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09jul17
La radiografía de las turbias compraventas de las fincas del clan Castedo
Según los registros de Inmuebles, la finca El Aybal, de casi 20.000 hectáreas, fue adquirida en diciembre de 2003 por Mario Alberto Yudi en 600.000 dólares. En ese momento, el comprador tenía 23 años y carecía de actividad comercial declarada.
En noviembre de 2005, Yudi vendió la propiedad por 1.300.000 pesos a Delfín Castedo. Este, menos de un año después, en octubre de 2016, la transfirió al martillero Eduardo Torino. Según la cédula parcelaria, Torino la compró para Anzere SA.
La Red Iberoamericana de Fiscales Antidrogas (Aiamp) informó que Anzere es una firma offshore denunciada en los Panamá Papers. Fue disuelta de oficio por el Banco Central de Uruguay, por incumplir con la actualización de datos sobre sus directores, y operó en Argentina sin registración legal.
Anzere aceptó la adquisición de finca El Aybal recién el 12 de marzo de 2008, o sea un año y medio después de escriturada la compra y, casualmente, el mismo día en que el entonces juez Reynoso llamará a Torino a prestar indagatoria en la causa que ahora lo tiene imputado por hechos posteriores a su anterior sobreseimiento.
Mario Alberto Yudi es otro de los procesados, con resolución firme y requerimiento de elevación a juicio, como miembro de la asociación ilícita.
El Pajeal
El Pajeal es una finca lindera de El Aybal que tiene más de 4.700 hectáreas. Manejadas por los hermanos Delfín y Raúl Castedo, esas tierras tuvieron como titular registral al fallecido exdiputado provincial Ernesto José Aparicio.
La propiedad está actualmente registrada a nombre de Octaviano Barroso, José Carlos Aparicio, María Andrea Aparicio y Ernesto Tobías Aparicio.
Delfín Castedo afirmó que Aparicio le entregó la finca para su uso por 15 años, a cambio de desmontes parciales, por un acuerdo verbal del que no existe constancia alguna. En imágenes satelitales que pidieron los fiscales tampoco se evidencian los supuestos desmontes.
Ernesto Aparicio, quien falleció en noviembre de 2013, también estaba procesado por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.
La ley que quedó trabada en el Senado
La ley de extinción de dominio, una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico, fue aprobada en 2016 por la Cámara de Diputados de la Nación, pero está trabada en el Senado.
La norma permitiría decomisar inmuebles usados y adquiridos por narcotraficantes sin tener que aguardar condenas firmes que tardan años, como establece el artículo 23 del Código Penal. Hay contempladas excepciones -medidas cautelares- que los jueces no suelen ordenar, ni ante sólidos argumentos como los que presentaron cuatro fiscales ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta para requerir el decomiso provisional de las tierras que controla el clan Castedo en frontera norte.
Del mismo modo, los bloques mayoritarios del Senado se plantaron reacios ante el proyecto de ley que obtuvo la media sanción de la Cámara Baja hace un año.
La extinción de dominio también recaería para los bienes adquiridos con dinero de la corrupción, y parece estar allí una de las razones centrales por las que el proyecto se empantanó.
Dando por caída la ley, colaboradores de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, prepararon un nuevo proyecto. El borrador está listo, pero la iniciativa recién sería girada al Congreso a fin de año, tras las renovación de bancas legislativas.
Antecedente
El pasado 12 de abril, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a diez integrantes de una organización narco a penas de 8 a 20 años de prisión y ordenó el decomiso de un campo de 7.400 hectáreas de Santa Tomé que se usaba para traficar drogas. En esas tierras se instalará un centro de entrenamiento de Gendarmería.
La sociedad offshore Anzere fue creada para lavar dinero
Compartió sede en Uruguay con otra firma que se usó para fugar divisas del país.
Anzere, la sociedad offshore que se usó para comprar El Aybal, una de las fincas con las que el clan Castedo domina una franja fronteriza de 40 kilómetros en Salvador Mazza, fue inscripta en la capital uruguaya con domicilio constituido en Plaza Independencia 749.
El Tribuno confirmó, con registros comerciales y judiciales, que Anzere fue creada en la misma sede de la Compañía General de Negocios, firma que se utilizó en Montevideo para fugar capitales de Argentina, tras la instauración del corralito financiero que puso fin a la convertibilidad y al gobierno de Fernando De la Rúa a fines de 2001.
Hasta el estallido de aquella crisis descomunal, que arrancó con restricciones a la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, se remonta una causa que sigue abierta 16 años después.
El expediente se abrió ante una presentación de Graciela Ocaña y Elisa Carrió, entonces diputadas del ARI, quienes denunciaron que, tras decretarse el corralito financiero, el Banco General de Negocios (BGN) sacó del país depósitos de sus clientes con operaciones encubiertas.
Pocos meses después, la jueza federal María Servini de Cubría determinó que el BGN usó a la Compañía General de Negocios, firma uruguaya del grupo, para captar depósitos de terceros en Argentina al margen de la ley de entidades financieras y de las regulaciones del Banco Central.
Con José Rohm, presidente del BGN prófugo, su hermano Carlos Rohm, vicepresidente, fue procesado en 2002 como líder de una asociación ilícita. Estuvo poco tiempo preso, porque su prisión terminó revocada.
En 2005, tras presentarse ante la Justicia, José Rohm también terminó procesado y quedó libre después de hacer efectiva una caución de un millón de pesos.
Recién en octubre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió recursos extraordinarios con los que los hermanos Rohm evitaron hasta ahora ir a juicio. En la misma resolución, el tribunal convalidó embargos dispuestos contra el Dresdner Bank, Credit Suisse y J. P. Morgan, de 100 millones de pesos, en cada caso.
La Compañía General de Negocios, al igual que a Anzere, es una offshore a la que le prohibieron desarrollar actividades en Uruguay y sobre la que recaen fuertes sospechas de intervención en operaciones de lavado de dinero.
De hecho, a la denuncia que presentaron Ocaña y Carrió a fines de 2001 se plegaron después otros diputados de la comisión especial creada para investigar, específicamente, ese tipo de ilícitos.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 09jul17]
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