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09abr17
Las venas abiertas en la frontera caliente del narcotráfico
El viernes 24 de marzo, cuando caía la tarde, unas 300 personas salieron a protestar por las calles de Itatí, a orillas del Paraná. Reclamaban "verdad y justicia". Diez días antes, un megaoperativo de la Gendarmería Nacional había desbaratado una poderosa banda de narcotraficantes con la detención de más de 20 personas, entre ellas el intendente Natividad "Roger" Terán, su vice y jefes policiales y de fuerzas federales. Un desprevenido podía pensar que la gente gritaba su indignación ante una trama de corrupción que había convertido "la ciudad de la Virgen" en la capital narco del norte del país. Error. Lo que la marcha pedía era la liberación del intendente.
Por momentos da la sensación de que nada es lo que parece en esta frontera caliente con Paraguay, de unos 300 kilómetros en Corrientes. Paraguay es el vecino, el hermano, el socio del Mercosur, pero también es campos y campos de cultivo de cannabis que luego entra al país por esta provincia y por Misiones, Formosa y Chaco. Se estima que el año pasado, sólo por Itatí, ingresaron más de 20 toneladas de marihuana para proveer a siete provincias argentinas.
En su paleta de aguas marrones y rojizas y su entorno verde salvaje, el Paraná es un espectáculo a los ojos y un paraíso de la pesca, pero también es la autopista de la droga: además de marihuana, barcazas repletas de cocaína surcan sus aguas en busca de los puertos de Santa Fe, Rosario y sus alrededores.
En el medio del río, decenas de islas e islotes son un remanso silvestre, la silueta irregular que completa el paisaje, y al mismo tiempo son depósito del tráfico ilegal. Lanchas que llegan de Paraguay dejan allí la carga, que recogerán después, en general cubiertas por las sombras de la noche, lanchas que van desde las costas correntinas. En ambos casos el viaje no lleva más de 10 o 15 minutos.
Una recorrida por esta frontera perforada y ardiente, y conversaciones con funcionarios del gobierno nacional y el correntino, jefes de fuerzas federales, jueces, legisladores y expertos en seguridad llevan a una conclusión compartida: el problema no es sólo Corrientes, no es Misiones, Chaco, Formosa, Salta o Jujuy. Por acción u omisión, en los últimos diez años el país parece haber abierto sus puertas al narcotráfico, que, como las venas de un organismo, se ha expandido y ramificado.
Como en un juego de imágenes que distorsionan, acá la primera impresión puede no ser la definitiva. Los policías, gendarmes y prefectos no necesariamente trabajan sólo para el uniforme que llevan puesto. Muchos reparten su tiempo con el narcotráfico. En la redada de Itatí fueron detenidos el comisario del pueblo y dos de sus subalternos, todos de la policía provincial; un subcomisario y un sargento de la Policía Federal, y un segundo comandante de la Gendarmería.
"No estoy en condiciones de asegurar que no hay hijos o sobrinos de los narcos que se están metiendo en nuestras filas", admite un jefe policial de Corrientes.
¿Los pescadores son pescadores o matones a sueldo de los capos? ¿Los chicos que corretean por las márgenes del río son inocentes gurrumines o son "chajás" (los llaman así en alusión a las aves de sonoro graznido) que alertan cuando hay policía a la vista?
Tampoco la protesta callejera que pedía la liberación de Terán, el intendente del Frente para la Victoria detenido en la cárcel de Marcos Paz, debe ser leída como un respaldo del pueblo. "El día del operativo se llevaron a 25, 26 personas. Si a la marcha fueron sus familiares, empleados de la municipalidad y los que recibieron planes sociales, ya tenés por lo menos 400 personas. Eso no es Itatí", dice E.G., una señora que vive a tres cuadras de la basílica.
