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06dic18
El juez Torres otorga prórroga a la defensa de Soto Dávila y el Consejo inició su destitución
El juez Sergio Torres otorgó a la defensa del juez federal Carlos Soto Dávila, imputado en la causa narcopolítica Sapucay, prórroga hasta el lunes para presentarse a su indagatoria. Paralelamente, el Consejo de la Magistratura de la Nación inició el proceso para destituirlo del cargo que ocupa en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, y el 18 de diciembre comunicará cuándo lo citará.
El juez Federal N° 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, imputado en el marco de la causa narcopolítica Sapucay, debía ser indagado por el Tribunal a cargo del Juez Torres. Pero este mediodía su defensa solicitó una prórroga y el procedimiento, ahora, se llevará a cabo el día lunes.
El martes, el juez Sergio Torres ordenó la detención de Soto Dávila, sin embargo, su apresamiento no puede concretarse debido a los fueros que lo revisten en ejercicio del cargo de magistrado federal con jurisdicción en Corrientes.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad, avanzar sobre las catorce denuncias que acumula Soto Dávila en ese órgano, ahora también señalado en delito de asociación ilícita para narcotráfico. En dos semanas, la Comisión de Disciplina y Acusación del cuerpo de magistrados se reunirá para decidir. Esta citación, será comunicada al juez el 18 de diciembre por la mañana.
El delito por el que se imputa al juez Soto Dávila, en esta ocasión, es uno de los tipificados en el Titulo VIII, sobre Delitos contra el Orden Público, y corresponde al Capítulo II, sobre Asociación Ilícita, del Código Penal Argentino. Este delito se halla el artículo 210, en el cual se establece la pena de prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación; y para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.
En el artículo 210 bis, el Código precisa que se debe reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características: a) Estar integrada por diez o más individuos; b) Poseer una organización militar o de tipo militar; c) Tener estructura celular; d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.
El juez Carlos Sóto Dávila habría sido señalado como uno de los integrantes más poderosos dentro de la banda que traficaba estupefacientes en grandes cantidades entre las costas de Itatí y Paraguay, también, posiblemente, como su jefe. Esta organización delictiva, ha comenzado a ser desarticulada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con apoyo de las fuerzas de seguridad provincial y nacionales, en marzo de 2017, con la detención del intendente de Itatí, Roger Terán, su vice, Fabio Aquino, ambos del FpV, y al Comisario del pueblo, Ocampo Alvarenga.
Un mes antes de aquellas detenciones, la Cámara Federal de Corrientes había resuelto apartar al juez federal Carlos Soto Dávila en la causa que investiga al hermando del viceintendente de Itatí, Hernán Aquino, por pedido de fiscales que denunciaron al juez por haber obstruido la investigación por narcotráfico en Itatí.
A fines de octubre pasado, en el marco de la misma causa, también se detuvo al ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone.
Según uno de los testimonios que surgen de las indagatorias sobre estos detenidos, el juez Soto Dávila habría ocupado un rol fundamental en la protección de los narcotraficantes. Los narcotraficantes habrían sido en más de una ocasión avisados desde su tribunal sobre los operativos que las fuerzas federales llevaban a cabo en Corrientes para combatir el narcotráfico, y asesorados sobre cómo esconder pruebas que pudieran vincularlos a los delitos que cometían a cambio del pago de coimas.
[Fuente: Morandú, Corrientes, 06dic18]
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