Fernando Cartasegna, que se supone investiga a los Bonaerenses. El adolescente de 17 años, fue detenido ilegalmente por ocho policías de la 6ª, que lo golpearon esposado, que le dieron latigazos con la hebilla de su propio cinturón, que le envolvieron la cabeza con nylon y que se la sumergieron en agua podrida, después lo detuvieron por resistencia a la autoridad. Los denunciantes acompañaron con pericias médicas y psicológicas que demostraban las lesiones y pidieron al fiscal que preserve la integridad del chico y su familia. El ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal recibió a Alejandro Mosquera, Víctor Mendibil y Aldo Etchegoyen, de la CPM, ante quienes se comprometió a remover a los responsables. Lo hizo. El 12 de noviembre, Gladys Viera, madre del joven, se presentó como particular damnificada y llevó como patrocinante al defensor Axat. El juez Néstor de Aspro autorizó la presentación. Axat, acompañado por Roberto Cipriano García y Alicia Romero, del CT, solicitaron el procesamiento de los policías por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y torturas. Cartasegna tomó el pedido y en lugar de calificar la investigación como "torturas" (de 8 a 25 años de condena), lo hizo como "severidades" (de 1 a 5). el 14 de diciembre, Cartasegna presentó "una aclaratoria" al juez. En el escrito sostenía en síntesis que Axat, como defensor oficial, no puede ocupar el rol de patrocinante en una acusación. Dijo que la víctima debe ser representada "de manera exclusiva, categórica, integral y excluyente por el Centro de Asistencia a la Víctima", y con presunta ironía acusó al defensor por su "desmesurado afán por la defensa de los derechos humanos". El juez envió la "aclaratoria" de Cartasegna al defensor general platense, Omar Ozafrain, para que opinara sobre el tema. Ozafrain sostuvo que "en este tipo de hechos (la tortura) en los que la experiencia indica que la impunidad es la regla, el interés en que se cumpla la Constitución y los tratados internacionales nunca puede calificarse de desmesurado". El defensor general agregó que, además, Cartasegna no había apelado la decisión del juez, que no entendía "cuál sería el interés de dicho ministerio en excluir de la investigación a un letrado que seguramente coadyuvará en dicha tarea". Y agregó (citando una resolución de la propia María del Carmen Falbo, procuradora general) que "no existen limitaciones constitucionales ni legales para que el Sr. Defensor General adopte la decisión de ejercitar la representación jurídica que garantice -como en los casos planteados - la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a la Justicia en forma plena e integral". El fiscal se excusó y pasó el expediente al fiscal general platense. La fecha es clave: 27 de diciembre, cuatro días antes del inicio de la feria y escasos días para el fin de la disponibilidad. Pero el 30 de diciembre, antes de la feria, el fiscal general adjunto Gustavo Lambruschini ordenó a Cartasegna que siguiera con el caso. Cuatro días después, baleaban a un carnicero y un testigo de identidad reservada declaraba ante la misma Bonaerense imputando al adolescente. [Volver]
17. - La madre de Alexis Andrés Barreta (20) dice que su hijo fue a la escuela hasta 7° grado, pero desde entonces no estudió ni trabajó. Comenzó a consumir drogas a los 16 y con el tiempo la adicción al paco lo llevó a robar. "De mi casa se llevo todo: un dvd, ropa, hasta ollas y cucharas me vendía", contó la mujer, tres días después de que ella misma lo entregara a los policías de la comisaría de Bosques, en Florencio Varela. Luego, incluso consiguió testigos para que no lo liberaran inmediatamente. Finalmente la mujer Acordó con la Policía de Bosques que lo detenga. Así busca evitar que lo maten. [Volver]
18. - durante el proceso, hay irregularidades tales como: no respetar los plazos de la prisión preventiva cuya aplicación llega a un 70% de las causas tramitadas, reproduciendo de esta forma lo que sucede en el sistema penal de adultos, donde alcanza al 78%; mantiene en proceso a jóvenes una vez vencido los plazos de la suspensión del juicio a prueba o vencido el plazo tutelar incumpliendo incluso lo normado por la ley nacional de libertad o condena, aplica medidas "de seguridad" para jóvenes no punibles sin fijar plazo de duración de las mismas salvo en la ciudad de La Plata, donde un fallo de la justicia local las declaró inconstitucionales. [Volver]