"No se llevaron a todos"
Otro dato de que no todo es lo que parece: si bien la redada de Gendarmería desarticuló la banda, en Itatí no pocos -incluidas fuentes con acceso a la causa que está en manos del juez federal Sergio Torres, en Buenos Aires- sostienen que algunos de sus miembros siguen libres y caminan por las calles. "Se llevaron a muchos, pero no a todos", dice a LA NACION el padre Pánfilo Ortega, vicario de la catedral, que años atrás ganó notoriedad al ser el primero en advertir públicamente que el triunfo electoral de Terán era "el triunfo de los narcos". Ortega se queja de que las autoridades hayan tardado tanto tiempo en tomar el toro por las astas en su pueblo. "Dicen que esto no se hizo durante el gobierno anterior porque Aníbal Fernández lo paraba. Ojo, no lo digo yo: lo decían los medios."
Acaso la mayor distorsión consista en sacar conclusiones equivocadas sobre el caso Itatí. Con todo su halo de espectacularidad y escándalo, por la importancia de los detenidos y el secuestro de decenas de autos, camionetas, camiones, motos, lanchas y armas, lo que ha caído al sacudir el árbol es una sola manzana podrida. Todas las demás siguen en su lugar. No habían pasado diez días de la gran redada y en otro operativo en la zona se secuestraron 700 kilos de marihuana. Las autoridades corrieron a notificar a los medios. El revés de la trama es que el hallazgo demostraba que los traficantes siguieron haciendo su trabajo. No se habían detenido a curar heridas ni a leer los diarios. Si les cierran una puerta, abren otras. En todo caso, si aumentan las dificultades -los controles-, la variable de ajuste es el precio.
Además, no todo lo que brilla es oro. Un funcionario del Ministerio de Seguridad de Corrientes revela que muchas de las incautaciones de droga son pactadas. "Los narcos saben que las fuerzas tienen que cumplir con ciertas estadísticas, para no levantar sospechas, y entonces entregan cargas. No es difícil descubrir cuáles son porque a cambio se les da la fuga. Si en la información que se entrega a los medios figura que el que llevaba la droga escapó, ahí hay gato encerrado."
Otro patrón para evaluar la importancia de un decomiso es el volumen: hasta 1000 o 1200 kilos se considera poco relevante.
"En Itatí dimos un golpe, gran golpe. Y sobre todo dimos una señal de cambio, aunque obviamente se necesita hacer mucho más. Lo fundamental es que tenemos el respaldo total del Presidente. Nos pide que vayamos a fondo, y que si tienen que caer peces gordos, que caigan", dice en Buenos Aires una alta fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
"El delito en torno de la droga ha ido penetrando en todos los niveles. Cuando digo todos, es todos", murmura un jefe de la Prefectura Naval. Su propia fuerza se ha visto involucrada. La mitad de los agentes de inteligencia que operaban en Paso de la Patria, a 40 kilómetros de la ciudad de Corrientes, fue desplazada el año pasado bajo el cargo de "no estar haciendo bien su trabajo", eufemismo que apenas disimula las sospechas de colaboración con el narco. La otra mitad fue relevada semanas atrás.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, otras localidfades del mismo litoral quedaron en la mira después de lo de Itatí y no debería sorprender que próximamente se dispongan allanamientos. "Hay grabaciones muy comprometedoras que involucran a políticos, gente de la Justicia y policías, y no sólo por narcotráfic: también por trata", adelantan las fuentes.
Al arquitecto Guillermo Osnaghi, empresario de la construcción y candidato a intendente de la apacible y bella Paso de la Patria en las elecciones que se harán este año, no lo sorprenden estas sospechas: "Nuestra situación no es la de Itatí, donde la industria de la droga es poderosa porque es un pueblo muy pobre. Acá tenemos mucha actividad turística todo el año. Pero obviamente también operan los traficantes, y para combatirlos necesitamos fuerzas federales bien equipadas".
El senador nacional Pedro Braillard Poccard, ex vicegobernador, ex ministro de Seguridad, acepta que su provincia y toda la frontera norte viven una situación comprometida, aunque advierte: "Corrientes no es Rosario, no es Santa Fe. Acá no hay disputa territorial, guerra de bandas, secuestros, muertes. La marihuana entra desde Paraguay y pasa, no se queda. El consumo no es importante".
Una fuente policial desmiente lo del consumo: "El año pasado cerramos 80 quioscos [locales de venta de droga], pero por cada uno que cerramos aparecen uno o dos más".
