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03mar04


La fiscalía planteó la nulidad de los indultos coincidentemente con la autocrítica del Almte. Godoy sobre la ESMA.


La Fiscalía Federal planteó hoy la nulidad de los indultos mediante los que el ex presidente Carlos Menem benefició al ex comandante del I Cuerpo de Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason y a otros cinco jefes militares acusados de crímenes contra la humanidad.

El planteo de la Fiscalía se produjo en la misma jornada en que el jefe de la Marina, almirante Jorge Godoy, reconoció por primera vez que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue, durante la última dictadura (1976-83), escenario "de hechos calificados como aberrantes y agraviantes ode la dignidad humana".

Godoy admitió que la ESMA, el mayor centro clandestino de detención que funcionó en la dictadura, es "un símbolo de barbarie e irracionalidad". Y aclaró tener esa certeza "por la acción de la Justicia", que ha acreditado las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas en los años '70.

Menem dictó una serie de indultos en 1989, meses después de asumir su primer mandato, y otorgó nuevas indulgencias en 1990, con lo cual puso fin a los procesos judiciales abiertos entonces contra autores y partícipes de la represión ilegal, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El perdón alcanzó también a jefes guerrilleros.

Entre los beneficiarios de los indultos figuraron Suárez Mason y los generales Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald y Jorge Carlos Olivera Rovere, cuya detención inmediata fue solicitada hoy por los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado.

Los fiscales reclamaron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga los crímenes cometidos en los 19 centros de detención que funcionario bajo el Comando del I Cuerpo de Ejército, el arresto de los militares y la nulidad de los indultos con los que fueron favorecidos en 1989 y 90, a través de los decretos 1002 y 2746 que firmó Menem.

"No existe espacio para seguir discutiendo si los indultos son constitucionales o no", consignaron los fiscales en un dictamen de 17 carillas, al que tuvo acceso DyN.

Sigwald fue interventor de Córdoba en la dictadura, mientras Sasiaiñ prestó servicios como titular de la Policía bonarense y fue jefe de los centros clandestinos de detención "La Perla", en la provincia mediterránea, y "La Rivera". El resto de los acusados integró el aparato represivo en esta Capital.

"No puede atribuirse carácter de cosa juzgada a la sentencia que, teniendo por fundamento los indultos, dejó sin efecto los autos de procesamiento" impuestos desde fines de los '80 a los acusados, "pues resulta incompatible con los derechos y garantías constitucionales y con los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos".

El juez Canicoba podría ahora declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los indultos, tal como ocurrió en varios procesos penales respecto de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que finalmente fueron dejadas sin efecto por el Congreso en setiembre pasado.

La Cámara Federal, que confirmó las resoluciones de primera instancia que decretaron la inconstitucionalidad de las leyes, ordenó en setiembre reactivar las causas por crímenes en la ESMA y el I Cuerpo de Ejército, al amparo de la nulidad dispuesta por vía parlamentaria, lo cual ha sido recurrido ante la Corte Suprema de Justicia por los represores.

Canicoba indagará mañana al ex jefe de Investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz. Además, en el expediente que instruye el juez hay una decena de militares detenidos, entre ellos un grupo de policías de La Pampa y el ex agente Julio Simón, alías "el Turco Julián".

Sin embargo, la Justicia está impedida de avanzar sobre los responsables de los delitos del I Cuerpo que han sido indultados. Por eso, la fiscalía pidió la nulidad de la indulgencia.

Los fiscales remarcaron que los indultos son incompatiables con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y subrayaron que "ningún acto del Estado puede ser tenido por válido si implica la lesión de alguno de esos derechos y garantías reconocidos universalmente".

[Fuente: Agencia DYN, Bs As, 03mar04]

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