19. - -El 1 de Enero en Necochea el joven Eduardo Gastón Díaz de 22 años, fue muerto por la espalda cuando intentaba escapar de la policía, luego de una pelea con otro grupo de jóvenes. El autor del disparo fue el sargento Alberto Quesada. -En San Miguel, el joven Manuel Figueredo de 18 años fue acribillado a balazos por policías de la comisaría 3ª., en un procedimiento realizado en el barrio Mitre de dicha localidad. - Melany Benítez de 14 años fue baleada por una mujer policía, esta alegó que el hermano de la niña había intentado robarle, entonces baleó la casa de la familia de Melany quién recibió un impacto de bala 9 mm y agonizando fue asistida primero en el hospital de Esteban Echeverría, pero dada la complejidad de su caso fue derivada al Hospital El Cruce. El padre de la niña relato lo siguiente: "Eran las 7 de la mañana cuando nos despertamos por los gritos y los tiros que entraban por la ventana del comedor donde estábamos todos durmiendo con mis nietos, mi hija Melany y mi mujer porque los chicos se habían querido quedar hasta tarde a mirar la tele y llevamos los colchones para ahí. Cuando escuchamos gritos y tiros mi hija se para alcanzar el teléfono y me dice "papi llamó al 911" y en ese momento se cae con un agujero en la frente. La bala le entró por el parietal izquierdo y le salió por la frente, no lo podía creer, la levantamos y mi mujer en la desesperación salió a correr a esta mujer que había disparado gritándole "me mataste a mi hija, me mataste a mi hija" y ella se da vuelta y le dice "jodete porque tu hijo me quiso robar".
-A principios de agosto un policía de la metropolitana, David Alejandro Barrios, asesinó a balazos a Rodrigo Alfredo Romero de 16 años y a Ariel Marchioni de 23 años en un colectivo que circulaba por el distrito de Avellaneda. La versión que da el policía es que estos jóvenes junto a otros dos que lograron escapar, estaban asaltando a los pasajeros. Sin embargo las declaraciones de uno de ellos no coincide, ya que afirma que los chicos salieron huyendo asustados y que el policía remató a sangre fría a una de las víctimas que agonizaba. -A principios de noviembre el joven Jonathan Damián Alí, de 19 años, es trasladado de la localidad bonaerense de San Pedro a la ciudad de Avellaneda, donde en el hospital Fiorito de dicha localidad, se le practica una operación para extraerle un proyectil alojado cerca de la columna vertebral. Es en esas circunstancias, que recibe una brutal golpiza de parte del personal policial que debía custodiarlo, lo que es constatado por el personal médico quien hace la correspondiente denuncia, y que le provocarían la muerte ocurrida el pasado 10 de octubre. Según consta en el informe de Banco de Datos de Casos de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Defensoría de Casación del Ministerio Público, al 31 de agosto del presente año fueron víctimas 33 jóvenes menores de edad, según los datos recabados por los defensores del Fuero Penal Juvenil y se registraron en los siguientes departamentos judiciales: La Matanza 1 caso; Lomas de Zamora 3 casos; Bahía Blanca 4 casos; Mar del Plata 10 casos; Morón 2 casos; San Isidro 1 caso; San Martín 4 casos; Zárate-Campana 6 casos. [Volver]
20. - Solamente podrán ser alojados en tránsito y por 12 horas como máximo, hasta que se defina su situación procesal, por lo cual el ejecutivo provincial deberá "elaborar un plan de acción concreto, realista y efectivo que contemple la adopción de un conjunto de medidas que permitan terminar con la excesiva población que aloja el Centro de Recepción de La Plata" dando un plazo de tres meses para la elaboración del mismo. Esta no ha sido la única presentación, ya que existen habeas corpus similares, uno presentado en el mes de octubre por la Comisión Provincial por la Memoria, a raíz de la situación de alojamiento del Centro de Recepción de Lomas de Zamora y otro en el que se cuestiona las condiciones del Instituto Almafuerte de La Plata. [Volver]
21. - "Un policía le dio el encendedor a uno de los muchachos y le dijo: 'Si sos macho, préndete fuego. Le tiró el encendedor y les cerró la puerta de la celda con candado. Prendieron fuego los colchones, pero el efectivo no abrió la puerta. Otro agente le dijo que no haga eso y llamó al comisario. Recién cuando el comisario llegó dio la orden de abrir", denunció a la Radio Ancasti Julio Molas, el padre uno de los chicos. La ambulancia tardó en llegar. Los chicos sólo podían estar detenidos 48 horas, pero estaban hace 9 días. Los familiares salieron a la calle a denunciar cómo murieron sus hijos. "Le rogamos el viernes (3/09) yo, la madre de Fernández, para que le den la libertad a mi hijo y no le dan, el viernes me dicen 'por castigo lo vamos a entregar el lunes'. El lunes me dice 'porque lo vamos a seguir castigando lo vamos a entregar el viernes', incluso