| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
02may15
Sin derecho a la identidad no hay memoria posible
Empezó casi sin darse cuenta. De un año al otro al parecer, que la memoria se fue desdibujando. De un 21 de noviembre a un 22 de octubre. Que al fin y al cabo se trataba de una figura política. Del emblema de una lucha. Del coraje. De la resistencia. Y de esa Abuela ejemplar que suspiraba y miraba el horizonte a la espera de que le fuera devuelto su nieto apropiado por la dictadura genocida. Y por qué no, entonces, si da lo mismo una fecha. Un detalle aquí y otro allá.
Y de repente es el 22 de octubre.
Sí, ese día es más "políticamente correcto" reinventar la historia de la fundación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Es el cumpleaños del emblema de la lucha. Y por qué no, además, se le da un plus simbólico y se sube la apuesta. Este día tiene que ser el día nacional del Derecho a la Identidad. Transformado en ley por el Congreso de la Nación Argentina nadie puede dudar de la veracidad ni cuestionar el emblema de una lucha. Porque si se cuestiona a Estela Barnes de Carlotto se ataca el corazón mismo de las reivindicaciones por los derechos humanos.
Entonces siendo incuestionable su lucha, su historia y las innumerables reivindicaciones fraguadas a través de los años, todo lo que Estela y su familia emprendan será, desde todo punto de vista, incuestionablemente aceptado.
La política de derechos humanos, con la venia y beneplácito de Estela, será entonces para todo el pueblo una política incuestionable. Y si algún ojo crítico se acercara a complejizar cualquiera de éstas políticas será señalado como servil a la derecha y cómplice de la impunidad genocida.
Y pasó, casi sin darse cuenta, que las Abuelas de Plaza de Mayo se resumieron en una Abuela: la actual presidenta de la Asociación. Una luchadora, una militante pero -al fin y al cabo- una persona.
Y el Estado Nacional definió como política de derechos humanos cederle a Estela, por medio de su Asociación Civil, el arbitrio de todas las políticas de derechos humanos referidas a delitos de lesa humanidad y robo de niños y niñas en dictadura. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) trabaja conforme la agenda que marca Estela en su Asociación, la dirección nunca tuvo otra directora más que Claudia Carlotto.
Es así que cada caso, cada denuncia y presentación deben pasar el filtro de prioridades de la Asociación. Y aquellos casos donde no exista relación con la última dictadura militar argentina o tenga resultado negativo con la base de datos del Banco Nacional de Datos Genéticos no serán jamás investigados por la Comisión.
Las unidades fiscales de seguimiento de casos de lesa humanidad y de casos de niños apropiados por el terrorismo de Estado tienen la particularidad de nuclear a profesionales que fueron durante años parte de la Asociación de Estela. Y, como último bastión, durante el año 2009, con el impulso del diputado nacional Remo Carlotto se sancionó la ley 26.548 por la cual se le dio un marco restrictivo al Banco Nacional de Datos Genéticos, sólo disponible para quienes hayan nacido hasta el 10 de diciembre de 1983.
Hasta la sanción de la ley 26.548 muchas compañeras de militancia de Estela guardaron un silencio respetuoso de la diferencia de pensamiento respecto a la ejecución de diversas políticas. Pero cuando la sanción de esta legislación amenazó con movilizar los cimientos del Banco genético, se rebelaron. María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani fundó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y fue la primera en presidirla; también lo hicieron Mirta Acuña de Baravalle y Elsa Pavón. Ellas acompañaron y acompañan a jóvenes y adultos que buscan su identidad.
Muchos de ellos y ellas caminan en soledad por los tribunales, las oficinas administrativas y los pocos archivos donde les dejan entrar, para escarbar entre papeles amarillos y mugrosos en busca de una pista que les ayude a esclarecer esa verdad negada. Ese dolor perpetuo de la ausencia de su propia historia. Esos son los hombres y mujeres sin identidad a quienes la política pública que lleva a cabo Conadi y que marca la ley 26.548 deja en soledad absoluta.
¿Se les puede pedir a Estela y a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que se haga cargo de éstas causas? La respuesta parece sencilla pero esconde, sin embargo, una complejidad. La pregunta, en realidad, es ¿hasta cuándo se les puede pedir a Estela y a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que se hagan cargo de la política pública que le corresponde al Estado?
La Asociación se creó para buscar y restituir las identidades de los hombres y mujeres arrancados por el terrorismo de Estado a sus hijos e hijas. Sin lugar a dudas, la restitución de cada uno de los nietos y nietas reconstruye la memoria del pueblo.
Pero cada identidad negada e invisibilizada, más de 7 mil, según las muestras genéticas de personas que dudan de su identidad que custodia el Banco, atenta contra el estado de derecho y contribuye a desdibujar, cada vez más, esa memoria colectiva.
La resistencia de las Abuelas fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones del movimiento de derechos humanos hacia el avasallamiento de la ley 26.548 involucró el inicio de acciones legales de inconstitucionalidad, pedido de medidas cautelares para proteger el Banco genético e incluso la impugnación del concurso para cubrir el cargo de director de la institución.
Ya que, casualmente, la directora nombrada por decreto presidencial, Dra. Mariana Herrera Piñero, no solo es accionista de laboratorios privados (principales beneficiarios con la restricción temporal de actuación del Banco genético) sino que fue perito de parte de la Asociación, es decir, persona de confianza de Estela.
Con la politización del Banco genético, su traspaso a la esfera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la directa dependencia funcional y jerárquica de su director o directora a la figura de un ministro y la restricción temporal de su accionar se ata el destino de este organismo de lucha a los vaivenes partidarios de los gobiernos de turno.
La ausencia de investigación del Estado argentino respecto a las identidades que no están incluidas en el límite temporal de la ley del Banco genético y de aquellos cuyo ADN no coincidió es una grave violación a los derechos humanos.
Los desaparecidos en democracia que el Estado nacional argentino invisibiliza, casi tanto o más que a las identidades negadas, no pueden esclarecerse con el auxilio del Banco genético porque sucedieron y suceden después del 10 de diciembre de 1983.
Y a esta altura, cabe decirlo, ya la memoria no solo se ha desdibujado. Hay un quiebre donde esa memoria selectiva rompe la concepción misma de los derechos humanos en el país. Los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento. Las políticas públicas no tienen o no deberían tener nombre y apellido. Los organismos e instituciones públicas no pertenecen o no deberían pertenecer a una persona o Asociación.
La lucha e historia de todas las Abuelas de Plaza de Mayo no puede encontrarse en el calendario si se busca el 22 de octubre.
Nota:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se fundó el 21 de noviembre de 1977. Por ley nacional 26.001, en el año 2004, se instituyó el Día Nacional por el Derecho a la Identidad en homenaje a la fundación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, el día instituido fue el 22 de octubre, cumpleaños de Estela Barnes de Carlotto.[Fuente: Por Gabriela Figueroa, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Capítulo Argentino, Bs As, 02may15. Última revisión el 12may15 ]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 05May15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |