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06abr08
Mueren varios agentes en lo que parece una interna policial
El agente Gustavo Montenegro no era un policía de "calle". En la comisaría 43ª, la del barrio porteño de Monte Castro, cumplía la función de operador de PC. Pero la noche del pasado 4 de marzo la falta de personal hizo que el jefe de brigada de la seccional, el subinspector Marcos Itzcovich, lo eligiera como compañero para hacer una recorrida por la zona.
Cerca de las 22, pasaron por una pizzería. Minutos después, salieron de allí y se subieron a una moto para irse, a metros de la la esquina de Santo Tome y Bermúdez. Entonces apareció una camioneta Renault Express con tres hombres. Montenegro e Itzcovich -iban de civil- los miraron con recelo. Eran policías de Investigaciones, pero no tenían ninguna identificación y, de acuerdo a varios testigos, "parecían chorros". Lo siguiente que escuchó Montenegro fue un grito amenazador: "¡Quedate quieto, la concha de tu madre!". Enseguida comenzaron a dispararle.
"No me maten, soy policía", gritó una y otra vez el agente, desesperado. Según su relato -al que accedió Clarín- todavía estaba ileso cuando se identificó por primera vez como policía: "Dije que era policía y me caí al suelo. Continuaron disparándome. Caído, intenté sacar mi arma para repeler la agresión. Entonces me dieron en el muslo".
Itzcovich no tuvo tanta suerte: dos balazos le dieron por la espalda mientras escapaba en la moto "intentando salvar su vida", según palabras del juez del caso, Juan María Ramos Padilla. Murió minutos después.
A Montenegro, una bala le fracturó el fémur derecho. Uno de los hombres de la camioneta se le acercó cuando estaba tirado. "Vi que me apuntaron en la cabeza, sobre el rostro. Yo les decía que por favor no me mataran, que era policía", declaró días después el agente ante el juez.
Su declaración se hizo en dos partes: el juez tuvo que interrumpirlo porque, al contar la escena, Montenegro se "conmocionó". Durante más de una semana el policía vivió con custodia de Gendarmería. Tenía miedo de que le pasara algo.
"Jefe, no se identificaron, tiraron de una", le dijo Montenegro a uno de sus superiores en el lugar del tiroteo, antes de que lo trasladaran al Hospital Churruca. Al declarar como testigo ante el juez, el comisario Hugo Aldeco recordó la escena y "dejó muy en claro que ningún oficial de Investigaciones auxilió a los heridos, aún sabiendo que eran camaradas", según Ramos Padilla.
No se comportaron como tales, pero eran camaradas: el cabo Javier Lucio, el sargento primero Ricardo Bao y el agente Pablo Maldonado, los tres hombres que iban en la camioneta, pertenecían a la Unidad Investigación Técnica del Delito de la Federal.
La Federal los pasó a "servicio pasivo". El juez los procesó por "homicidio e intento de homicidio agravado" y hoy viven en el penal de Marcos Paz.
Sin embargo, el caso está lejos de cerrarse. Y está lleno de puntos oscuros. El más importante es si se trató de otro hecho de brutalidad policial o si fue un homicidio premeditado. En este último caso, el misterio sería si por problemas territoriales, o tal vez por alguna investigación encargada a Itzcovich, lo del 4 de marzo fue una emboscada.
El juez Ramos Padilla admite que aún no tiene pruebas para sostener la segunda hipótesis, pero la insinúa en los procesamientos. Allí deja claro que no cree en la version oficial: que todo fue una "lamentable confusión".
De hecho, a un mes del violentísimo episodio el juez todavía no logró que la Federal le envíe informes clave para identificar a los responsables de algo que él ya da por seguro: que policías modificaron la escena del crimen.
Un fax con fecha falsificada, chalecos con la identificación "PFA" plantados en el lugar y una baliza para patrullero que apareció de la nada luego del homicidio serían parte de una red de encubrimiento que el juez denunció oficialmente el 25 de marzo pasado, al procesar a los policías. Lo que Ramos Padilla dejó afuera de ese documento de 60 carillas fue la mención de al menos un llamado que recibió para que "suavizara" su decisión, algo a lo que no le hizo caso.
Es que, segun confiaron fuentes policiales y judiciales a Clarín, el caso ya generó momentos de tensión entre la Superintendencia de Investigaciones (a la que pertenecen los detenidos) y la Superintendencia de Metropolitana (responsable de las comisarías, donde trabajaban las víctimas).
Las características de fusilamiento que tuvo lo ocurrido fueron contadas por diferentes testigos. Pero, sobre todo, por el shockeado agente Montenegro.
Montenegro aporta datos de mucha importancia que tiran abajo la versión de los tres detenidos, según los cuales su condición de policías era "perfectamente reconocible". Según el agente, los de Investigaciones "en ningún momento dijeron: 'Alto, Policía'", la camioneta Renault en la que iban "no tenía ningún elemento que la identificara como móvil policial, ni siquiera una baliza" y los atacantes tenían chalecos antibala pero "sin ninguna identificación".
Pero lo cierto es que sí se secuestraron chalecos con las siglas "PFA" y una baliza. El razonamiento del juez es que alguien los puso. Quiénes lo hicieron, cuándo, y para ocultar qué, todavía es un gran misterio.
El sumario interno de la Federal
Los policías detenidos tienen dos frentes abiertos: el de la Justicia penal y el del sumario administrativo de la Policía. A nivel judicial su abogado, Javier Rial, ya apeló los procesamientos por los delitos de "homicidio agravado por el abuso de su función policial y homicidio agravado, en grado de tentativa".
A su vez, en el marco de un sumario en manos de Asuntos Internos de la Federal, los policías se encuentran en "servicio pasivo". Esto quiere decir que no los echaron pero tampoco pueden trabajar (en este caso, además, están presos).
Al pasar al "servicio pasivo" debieron entregar su arma, su uniforme y sólo cobran aproximadamente un 30 por ciento de su sueldo, a la espera de la resolución de la causa penal y de la administrativa.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 06abr08]
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