mi hijo murió a las dos y media de la tarde del viernes, a mí me avisaron a las diez de la noche", relató el padre de Molas. Encima, los pibes sufrieron torturas: en diálogo con Fénix 102.7 Catamarca, expresó: "mi hijo me lo contó cuando lo fui a visitar para llevarle comida. Un policía le introdujo un palo en el ano. Hice la denuncia en la fiscalía número 8 de Miriam López". La madre Nelson Fernández contó a "El Ancasti" la historia de su hijo: "Era hermoso. En casa eran cinco hermanos, y él era el del medio. Era un muy buen chico. Nelson llevaba 9 ó 10 días en la Alcaldía. Estaba allí desde el jueves anterior a la semana pasada, porque junto con Molas le habían pegado a un chico y le habían robado la mochila. Mi hijo ya tenía antecedentes por hechos similares. Cuando los demoraron por el arrebato supuestamente estaban en un predio con el chico Molas consumiendo. Es que él era adicto desde hace dos años más o menos. A los trece años ya se había iniciado. Por eso a veces yo le negaba plata, porque sabía que no era para nada bueno. Él estuvo en tratamiento en Humaraya. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia y que la jueza de Menores no siga en su puesto, porque no está capacitada para estar a cargo de chicos con problemas de adicción". [Volver]
22. - Una visita realizada el 14 de Octubre por un equipo de expertos de la Comisión por la Memoria, la Procuración Penitenciaria, y la Asociación Pensamiento Penal, derivó en un informe de contundente: "En la Alcaidía ni siquiera pueden tener animales", dijo Nicolás Laino, secretario de APP.
Los fiscales Morales y Sago imputaron por homicidio culposo a cinco policías y avanzan en esa dirección. Pero, además, solicitaron la investigación de ambas juezas, Ana María Nieto (a cargo de la detención de Molas) e Ilda Figueroa (responsable por los otros tres chicos) y contra el ministro de Gobierno, Silva. El Código de Procedimientos de Catamarca impide a los fiscales investigar funcionarios con fueros judiciales o de gobierno. Las normas indican que deben solicitar la investigación y un juez decidirá si se avanza o no, para luego, en caso afirmativo, iniciar el jury que quite los fueros y habilite la investigación. Para el caso, el juez José Antonio Carma recibió el pedido sobre las juezas y lo rechazó por inconstitucional, argumentando que el sistema acusatorio de Catamarca impide que los jueces investiguen, facultad que corresponde a los fiscales. Conceptos semejantes utilizó el juez Porfirio Acuña, al rechazar la investigación sobre el ministro Silva. Los fiscales apelaron la medida. "Después de siete años de creado el mecanismo de investigación a cargos protegidos por fueros, se les ocurre que es inconstitucional (confió a el diario Página 12 un reconocido penalista catamarqueño) Hace poco uno de estos jueces ordenó quitar los fueros a un diputado acusado de malversación y en ese momento no se le ocurrió la inconstitucionalidad." [Volver]
23. - El magistrado aclaró que no se trata de un solo problema a resolver. "Es una conjunción de elementos: la situación habitacional en la que viven en los distintos barrios periféricos, los problemas sociales y económicos, la falta de control por parte de los padres. Son constantes que se mantienen, pero ahora se agravaron. Los chicos están actuando muy agresivamente". El titular del Juzgado de Menores Nº 1, detalló que esta situación se vive en varios barrios de la provincia. "Sin embargo, en estos momentos estamos trabajando con muchos chicos que residen en zonas periféricas. Eso se debe básicamente al factor social: el hacinamiento, la pobreza y otras circunstancias. Algo está fallando, evidentemente". . "Hay casos de chicos internados y con tratamiento en la vecina provincia de La Rioja, por ejemplo. Buscamos darle una solución al problema, pero no podemos ingresar a un chico al sistema penal para internarlo por sus adicciones", informó. [Volver]
24. - En las instalaciones de la Comisaría Séptima se desarrolló el acto formal y la primera jornada de capacitación contó con la presencia de la Subsecretaria de Trabajo Laura Vischi, las Juezas de Menores Nº 1 y Nº 2 Dra. Rosa Esquivel Iglesia y Dra. Irma Domínguez respectivamente, junto al Sub Jefe del Servicio Penitenciario Ramón Zaracho y la Alcaide de Menores Comisario Lic. Edith Mariani, además de otros funcionarios policiales. Por tercer año consecutivo el Gobierno de Provincial, a través la cartera de Trabajo está poniendo en funcionamiento cursos de electricidad y teatro, para los menores alojados en la comisaría séptima, novena y la Granja San Martín. La subsecretaría provee los capacitadores y los materiales necesarios para el desarrollo de las capacitaciones que tendrán una duración de tres meses y al finalizar, los jóvenes serán incluidos en la bolsa de empleo, en búsqueda concreta y real de una salida laboral y reinserción social de los mismos. Según los datos aportados por los Juzgados de Menores entre el 80 y el 90 % de quienes participaron de estas capacitaciones no volvieron a delinquir y en algunos casos, actualmente, trabajan en la calle de lo aprendido en los talleres. [Volver]
