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05ene15

Los detalles del juicio histórico en Olavarría, que culminó con tres condenas a perpetua

En una Olavarría calurosa pero convulsionada por un juicio histórico, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó el lunes pasado a prisión perpetua a Ignacio Aníbal Verdura, Walter Jorge Grosse y Omar Antonio Ferreyra, mientras que dio 8 años de prisión a Horacio Rubén Leites, por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en Monte Peloni, centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad del cemento en el marco del circuito represivo Tandil-Azul-Olavarría.
Las penas máximas aplicadas fueron posibles tras la ampliación de la acusación que el Ministerio Público Fiscal presentó durante el debate, dado que ni Grosse ni Ferreyra estaban imputados por homicidios y sólo debían responder por secuestros y tormentos.
A pesar de que los fundamentos del veredicto dado a conocer la semana pasada serán públicos recién el 25 de febrero, el presidente del tribunal Roberto Falcone, junto a Mario Portela y Néstor Parra, dio cuenta de algunos aspectos relevantes de la sentencia, tal como lo habilita el nuevo Código Procesal Penal. Dijo, entre otras cuestiones, que "no tortura solamente el que ejerce violencia sobre la víctima, sino también el que la permite o no la interrumpe".
El juicio oral y público se realizó en el salón de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro con sede en Olavarría. El lugar estaba invadido por flores de colores hechas en cartulinas, afiches, papel crepé y hasta folletos de publicidades de supermercados, crochet, tapitas de gaseosas y todas las posibilidades plásticas. La iniciativa previó la confección de 30 mil, con la participación de chicos de escuelas primarias, secundarias y jardines. Pero la participación desbordó la iniciativa y se recibieron casi 35 mil. Allí estaban estudiantes, militantes de los derechos humanos, familiares de desaparecidos y sobrevivientes.
Cuando Falcone dio lectura al veredicto, la emoción quedó a flor de piel. Araceli Gutiérrez, la única mujer que pasó por Monte Peloni, se mostró calma. Con la vista clavada en ningún lado escuchó al juez condenar a sus verdugos. Familiares de Jorge Oscar Fernández, asesinado tras su paso por el centro clandestino de detención, tenían su fotografía colgada, siempre joven y sonriente. Con lágrimas en los ojos, apretaban su foto contra el pecho, como si se tratara de un abrazo de Justicia.
Verdura fue condenado por seis homicidios, 21 privaciones ilegítimas de libertad y 21 imposiciones de tormentos. Grosse y Ferreyra recibieron la misma pena por dos homicidios, 20 secuestros y 15 casos de torturas. En tanto Leites, para quien los fiscales Walter Romero y Marcos Silvagni habían pedido 25 años, recibió ocho, porque se lo consideró responsable de 19 casos por omisión y uno por comisión de privaciones ilegítimas de la libertad, y 14 casos por omisión y uno por comisión de aplicación de tormentos.
Al concluir la audiencia, el fiscal federal de Distrito de Mar del Plata, Daniel Adler, reflexionó: "En democracia se ha podido llevar adelante este juicio con la posibilidad de los imputados y sus defensores de ser escuchados". Y rescató que Verdura -a pedido del Ministerio Público Fiscal- haya sido condenado a cárcel común luego de revocarse la prisión domiciliaria de la que gozaba: "Estos gravísimos hechos deben pagar con pena de cárcel", sostuvo, de acuerdo a la normativa vigente.
"Cuando se impone una pena de prisión perpetua, se observa la reparación no solamente de las víctimas del caso sino de toda la sociedad en su conjunto", resaltó luego.
Por su parte, el fiscal Romero -quien trabajó junto a Silvagni y su equipo integrado por María José Buglione, Agustín Minaberrigaray y Julián De Stefano- al salir de la sala indicó: "La sensación es de alivio, de tarea cumplida, de ver la alegría de las víctimas, reconforta muchísimo eso, el agradecimiento. Fueron 37 años de espera, y sin embargo permanecieron sentados, escuchando con respeto, aún cuando a uno de los imputados le fue reducida la pena en relación al pedido de la fiscalía".
"Es un alivio. No puedo decir alegría porque los crímenes de lesa humanidad nos deben avergonzar a todos, nos avergüenza nuestra condición humana. Cada vez que me enfrento a estos hechos me conmociona lo que somos capaces de hacer como seres humanos, ese ejercicio de poder ilimitado. Fueron muchos años de impunidad para Olavarría", reflexionó luego.
Y a ello sumó: "Los juicios les devuelven a los autores su condición de personas: a pesar de las atrocidades que cometieron, tienen un juicio justo. Eso es lo que garantiza un Estado de derecho. Tenemos que apostar a seguir construyendo la democracia que tanto nos costó".
Verdura, a cárcel común
"Una persona que llega a los 80 años a un juicio, llega a esa edad porque se encargaron previamente de demorar la persecución criminal, por lo tanto, esta idea piadosa de decir es grande, añoso y debe ir a su casa, es desconocer todo lo previo: lo que hicieron en ese momento y en los años posteriores. Es el lugar donde deben estar", interpretó el abogado de la querella César Sivo.
Instantes antes, el Tribunal había definido revocar el arresto domiciliario a Verdura, "atento la magnitud de la pena impuesta", pero también ante "la existencia de peligros procesales que han incidido sobre la realización del presente debate y se ciernen como amenaza cierta respecto de otros tramos de este proceso pendientes de enjuiciamiento oral". Se estaba refiriendo a "las amenazas que se han vertido durante este juicio oral, cuyo objetivo estuvo dirigido a intimidar futuros testigos o colaboradores razón por la cual el mantenimiento del beneficio a Verdura podría conspirar contra la realización de los fines del proceso".
