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13jul15
Desde avionetas descartadas en EEUU pero con matrícula boliviana, llueve la cocaína sobre Salta
Cada año se envían desde Miami a Bolivia cien aeronaves. La mitad acaba en narcovuelos. Sólo en Santa Cruz hay 11 escuelas de vuelo y cientos de pilotos se juegan por 10 mil dólares.
En los últimos siete años el narcotráfico perdió decenas de avionetas en el norte argentino. Sin embargo, la "lluvia blanca" que denunció la Justicia Federal de Salta en 2008 sigue siendo un vendaval que cuenta con cientos de aeronaves y pilotos para reemplazar las bajas en los narcovuelos.
Solo entre 2012 y 2014, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia autorizó la importación y operación de vuelo de más de 200 avionetas, que fueron desechadas en Estados Unidos por su antigedad, y terminaron desviadas, en el 50% de los casos, al tráfico aéreo de drogas.
Así lo revela un documento interno que salió de la propia DGAC, a los ministerios de Gobierno y de Obras Públicas de la vecina nación, con pedidos de auditoría externa e investigación penal de graves incumplimientos de deberes en ese organismo.
El Tribuno revisó las matrículas contenidas en el informe y comprobó que el 70% de las avionetas accidentadas o incautadas en el norte argentino, desde 2008, se corresponde con aeronaves que se importaron desde La Florida (Estados Unidos) a Santa Cruz de la Sierra y Beni (Bolivia).
El otro 30% se reparte entre avionetas que ingresaron en las mismas condiciones a Paraguay o fueron robadas en aeroclubes de Argentina. En los últimos dos años, desaparecieron ocho avionetas Cessna, que son las que más buscan las redes narcos, ya que pueden cargar hasta 500 kilos.
El pasado lunes 6 de julio, fuerzas de seguridad de Paraguay incautaron en ese país diez avionetas que se utilizaban para traficar droga. Todas esas aeronaves habían sido importadas desde Estados Unidos y habilitadas irregularmente en Asunción y otras ciudades paraguayas, con documentos falsos y la complicidad de funcionarios públicos.
Descontrol áéreo
El informe interno de la DGAC, que puede verse en El Tribuno digital, expone el peso de los sobornos y complicidades que aseguran impunidad a las redes trasnacionales del narcotráfico no solo en países del Cono Sur.
En el documento, auditores internos del organismo remarcaron que, pese a instrucciones que se impartieron en 2011 para frenar la importación de aeronaves con vida útil extinguida, en los últimos dos años la DGAC autorizó el ingreso de más de 200 "vetustas avionetas", con 30, 40 e incluso más años de uso, con la condición de una revisión integral en Bolivia.
La verificación técnica, mecánica y documental jamás se cumplió como correspondía y los resultados no tardaron en verse. El 4 de junio de 2013 oficinas aeronáuticas de Trinidad (Beni) advirtieron sobre 17 avionetas sin reporte oficial, desaparecidas o incautadas. Al mes siguiente, la DGAC dispuso una reiscripción general de aeronaves que se cumplió a medias, por motivos que esperan una investigación.
Producto de aquel reempadronamiento obligatorio, se revocó la matrícula a 108 avionetas. Ocho de esas aeronaves, no obstante, terminaron utilizadas en narcovuelos, accidentadas, derribadas o incautadas en distintos países de la región. El informe cita casos de aeronaves con matrícula boliviana "derribadas" en Perú, donde murieron o terminaron encarcelados muchos de los jóvenes pilotos formados en las escuelas de aviación de Santa Cruz y Beni.
En este punto, el documento alude a controvertidas intervenciones de las fuerzas armadas peruanas, ya que en ese país el derribo de aeronaves quedó legalmente prohibido desde 2001, cuando aviones de combate confundieron a un hidroavión en el que viajaba una familia de misioneros estadounidenses con un vuelo narco.
En ese gravísimo incidente, que tuvo fallas de comunicación y una irresponsable intervención de agentes de la CIA, perdieron la vida el piloto Kevin Donaldson, Verónica Bowers (madre), Jim Bowers (padre), Cory (un hijo de seis años) y un bebé adoptado de siete meses.
Pena de muerte
En estos momentos, el Congreso peruano se dispone a legalizar nuevamente los derribos que, según testimonios reunidos en el detallado informe, nunca cesaron en los valles cocaleros del sudeste peruano. De allí procede buena parte de la cocaína que se "bombardea" en Anta o se descarga en pistas clandestinas ubicadas al sur de la ruta nacional 16, que marca el límite de autonomía de los narcovuelos sin reabastecimiento en tierra.
[Fuente: Equipo de Investigación del El Tribuno, Salta, 13jul15]
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