25. - "En la actualidad, haciendo referencia exclusivamente a la ciudad Capital de la Provincia de Corrientes, es dable señalar que funcionan, en lo relativo al alojamiento de menores varones en conflicto con la ley penal, las Alcaidías de Menores que funcionan en las Comisarías Seccionales 7ª y 9ª de esta ciudad y la Granja General San Martín (U II). Es importante señalar la gravedad del alojamiento en Comisarías, amen de su ilegalidad e inconstitucionalidad. Destacando en este aspecto, que las Comisarías mencionadas precedentemente, dependen jerárquicamente de la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, por lo tanto, se debe tener muy en cuenta que el personal policial encargado de la custodia y cuidado de los menores allí alojados, carecen en forma total, de la debida capacitación y especialización, en el tratamiento con adolescentes infractores o en conflicto con la ley penal, ya que las Comisarías Seccionales, poseen funciones de Prevención y Represión dentro del ámbito de su jurisdicción. Por imperativo constitucional no puede haber menores alojados en dependencias policiales, y en el supuesto de que ello suceda, ante ciertas y extremas circunstancias, se debe considerar lo dispuesto por el Artículo 37 incisos A), B), y C) de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada en el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y ratificada por Ley 23.849.- Lo que se agrava en la práctica, ya que dichas dependencias funcionan como áreas accesorias de las Comisarías en cuestión, siendo evidente los problemas de infraestructura edilicia, inadecuados e inhumanos para alojar a estos adolescentes; de carencia de personal idóneo con suficiente capacitación, en la problemática minoril, debiendo apreciarse además, que los encargados de la custodia de los menores allí alojados, que no pertenecen al servicio penitenciario (como debería ser), sino, que se trata de funcionarios policiales, que, como se mencionara precedentemente, poseen, una formación absolutamente diferente a la que goza un agente de Servicio Penitenciario. La solución que ponga coto a la cuestión es de índole interinstitucional y multidisciplinaria. Es imperioso la creación del INSTITUTO INTERMEDIO, el cual, podría funcionar en la actual Granja General San Martín (U II), debiendo efectuarse en la misma importantes modificaciones edilicias tales como mejoras sanitarias, dormitorios, separar los sectores en áreas, debiendo establecer un criterio basado, en: la edad, la peligrosidad y la situación del adolescente de que se trate, Instituto del que hoy se carece, ya que la Granja mencionada, posee una estructura precaria, pero que podría ser la base para la creación de un excelente Instituto Intermedio, por tratarse de un predio con suficiente espacio físico, de forma tal, que se pueden realizar las modificaciones edilicias necesarias, como así también contar con salas especiales, para enseñanza, aprendizaje de oficios, consultorios para los distintos profesionales, que llegaran a desempeñarse en el Instituto Intermedio pretendido, y por sobre todas las cosas por contar con espacio verde, en cantidad suficiente, como para proyectar, granja, huerta, y cancha de deporte. Se debe erradicar de la Provincia de Corrientes el alojamiento de menores en dependencias policiales, en forma inminente, y que las mismas cumplan el fin para el cual fueron originariamente creadas. Es dable destacar que la mayoría de los menores al momento de cometer un ilícito se hallan bajo el efecto de sustancias prohibidas y toleradas desde el Estado (marihuana, psicotrópicos, pegamento, alcohol, cócteles; etc.), lo que complica mucho la actividad jurisdiccional, por carecerse en las dependencias policiales de personal que conozca, pueda controlar y resolver éstas situaciones, en la emergencia, de forma tal que puedan evitarse males mayores, en detrimento de la salud psicofísica de los adolescentes e incluso la del mismo personal policial, basta recordar hechos acontecidos años anteriores, que provocaron la muerte de algunos internos, alojados en las condiciones aquí descripta". [Volver]
