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07ago11
El curioso equipo de sabuesos que creó Alicia Kirchner
Coincidencias y silencios. El 15 de julio pasado, el mismo día en que un peritaje judicial descartó que los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera fueran hijos de personas desaparecidas en 1975 y 1976, el Gobierno creó una comisión de funcionarios con vía libre para ingresar y revisar los archivos de los institutos de menores de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
El grupo, conformado por el personal directivo y parte de la planta política del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner, actuará con un objetivo específico: buscar los documentos fechados entre 1973 y 1985.
La orden llegó a través de la circular 1-11, la primera que dicta en el año la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Se trata, también, de la primera instrucción en los ocho años que la cuñada de la Presidenta lleva al frente del Ministerio, según indicaron empleados de los institutos consultados por LA NACION.
La circular fue firmada el 15 de julio. Al día siguiente, tanto el Gobierno como los organismos de derechos humanos identificados con el oficialismo comenzaron a argumentar que todavía se podía investigar por apropiación ilícita a la madre adoptiva de los jóvenes, la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
La Senaf tiene a su cargo seis institutos de menores en la Capital Federal y otros cuatro en el conurbano. Los establecimientos del interior dependen de los Estados y juzgados provinciales. Según pudo saber LA NACION, el pedido de investigación no se hizo extensivo a estos establecimientos.
Adopción ilegal
Según el argumento explicitado en la última semana por el kirchnerismo, si los hermanos Noble Herrera no son hijos de desaparecidos quedaría la posibilidad de que se tratara de menores abandonados o dados en adopción, cuyo principal destino en el Gran Buenos Aires son los institutos mencionados. Allí también podrían estar las pruebas que busca el Gobierno.
La circular establece que a partir del 18 de julio se realizará un relevamiento en la totalidad de las dependencias de la Senaf, a los efectos de identificar los lugares en los cuales exista depósito o archivo de documentación que, en una primera etapa de investigación, se centrará entre el 1̊ de enero de 1973 y el 31 de diciembre de 1985.
El comunicado autoriza a los funcionarios designados para "acceder a la totalidad de los lugares que conformen el predio de los establecimientos", contra cualquier "impedimento", y ordena que los documentos relevados sean trasladados a la sede de la Senaf, a cargo de Marcela Vessvessian. El plantel de 31 investigadores, que incluye a técnicos, funcionarios, dirigentes piqueteros y algunos candidatos del Frente para la Victoria, estaría a las órdenes de Mónica Fernández, jefa de gabinete de la Senaf.
"Son muchos los trabajadores que sienten la necesidad de transparentar el rol de los establecimientos durante la dictadura, un rol bastante oscurecido por los rumores", explicaron a LA NACION desde uno de los institutos. "Ahora, después de ocho años en el Ministerio de Desarrollo Social, es la primera vez que se deciden a hacer esta investigación y justo cuando sale negativo lo de [los hermanos] Noble Herrera", agregaron.
Para Graciela Fernández Meijide, que fue secretaria de la Conadep, el organismo que recibió y compiló las denuncias por desapariciones durante la última dictadura, resulta "al menos sospechoso" que en la investigación no participe la Secretaría de Derechos Humanos.
"Los chicos secuestrados iban a familias vinculadas con los militares o quedaban en manos de algún vecino o familiar; muy pocos fueron a institutos de menores", explicó Meijide, para interpretar: "Me parece que buscan demostrar que hubo una adopción ilegal".
Desde que tuvo acceso a la circular, LA NACION se comunicó en seis oportunidades con Desarrollo Social y pidió información a los despachos de Vessvessian, Fernández y de Prensa del Ministerio. El silencio fue la única respuesta.
[Fuente: La Nación, Bs As, 07ago11]
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