Ante ello, dispuso el inmediato traslado en un vehículo sanitario del Servicio Penitenciario Federal para su alojamiento en el Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza a fin de que personal médico efectúe un amplio informe tendiente a determinar la unidad penitenciaria donde deberá quedar alojado de acuerdo con su estado de salud.
Las víctimas
Las violaciones a los derechos humanos por las que fueron juzgados y condenados los cuatro acusados comenzaron en la ciudad de Tandil el 13 de septiembre de 1977 con el secuestro del subcomisario Francisco Nicolás Gutiérrez; continuaron el 14 de septiembre de 1977 con los de su hija, Isabel Gutiérrez de Ledesma, y de su yerno Juan Carlos Ledesma, en Olavarría; y la lista se completó con las capturas del 16 de septiembre de 1977 de Osvaldo Roberto y Jorge Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Cassano, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez y Néstor Horacio Elizari, Rubén Argentino Villeres y Graciela Follini de Villeres; el 20 de septiembre de 1977 con las privaciones ilegales de la libertad de Roberto Edgardo Pasucci y Guillermo Oscar Lujan Bagnola; el 21 de septiembre de 1977 de Osvaldo Raúl Ticera y Juan José Castelucci; el 22 de septiembre de 1977, Rubén Francisco Sampini y Carmelo Vinci; el 26 de septiembre de 1977, Eduardo José Ferrante; el 29 de septiembre de 1977, Alfredo Serafín Maccarini y el 1° de noviembre de 1977, Juan Carlos Butera.
Los condenados
Ignacio Aníbal Verdura tuvo a su cargo el Regimiento de Caballería Blindada 2 de Olavarría, y por ello se encontraba a cargo del Área 124, con jurisdicción sobre los centros clandestinos de detención a los que fueron llevadas las víctimas de este proceso. El fiscal lo denominó como "dueño y señor de la vida de los detenidos".
"Ante la ejecución sumaria, caso de Jorge Fernández y Alfredo Maccarini, ninguna autocrítica. Ante la colaboración en la desaparición de personas, casos de Folini-Villeres y Gutiérrez-Ledesma, ninguna autocrítica. Ante el secuestro y la tortura de dirigentes estudiantiles o de obreros, como son el resto de los casos, ninguna autocrítica. Ante lo que se encuentra acreditado como la ejecución infame de detenciones arbitrarias, ninguna autocrítica. Ante su intervención perversa con los familiares de quienes estaban secuestrados, ninguna autocrítica. Ante la sociedad argentina por haber utilizado las armas que le dio el Estado en contra de sus ciudadanos, ninguna autocrítica. Ante la abrumadora prueba que lo sindica como el jefe de área en la cual se desarrollaron crímenes de lesa humanidad, ninguna autocrítica", le reprochó durante el alegato el fiscal Walter Romero.
Walter Jorge Grosse fue Capitán del Ejército y oficial de Inteligencia de la Plana Mayor ("S2", según la nominación castrense para quien ostente ese cargo) del Regimiento de Caballería de Tanques 2 de Olavarría. Un testigo contó que se enteró que Grosse decía que, cuando golpeaba, Dios le agradecía.
Numerosos testimonios dan cuenta de su participación y responsabilidad en los delitos juzgados. Araceli Gutiérrez declaró que en la cárcel de Devoto fue visitada por el imputado. "No sabía que era Grosse en ese momento, me dijo que me quedara tranquila, que me iban a dar la libertad, que no me involucrara en protestas y eso", dijo la testigo y sobreviviente.
Un dato que dio a conocer Romero es que Grosse, como oficial de Inteligencia -y por ello integraba la plana mayor del Regimiento- debía efectuar los interrogatorios de los prisioneros.
Omar Antonio Ferreyra, apodado "el Pájaro", al momento de los hechos tenía el rango de sargento. Osvaldo Fernández declaró que le pareció haber oído la voz de Ferreyra a quien no conocía, en Monte Peloni. La pudo reconocer cuando lo escuchó al ser designado en Control Urbano en la Municipalidad de Olavarría. "La voz de Ferreyra le pareció haberla escuchado con la guardia que venía con el auto, con el generador y que venía a torturar, a endurecer el trato, no todos los días, le pareció escucharlo en esos días", citó la Fiscalía durante el alegato.
Otra testigo dijo que lo vieron en los operativos de las detenciones ilegales, y también lo distinguió la hermana de Fernández cuando le entregaron el cuerpo en el cementerio.
Por su parte, Lidia Araceli Gutiérrez testificó que "los torturadores venían en un Fiat 1500 en el cual venía el pájaro Ferreyra". "Yo lo vi", aseguró Araceli. Su nariz, que -de acuerdo a los testigos- le vale el apodo, no le dejó lugar a dudas.
Horacio Rubén Leites, como teniente primero y en su carácter de Jefe del Escuadrón A del Regimiento de Caballería, también "tuvo participación destacada en los hechos" juzgados.
Rubén Sampini, quien hizo el servicio militar en el Regimiento, declaró que pudo reconocer a Leites cuando le pusieron un caño en la boca y dio cuenta de la voz chillona del imputado. Como soldado del Regimiento, lo conocía.
Leites asumió el 24 de marzo de 1976 como interventor del distrito de Laprida, "lo cual nos da una pauta del grado de compromiso que tenía con los planes urdidos con antelación por el Ejército para realizar el Golpe de Estado", puntualizaron los fiscales en la acusación.
[Fuente: Ministerio Público Fiscal, Bs As, 05ene15]

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