26. - En diálogo con la Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia, la magistrada evaluó esta problemática como de alta complejidad y que las perspectivas al respecto resultan de difícil resolución sin la adopción de políticas específicas. Destacó que, aún siendo que la problemática del delito con menores no se ha incrementado en las estadísticas denunciadas, es llamativa la gravedad de los hechos investigados y juzgados, que sí ha aumentado. Según su análisis, históricamente no se ha resuelto una cuestión central en relación con el tema de la minoridad: el de la implementación de lugares de detención y alojamiento apropiados para menores en conflicto con la ley, mientras se arbitran las medidas necesarias para su incorporación al sistema tutelar, aún vigente, el de la ley provincial 4369.
Este problema afecta no solo a la justicia, sino también a las familias que conviven a diario con un menor en estas condiciones. Explicó que "el juzgado realiza una evaluación diagnóstica, pero todo lo relativo al seguimiento, control y cumplimiento de las medidas adoptadas por el juzgado, le correspondería realizarlas al Poder Ejecutivo". La magistrada también se refirió al conflicto que se suscita por la aplicación de las leyes, dado que, con la aplicación de la ley 26579, se hace de difícil implementación la 22278 y el artículo 87 de la ley 4369 (que expresa "cesará automáticamente la internación") porque al cumplir la mayoría de edad a los dieciocho años, cesa de pleno derecho la intervención con el menor del juez. "Todavía tenemos procesos tutelares aunque todos los proyectos de ley nacional los han excluido, ya que se prevé una justicia restaurativa de menores, tendiendo a que haya mediación, medidas alternativas de conflicto y cumplimiento de sanciones no privativas de la libertad, por ejemplo". [Volver]27. - El dirigente de la ONG local sostuvo que "los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro; tenemos que cuidar de ellos y no cuidarnos de ellos, como se sugiere desde algunos sectores pudientes y algunos medios de comunicación". Por su parte, Manuel Lazarte propuso "demostrar qué justicia queremos para los pibes, si la que actúa demasiado rápido cuando un pibe delinque o la que actúa con tanta lentitud cuando los pibes son las víctimas. Hay casos que nos causan realmente indignación y pareciera que se quieren tapar, ocultar; esta forma tan distinta de actuar que tiene la justicia según quién sea la víctima", dijo Lazarte, quien se preguntó, además, si las comisarías "están en condiciones de albergar a chicos de catorce o quince años, porque por lo que se sabe están atestadas de gente condenada que permanece allí". Raquel Barabaschi señaló que "cuando participamos del Consejo de Seguridad planteamos que se atendían los reclamos de un sector mientras que, por ejemplo, para poner operadores de calle para trabajar con los chicos de los barrios no había la misma respuesta. Se invirtió dinero en las cámaras y en realidad no sirvieron cuando hubo hechos delictivos de importancia. Más que bajar la edad de imputabilidad, para los chicos lo que hay que generar son sistemas educativos inclusivos, escuelas de doble jornada y técnicas que les permitan salir con una capacitación laboral. Hay mucho por hacer, pero hay que empezar por otras cosas que la edad de imputabilidad. Sobre todo, reconstruir los lazos de solidaridad, cuya destrucción tanto daño le ha hecho a la sociedad". [Volver]
28. - La legisladora Verónica De María, declaró a la agencia DyN que presentará un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial por el hecho."La idea es avanzar también sobre la formación de la policía en la provincia, porque la sospecha es que este tipo de prácticas se implementan desde hace años". [Volver]
29. - A los 17 años, el padre de Truzzi y el director del Instituto de Menores Belgrano habíandenunciado a un cuidador por maltrato. Años después, Truzzi fue detenido y en 2009 entró a Marcos Paz, justo cuando aquella causa que lo tenía como querellante comenzaba a avanzar. "Yo no sé qué relación había con los penitenciarios, pero se me empezaron a acercar y me decían "bajate, no sabés con quién te estás metiendo'", recuerda. Los castigos contra él, y contra el preso que declaró que lo habían tentado para que lo matara, se hicieron constantes y el 24 de enero de 2011 (cuando volvían de declarar por esa causa) se produjo un incendio en su celda. "Me desperté por el humo y vi que el colchón que había apoyado en la puerta era puro fuego. No me acerqué al fuego, pero lo que quema es como un vapor, las cosas de hierro en la celda se calientan, es muy doloroso", cuenta sobre los 15 minutos que pasaron hasta que le abrieron Truzzi pasó diez meses internado en distintos hospitales. Tres días después de reintegrarse a Marcos Paz sufrió una nueva paliza, lo sacaron de esa cárcel de urgencia y el 29 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal 13 decidió aceptar su pedido de prisión domiciliaria para el resto de la pena, que deberá cumplir al menos hasta fin de año. Aún así, asegura que no está tranquilo: "No sé qué pueda pasar cuando vuelva a salir a la calle". [Volver]
