 | Este documento ha sido publicado el 13May04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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27abr04
Proyecto de declaración sobre una reforma penal liberticida.
Ha avanzado rápidamente en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de reformas del Código Penal originado en la fusión de varios proyectos individuales de legisladores que han adoptado la concepción de la mano dura, frente a una secuencia de delitos que tienen profundas raíces en diversas aberraciones que padecen las mayorías no privilegiadas de nuestro país.
El proyecto que será incluido en el orden del día de la sesión de la Cámara de diputados del día miércoles 28 de abril- dispone el agravamiento de los regímenes de libertad condicional, reincidencia y acumulación de penas,
Han sido impulsores los diputados Casanovas y Ruckauf. El proyecto del diputado Casanovas contiene en sus fundamentos una frase que es la esencia del escamoteo de la realidad que caracteriza a este intento: el actual incremento del delito “afecta también a los pobres, y no sólo a los ricos”.
Es cierto que todos los días la crónica policial da cuenta de delitos contra la propiedad y aún la vida de personas de distinta condición social. Pero es tanto o más cierto que todos los días la información periodística informa sobre el descubrimiento de nuevos y gravísimos casos de corrupción que son secuela del proceso de enajenación de las riquezas nacionales, y también se conocen cada día nuevos aspectos y consecuencias del ingente daño que, bajo la forma perversa de la exclusión social sistemática, margina del proceso productivo, de la educación, de la salud y de la alimentación indispensables para todo ser humano, a grandes sectores de la población. Se está cometiendo contra ellos el delito de genocidio, la más grave de las violaciones del Derecho de Gentes.
Así, el incremento del delito esencial es ignorado por el legislador, que se refugia en la falsa igualación de pobres y ricos como víctimas. También se pretende ignorar la relación ilícita entre la malversación de fondos públicos, la delincuencia policial y la peor política. De esta relación resulta la gran mayoría de los delitos que ahora se señalan como si surgieran simplemente de perversidades individuales.
El Congreso Nacional carga ya sobre sus espaldas con la responsabilidad de haber derogado, por abiertas y puntuales exigencias del Fondo monetario Internacional, la ley de subversión económica (que con todas sus limitaciones era la única tutela penal del patrimonio nacional)
Legislar ahora para la mano dura significa enmascarar la gestación de un Estado selectivamente represor, que ejercerá sus nuevos poderes sobre millones de excluidos que tienen en creciente peligro sus existencias (que no interesan a los dueños del sistema pues no tienen capacidad de consumo).
Buenos Aires, 27 de abril de 2004
MEDH y Liga Argentina por los Derechos del Hombre
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