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01jul16
Sigue la purga: denuncian a cinco comisarios más
Cinco policías de alta jerarquía se unieron a los cuatro denunciados la semana pasada por la Inspección General de Seguridad. Entre los sumariados que pasan a revista pasiva se cuenta el primo del gobernador Alfredo Cornejo: se trata del comisario general Humerto Neila Moronta.
Otra vez los efectivos tienen sumario, pase a revista pasiva y denuncia penal por manejo irregular de los servicios extraordinarios, esta vez es en un barrio en construcción del Instituto Provincial de la Vivienda en el oeste de Capital. Hay un sexto involucrado en este sumario, el comisario general Miguel Edgardo Mestre, uno de los cuatro denunciados la semana pasada.
La novedad fue confirmada ayer por el titular de la Inspección General de Seguridad Marcelo Puertas, quien además informó que los cinco efectivos también fueron denunciados ante la Fiscalía de Estado.
Para ordenar la lista, los denunciados de esta semana son los comisarios generales Humberto Daniel Neila Moronta y Miguel Edgardo Mestre Medina; el comisario inspector Rómulo Gabriel Díaz Vargas, los subcomisarios José Antonio Salinas Mercado y Roberto Carlos Villarroel Perea y el oficial ayudante Emanuel David Fernández Garófoli.
Excepto Mestre, que era jefe de los Cuerpos Especiales, el resto se desempeñaban en la Departamental de Capital. Todos están involucrados en el otorgamiento de servicios extraordinarios para vigilar un barrio en construcción, el Escorihuela, ubicado al oeste del cerro de la Gloria. El organismo que pagaba los servicios extraordinarios era el IPV.
De acuerdo con Puertas, el personal que aparece cumpliendo la vigilancia en el barrio debería haber estado cumpliendo su horario de trabajo en seguridad ciudadana.
La misma situación denunciada la semana pasada, por lo que podría decirse que hay un modus operandi para llevar adelante una supuesta defraudación al Estado, que paga sueldos para una tarea que no se cumple.
El pase a pasiva implica que los cinco cobrarán la mitad del sueldo hasta que el sumario administrativo determine si tienen responsabilidad o no en los hechos denunciados. En caso de ser hallados culpables pueden ser cesanteados de la fuerza.
Además fueron denunciados penalmente ante la Unidad Fiscal de Capital, para investigar un posible delito y también ante la Fiscalía de Estado para que se analice un posible quebranto al Estado y la posibilidad de recuperar el dinero que podría haber perdido la provincia.
La semana pasada fueron cuatro los denunciados por la Inspección General de Seguridad (IGS): el ya mencionado Mestre, Gustavo Garis, Víctor Loyola y Darío Irrutia; en esos cuatro casos también hubo pase a pasiva, inicio de sumario administrativo, denuncia penal y ante la Fiscalía de Estado.
De los cuatro de la semana pasada, tres estaban investigados por la administración irregular de los servicios extraordinarios. El cuarto, Irrutia, estaba acusado de avalar la contratación de un supuesto ingeniero en sistemas con título universitario trucho.
El caso más llamativo es el del primo del gobernador Cornejo. La semana pasada el Mandatario había dicho "que caigan los que tengan que caer", cuando trascendió que Humberto Neila estaba siendo investigado por la IGS.
El propio Cornejo había dicho que él y Neila habían cursado juntos la escuela primaria y la secundaria, en la escuela San Juan Bosco de Eugenio Bustos. La madre del Gobernador, Ramona Neila, es prima hermana del padre del comisario. Neila tiene 53 años y estaba tramitando su retiro.
Otro de los sumariados, Rómulo Díaz, fue uno de los ocho que comisarios que Cornejo pasó a disponibilidad a pocos días de asumir la Gobernación.
Ratifican una suspensión por violencia de género
Otra novedad de la Inspección General de Seguridad tiene que ver con el comisario Marcelo Esquivel, nombrado por el jefe de policía Roberto Munives, al frente de la departamental de Capital y denunciado por violencia de género. La IGS ratificó los 40 días de suspensión, que deben ser confirmadas por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad.
Sobre Esquivel pesa una orden judicial que le impide portar su arma reglamentaria y usar su uniforme; tampoco puede realizar operativos. La medida judicial es resultado de una denuncia presentada por la ex pareja del comisario Esquivel.
El comisario había quedado al frente de la Departamental Capital por ser uno de los efectivos de más alto rango y con más antigüedad en la fuerza, con 33 años de servicio. Al conocerse la denuncia por violencia de género que pesaba en su contra se desató la polémica.
[Fuente: Los Andes, Mendoza, 01jul16]
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