30. - (11 de Julio de 2011) El director nacional del SPF, Victor Hortel, guío la recorrida presidencial por uno de los módulos del Centro Penitenciario del Noroeste. Acompañan el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y la directora del establecimiento, subprefecto Elizabet Sánchez, entre otras autoridades. La presidenta, Cristina Kirchner, afirmó que "hoy hacemos un ejercicio de dignidad" al inaugurar como un "establecimiento modelo en Latinoamérica" dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el Centro Federal Penitenciario del Noroeste Argentino en la localidad salteña de General Martín Güemes. "Puedo asegurar que son de absoluta vigencia y respeto a los derechos humanos" las instalaciones del establecimiento de detención enfatizó la presidenta, tras haberlas recorrido antes del discurso que pronunció al activar el complejo penitenciario de 488 plazas, con las que se amplía en más de un veinticinco por ciento su número en un sistema que hace tiempo no registra sobrepoblación penal. [Volver]
31. - fuente Comisión Provincial por la Memoria. [Volver]
32. - a partir de ese momento aceptó salir a robar siendo designado responsable de un grupo por el prefecto Mario Aranda, el prefecto Horacio Ruiz y el inspector mayor Claudio Molina, para lo cual le suministraron uniformes, armas y teléfonos celulares. Esta denuncia fue ratificada luego por el directo involucrado quien reconoce las fotos obrantes en la causa e individualiza tanto a los penitenciarios como a sus acompañantes de cautiverio que figuran en las mismas. Informa de los lugares donde debían actuar, agregando que las unidades robadas eran llevadas al taller del penal, donde un grupo de internos las desarmaban para la venta de autopartes. El pago que le efectuaban era entre $ 1.000 y $ 1.500 por unidad y el compromiso de realizar conceptos favorables en los legajos a fin de poder conseguir la libertad anticipada. Un segundo detenido confirma los hechos agregando como nuevo dato el ingreso de drogas al penal. Un tercer detenido confirma el uso de uniformes para salir a robar y que los penitenciarios marcaban los lugares a operar, confirmando la existencia de un desarmadero en el penal. Posteriormente a la declaración, la justicia constata que el interno fue golpeado, presentando heridas en cabeza, espalda y cortes en el abdomen, los que según su denuncia fueron provocados por integrantes del servicio penitenciario. El 1 de marzo en un allanamiento practicado al penal, fueron encontrados autopartes de un coche robado en los talleres del complejo penitenciario [Volver]
33. - El caso (lleno de irregularidades) derivó primero en una absolución (en el juicio el fiscal y el abogado querellante desistieron de acusarlo) y ahora en un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo por el que se ordena al Estado provincial indemnizarlo. Para detener a Claudio Herrera se esgrimió una llamada anónima que lo señalaba como autor del homicidio. Y no lo ayudó que en su casa hubiera dos armas. Ni los policías ni la fiscal quisieron darle crédito a la documentación de que ambas eran de su cuñado, que vivía en la casa vecina y que estaban debidamente registradas. "Se las había dado para que se las guardara cuando se fue de vacaciones", agregó Kovalink (su abogado defensor). El tribunal a cargo del juicio vio todas estas irregularidades : "No me explico cómo, con tantos interrogantes y contradicciones, se trajo a juicio a una persona con una imputación que, por su gravedad, llevó a que la misma estuviera en prisión preventiva hasta la audiencia", dijo en el entonces presidente del TOC 3 de Quilmes, Martín Arias Duval y subrayó que Herrera fue preso "sólo porque un llamado anónimo dio cuenta de que un auto de la misma marca que el suyo estaba relacionado con el hecho". [Volver]
34. - "Estaban prendiendo fuego la casa de mis padres, fuimos para pararlo, pero en ese momento apareció un patrullero que nos llevó a mi, a mi hermano y a mi hermana Norma. Después apareció un hombre que nos acusó de ser los autores del crimen", contó hoy Guillermo, uno de los hermanos absueltos.