Un juez bajo sospecha
Sentado en un amplio escritorio de su casa, en el centro de la ciudad de Corrientes, el juez federal Carlos Soto Dávila hace un duro alegato contra la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de haber desplazado al conurbano bonaerense a miles de gendarmes que custodiaban la frontera. "Fue una medida totalmente equivocada que desprotegió zonas enteras donde operan los narcos", dice. Y despliega mapas para mostrar que a lo largo de cientos de kilómetros apenas hay presencia de fuerzas de seguridad. "En junio del año pasado me reuní con gente del Ministerio de Seguridad de la Nación y con el jefe de la Gendarmería para advertirles que Itatí era un problema muy serio", relata.
El problema de Soto Dávila, que está a cargo del juzgado federal N° 1, con 8 secretarías y 160 empleados, es que dos fiscales lo acusan de tener una política de excarcelación de narcos sospechosamente concesiva y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura, al igual que a uno de sus secretarios penales.
No son las únicas voces que se alzan contra él. "Con Soto directamente no podemos trabajar porque aplica el mecanismo de la puerta giratoria. Narco que detenemos in fraganti, con droga, con antecedentes, narco que él libera. Con Juan Carlos Vallejos [el otro juez federal de la ciudad] es muy distinto, se labura bárbaro, pero tiene un juzgado chico y está menos de turno", disparan en una de las fuerzas federales con asiento en Corrientes. Soto Dávila lo niega. "Las acusaciones son falsas. Decido las excarcelaciones si están dadas todas las garantías procesales, según un criterio que no fijo exclusivamente yo. Lo demostraré el día que tenga que defenderme en el Consejo de la Magistratura." Cuando despide a LA NACION en la puerta de su casa parece estar a punto de quebrarse. "Esto ha sido devastador para mi familia."
"Nos desmantelaron"
Fuentes de la justicia correntina admiten que hay una marcada diferencia de criterios entre los dos jueces, y también la desproporción en el tamaño de los dos juzgados: 160 empleados contra 25. "Vallejos tiene apenas siete personas para atender un promedio de 700 causas penales. Y a veces no tienen plata ni para fotocopias. Así es difícil combatir al narco", protestan.
La falta de recursos, humanos y materiales, es manifiesta y torna totalmente desigual la lucha contra un enemigo tan poderoso. "Para el Estado -ejemplifica un fiscal federal-, destinar plata a combustible de lanchas o patrulleros es un gasto. Para los narcos es una inversión que les asegura un retorno."
Prefectura, cuya misión es clave en una provincia que tiene 300 kilómetros de frontera líquida con Paraguay, sufre probablemente más que ninguna otra fuerza esa debilidad. En ocasiones la explicación es la falta de fondos, y en otras parece deberse a una política deliberada. De los 120 prefectos que hasta 2010 estaban basados en Itatí, hoy sólo quedan 60. Y de sus cuatro lanchas anda una sola.
"Es obvio que en el gobierno de Cristina Kirchner hubo un plan para desmantelarnos, para que no pudiéramos hacer nada", acusa un oficial de Prefectura en Corrientes capital. "Pasaban cosas raras. Teníamos 150 prefectos en Itá Ibaté y en Paso de la Patria, y 60 en Itatí, que era donde estaba concentrado el tráfico. Hace 4 o 5 años llegamos a estar hasta 12 días sin combustible… Tuvimos que usar nuestros autos y pedir prestadas lanchas particulares. Hoy por suerte la cosa está cambiando. En Itatí este año ya secuestramos cinco toneladas de marihuana. ¡En tres meses!"
Fue en 2010 cuando cambió dramáticamente la naturaleza del delito. Hasta entonces, la economía de las costas correntinas, de pobreza estructural debido a la falta de recursos productivos, estaba basada en el contrabando, en especial de cigarrillos, provenientes de Paraguay.
Los gobiernos miraban para el costado: de algo tenían que vivir esos pueblos. "Poblar la zona fue una decisión geopolítica -dice el economista Jorge Vasconcelos, investigador jefe del Ieral-. Si no se ocupaban los territorios, los países vecinos podrían correr las fronteras. Pero claro, muchas de esas localidades económicamente no eran sustentables."