Por esa época, Guillermo tenía trabajo y su mujer estaba a punto de parir. "Me perdí el crecimiento de mi hija, ni siquiera me dice papá, no me reconoce, me dice Guille. Me alejaron de mi familia", se lamentó.
"Cuando me detuvieron yo hablaba y les decía que era inocente, pero nunca me escucharon. Quedé preso, me hizo muy mal psicológicamente, pero por suerte ahora se hizo justicia", explicó pocos minutos después de su liberación. Su hermana Norma también resaltó el trabajo del Tribunal oral y el de su abogado, Miguel Raccanelli. La mujer estudiaba periodismo y trabajaba desde hacía ocho años como administrativa en el Hospital Italiano cuando sorpresivamente fue apresada. La Justicia "tenía todo para que nos dieran la libertad, pero querían que alguien pague por ese crimen", concluyó. [Volver]35. - "Antes de iniciar el juicio oral empezamos a preparar el debate. Ahí fue que vimos muchos baches en la acusación contra Roig. Por ejemplo nos dimos cuenta de que faltaban declaraciones de testigos. Hasta que llegamos a determinar que el chico era totalmente inocente", afirmó al diario Clarín Jorge Eduardo Bellido, abogado de la familia del chico asesinado. Según la agencia Télam, e l fiscal de Mercedes Guillermo Altube consideró que no había pruebas para condenar a Roig y pidió su libertad, que concedieron de inmediato los integrantes del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2. [Volver]
36. - Además, explicaron que por el caso del homicidio de Gorosito actualmente hay cinco policías detenidos desde el año pasado, por lo que suman nueve. Según las fuentes, los detenidos son el oficial inspector Fabián Oviedo y los oficiales Víctor Cuello, Marcos Di Pierro y Leonardo Ose. [Volver]
37. - En el argot popular sinónimo de problema. [Volver]
38. - publicación en el diario "Página 12" [Volver]
39. - Fuente e investigación diario "Página 12" [Volver]
40. - Los familiares del joven que apareció descuartizado sobre las vías del tren, en inmediaciones de la estación Grand Bourg, expresaron sus sospechas sobre la participación de personal de Gendarmería Nacional en una golpiza previa a la muerte en el accidente ferroviario y denunciaron la demora en la entrega del cuerpo y su falta de conservación en la morgue de un hospital de la zona de Ciudadela a la que fue derivado el cadáver. Además, la novia y el grupo de amigos que lo acompañaban, luego de pasar unas horas en el boliche bailable, manifestaron que "luego de un problema con los patovicas y una discusión en la calle, salió corriendo y no volvimos a verlo, hasta que más tarde nos enteramos de lo que había pasado". [Volver]
41. - 16-11-11 Hilda Presman, titular de la Comisión Provincial de DDHH, respondió los dichos del comisario Miguel Ángel Domínguez, quien la apuntó como una de las probables 'incentivadoras' de la huelga que llevan adelante internos de la Unidad 6. "No tengo ni la menor idea de lo que dijo Domínguez porque no me hicieron planteos formales. Hay una situación evidente que es el reclamo por la situación de vejaciones, de maltratos en las unidades carcelarias", dijo y agregó: "pretenden desviar la atención y buscan matar al cartero. No pueden negar que estas situaciones son reales. Ni pueden negar la emergencia carcelaria que se da desde hace más de dos años. Yo no invento nada". "La morosidad judicial fue constatada ayer por el STJ por medio del doctor Chaín y habría que pedir un balance mensual de cuantas denuncias hay por maltrato en las cárceles. Ese es el punto. Lo otro es tratar de eludir el tema de fondo No me hago cargo de las expresiones de Domínguez. La situación es real en las unidades penales. No voy a polemizar con lo que dice Domínguez. Mis datos tienen que ver con la realidad carcelaria", agregó. [Volver]
42. - "En la Unidad 1 los incidentes comenzaron porque a un preso se le negó ir al velatorio de su padre, lo que dio lugar a una represión generalizada que terminó con mas de cien presos lesionados, diez de ellos de gravedad, al punto de que tuvieron que ser internados", explicó Pressman. [Volver]