En 2010, los llamados "cigarrilleros" cambiaron de rubro: del tabaco a la marihuana. El giro no era inesperado. Años antes, un agente de la Gendarmería había estado en misión en Paraguay y volvió alarmado. Contó que había visto grandes cultivos de cannabis, y que, según sus averiguaciones, el ejército de ese país estaba perfectamente al tanto. "Muchachos, se nos viene la marihuana", advirtió el gendarme.
Para los viejos "cigarrilleros", el negocio pegó un salto de escala brutal. Con la misma operatoria y los mismos volúmenes, pero distinta mercadería, pasaron a amasar fortunas. Con esas fortunas no sólo compraron autos de alta gama, lanchas, casas y armas. También personas. El dinero de la droga penetró en pueblos, ciudades, policías, tribunales, fuerzas de seguridad, gobiernos. Nada que no se haya visto antes en Colombia y después en México.
"En Corrientes y en todas las provincias del Norte, como en las villas de Rosario o de Buenos Aires, el narco va de la mano de la pobreza." La afirmación es de un policía experto en narcotráfico, pero LA NACION la recogió, casi en términos idénticos, en ámbitos de la política, la Justicia y las fuerzas federales. El de la droga es un negocio convertido en economía de sustentación para miles de personas que viven en los márgenes del sistema. Un "chajá" cobra hasta 4000 pesos por operación. Llevar una carga a Buenos Aires en avión o en un ómnibus (en este último caso, ni siquiera hay que tocar las valijas: alguien las lleva y alguien las va a buscar) se paga hasta 10.000 pesos. A policías, gendarmes o prefectos que avisan que conviene evitar determinado control los retribuyen con sumas que van de los 5000 a los 8000 pesos. Son agentes cuyos sueldos en muchos casos no superan los 15.000 pesos. "En el interior, un cabo de la policía gana 10.000 pesos por mes, o incluso menos", apunta el experto.
"Esta guerra se gana con plata"
Un "ladrillo" de marihuana se paga en Buenos Aires entre 10.000 y 18.000 pesos, dependiendo de la calidad y de otros factores. En una valija entran hasta 16 ladrillos, es decir, una carga promedio de 224.000 pesos, que una vez distribuida y fraccionada multiplicará varias veces su valor. El eslabón clave de la cadena, y el más riesgoso, es ponerla en el mercado de Buenos Aires. Por eso se paga tan bien el traslado. El año pasado detuvieron en Aeroparque a una embarazada que llegaba de Corrientes. Tenía tres valijas repletas de marihuana. "Me dijeron que me pagaban 9000 pesos si las llevaba -le relató a la policía-. Y que volviera en otro avión a la noche. ¿Saben lo que tendría que trabajar para ganar lo que acá gano en un solo día?"
En un oscuro despacho de los tribunales correntinos, el funcionario judicial que habla con LA NACION, bajo condición expresa de no ser identificado, larga fuego por la boca. "Ésta es una guerra que se gana con plata o no se gana. Plata para investigar, para nafta, para armas, para que las fuerzas de seguridad tengan mejores sueldos y no sea tan fácil comprarlas. ¡Para que la gente salga de la pobreza! El pobre es un instrumento perfecto para el narcotráfico." Otro gran problema, dice, es Paraguay. "De ahí viene la marihuana, y también la cocaína, aunque no la producen ellos. Acá por lo menos tenemos un río que nos separa, pero la de Formosa es prácticamente una frontera seca. En muchos lugares el Pilcomayo es apenas un hilo que se cruza con un salto. Formosa en un colador."
El funcionario, que además del off the record le pide al cronista que durante la entrevista deje el celular fuera del despacho, es de los que creen que el gobierno anterior tomó la decisión de abandonar la frontera. Vuelve sobre Formosa. "Ahí tenemos, para 900 kilómetros linderos con Paraguay, 1466 gendarmes y 300 prefectos. Da un promedio de un hombre cada 600 metros, y suponiendo que el hombre está las 24 horas. ¡Imposible! Esa política fue deliberada."