43. - El interno Raúl Abel Sánchez, que se encontraba detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario de Corrientes, está ahora internado en estado de coma en un hospital provincial luego de haber recibido una fuerte golpiza durante una represión ocurrida el 16 de enero en esa cárcel. La noticia, que fue informada al diario Página/12 por Hilda Pressman, de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia, había quedado silenciada porque en forma casi simultánea, el fin de semana del 14 al 15 de enero, en la Unidad 1 de la misma provincia, otro motín había sido sofocado con violencia y acaparó toda la atención de la prensa local. [Volver]
44. - El policía fue denunciado en 2008 por una joven a la que pretendió engañar con una oferta de trabajo para, en realidad, insertarla en una red de trata. Cómplices del policía, que no pudieron ser identificados, también hicieron la misma oferta a varias jóvenes en nombre de personajes conocidos en la provincia, como un diputado nacional o jefes de la fuerza de seguridad provincial, quienes desmintieron su participación. Después de contactarse con un supuesto empresario de apellido Vacarat, la joven y su madre decidieron acudir al diputado nacional Alberto Paredes Urquiza, cuyo nombre había sido invocado en la conversación por los intermediarios, quien negó tener vinculación con la organización y acompañó a la familia en la denuncia. [Volver]
45. - En declaraciones a radio Continental, dijo que hasta el momento "los presos están indicando que <no hay ninguna persona herida" en el pabellón 5 de la cárcel situada en la localidad de Cacheuta, en Luján de Cuyo. [Volver]
46. - Luego, los empleados del negocio se negaron a atenderlo por desconfianza ante el inusual pedido y el hombre salió a la carrera e ingresó a una mueblería de la calle San Martín, en el que tampoco recibió ayuda. Los comerciantes detallaron las características físicas del hombre y más tarde un móvil policial lo localizó a algunas cuadras de los negocios a los que entró y, pese a su resistencia, fue detenido y trasladado a la comisaría 27ma. de la misma ciudad. Allí, los uniformados informaron que el detenido ingresó muy alterado y fue sentado en el patio de la comisaría hasta que minutos después sufrió una descompensación y, pese a las maniobras de resucitación que le prestaron, murió alrededor de las 17. La fiscal de Delitos Complejos de la justicia provincial, Claudia Ríos, inició las investigaciones y dispuso el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para que los exámenes determinen las causas de la muerte. [Volver]
47. - El grupo de reclusos estaba compuesto por jóvenes de entre 25 y 30 años que cumplen penas por delitos contra las personas y contra la propiedad. El jefe penitenciario aclaró que los amotinados reclamaron "mejor atención médica, recreación y que se aceleren los beneficios de la pena". Además, Sarmiento ratificó que "la situación en el penal San Felipe fue superada, no afecto al resto del establecimiento (que aloja alrededor de 500 internos) y tampoco se registraron daños ni víctimas". [Volver]
48. - La medida, consistente en cinco "jus" de multa, equivalente a 1.600 pesos, recayó sobre el ex juez de Instrucción y Correccional de la localidad de San Jorge y actual fiscal Regional de la ciudad de Reconquista, Eladio García, informaron fuentes judiciales. Los magistrados consideraron que cometió actos que comprometieron la dignidad de su cargo. El gremio que nuclea a los empleados judiciales de la provincia había realizado la denuncia ante la presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe. Allí, el sindicato destacó la grave situación laboral que padecía el personal del tribunal del Dr. García. En las investigaciones, dijeron las fuentes, se pudo establecer que el ex juez "infligía a sus dependientes un trato irrespetuoso, autoritario y muchas veces mortificante".[Volver]
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