Las calles y las casas de Itatí son las de un pueblo pobre. Ni siquiera la casa del intendente Terán resulta, a simple vista, muy llamativa, aunque sí bastante mejor que las de sus vecinos. El padre Ortega dice -otra vez el juego de las imágenes que distorsionan- que por afuera engañan y por adentro son lujosas: "Casi palacetes". Uno de los investigadores de la gran redada del 14 de marzo cuenta que una de las casas tenía canillas de bronce. Y agrega un dato que es vox populi en el pueblo: muchos de los que fueron detenidos apostaban hasta un millón de pesos en las cuadreras que se hacen en un campo de la zona.
El dinero que mueve el tráfico de droga siempre es una cifra de varios ceros. En diciembre, la policía correntina allanó la vivienda de una familia de narcotraficantes en el barrio Seminario, de la capital. Encontraron 870 dosis de cocaína y la recaudación del día: 110.000 pesos. En enero hubo otro operativo en la misma casa. La cosecha: 45.000 pesos y casi la misma cantidad de dosis. Y en febrero, el tercer allanamiento, pero, en este caso, a cargo de la Policía Federal. "Qué raro, no encontraron plata", ironizan en la policía correntina.
Si algo han conseguido los narcos en Corrientes es que todos sospechen de todos. Ninguna institución se salva de la mirada acusadora, y vuelan críticas y denuncias. Un fiscal federal: "En Itatí, muchos operativos se terminaban cayendo. Siempre había alguien que buchoneaba". Un juez: "Nos ha pasado de intervenir una línea telefónica y que en el medio alguien nos chupara la intervención a nosotros y se quedara con la grabación". Una alta fuente judicial: "En la ley 23.737 [contra el narcotráfico] no se sobresee ni se excarcela. Si algún juez lo hace, y lo hace seguido, da para pensar mal". Otra fuente judicial: "En las investigaciones muchas veces el laburo más difícil es controlar a las fuerzas de seguridad". Un prefecto: "A una lancha se le rompió el rotor en noviembre del año pasado y todavía estamos esperando que nos manden el repuesto, que cuesta menos de 2000 pesos". Un jefe policial: "Tres localidades acusadas de complicidad con el narco están en manos de intendentes kirchneristas.Itatí, Paso de la Patria e Ituzaingó". El senador Braillard Poccard: "Todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Itatí, y todos se quedaban callados. También en la Justicia". Padre Ortega: "Terán les pedía a la policía y a la Gendarmería que liberaran calles y rutas para que los narcos pudieran pasar". Un funcionario del gobierno correntino: "Hace dos años Gendarmería detuvo en la ruta 12 un camión que llevaba marihuana escondida en jabones. El camión estaba circulando con custodia de la Policía Federal".
Cerrar los ojos y rezar
Isla del Cerrito, una pintoresca localidad chaqueña bañada por las aguas del río Paraguay en su desembocadura en el Paraná, ofrece, también ella, la engañosa dualidad de lo que se ve y lo que se esconde. Lo que se ve es un pueblo que entre 1939 y 1974 fue colonia-hospital para enfermos de lepra. Casi 40 construcciones de estilo inglés le dan un perfil absolutamente especial, único. Todo rezuma paz en sus calles, plazas, parques y playas, meca del descanso y la pesca. Lo que oculta ese paisaje idílico es que Isla del Cerrito, a cinco minutos en lancha de la costa paraguaya y muy cerca también de Paso de la Patria, en Corrientes, es considerado un enclave estratégico para el tráfico de droga.
"Hay que conocerla de día. Cuando cae la tarde, por el río pasa de todo, y no te lo dejan ver. Siempre se acerca alguien y te dice que es mejor que te alejes -cuenta un oficial de la policía correntina-. Me pasó a mí mientras pescaba. Fui unos días de vacaciones y me llamaba la atención que en el puesto que tiene ahí Prefectura nunca había nadie." Cuando LA NACION estuvo en ese puesto encontró un agente de guardia: "Los jefes vuelven en tres horas".
Ante tanto espectáculo en doble dimensión que ofrecen estas tierras, quizá convenga seguir el consejo que dio un joven sacerdote en la basílica de Itatí: "Cerrar los ojos y encomendarse a la Virgen".
[Fuente: Por Carlos M. Reymundo Roberts, La Nación, Bs As, 09abr17]
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