22jul03

---

La cámara federal de Resistencia deja en libertad a diez oficiales responsables de la masacre de Margarita Belén.

---

Los diez oficiales del Ejército -tres de ellos en actividad- acusados de la Masacre de Margarita Belén perpetrada en 1976 recuperaron la libertad por orden de la Cámara Federal de Resistencia, se informó este lunes.

El tribunal hizo así lugar al recurso de habeas corpus que había presentado el defensor oficial Carlos Pujol, y con el cual se suspendieron las declaraciones indagatorias de los militares, que estaban detenidos desde hace un mes.

El abogado de la querella, Mario Bosch, denunció que "dos de los camaristas deberían haberse inhibido ya que una fue funcionaria del Gobierno chaqueño durante la dictadura militar y otro juró como juez por los Estatutos del régimen de facto".

Se trata, siempre según el letrado, de la camarista Beatriz Fernández, de quien dijo que habría estado empleada en el Ministerio de Trabajo durante la dictadura, y del camarista Tomás Inda, que -señaló- habría hecho el juramento.

El tercero de los jueces de la Cámara Federal chaqueña es Diómedes Rojas, que asumió en el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el primero tras la dictadura.

El tribunal, además, cuestionó la competencia del juez federal de Chaco que venía actuando en el caso, Carlos Skidelsky, y consideró que el expediente pertenece a la Cámara Federal de Rosario, que tuvo en sus manos el caso durante años.

La resolución estuvo basada en un añejo dictamen del fiscal federal Jorge Auat, que se había pronunciado por la incompetencia de Skidelsky, aunque luego esa situación se revirtió.

Auat dijo que se usó como elemento "un dictamen de mi autoría que señalaba la incompetencia del juez, pero era una opinión desactualizada".

"Yo sostuve en un momento que la competencia, de acuerdo a un fallo de la Corte, recaía sobre la Cámara de Rosario, pero después la propia Cámara declinó esa atribución y envió el expediente a Skidelsky; es decir que ese dictamen quedó sin efecto", resaltó el fiscal.

Según el fiscal, los imputados de homicidio agravado por el número de personas y alevosía deberían "seguir privados de su libertad y ser trasladados en esa calidad a la nueva jurisdicción resuelta por la Cámara".

"De lo contrario, se consuma un desorden normativo en el derecho positivo argentino, que pasa por liberar a personas a través de una resolución contraria a derecho que, para colmo, fue motivada por un recurso de habeas corpus improcedente", indicó.

Por su parte, el abogado Bosch -de familiares de las víctimas y de las organizaciones Hijos y Cels- anticipó que la querella apelará la medida de la Cámara y si es necesario, anticipó, llegarán hasta la Corte Suprema de Justicia nacional.

Los oficiales detenidos son Athos Renes, Rafael Sabol, Norberto Tozzo, Luis Alberto Pateta, Ernesto Simoni, Aldo Martínez Segón, Horacio Losito, Guillermo Reyes y Germán Riquelme. El décimo acusado es el coronel retirado Jorge Alcides Larrateguy, que está ingresado en el Hospital Militar Central.

La acusación es por presunto "homicidio agravado por el número de personas y por alevosía".

El ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien al momento de los hechos era secretario del gobierno de facto en Chaco, insistió en rechazar las sospechas en su contra y dijo que los beneficiarían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Brinzoni expresó por Radio 10 que "Margarita Belén fue un lamentable episodio incluido en la causa por la condena a los comandantes y que, tal cual dice la Corte Suprema, no fue un enfrentamiento sino la eliminación de detenidos".

El 7 de marzo último el juez Sidelsky declaró en esta causa la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final porque esas normas, dijo, "están reñidas con las normas de las leyes argentinas y todos los pactos internacionales suscriptos por nuestro país".

La masacre ocurrió el 13 de diciembre de 1976, cuando 22 presos políticos fueron arrancados por la noche de las cárceles en Resistencia y ejecutados en forma sumarísima.

La historia oficial del Ejército contó que los 22 presos -de la Juventud Peronista y de la izquierda- intentaron escapar en dos vehículos ayudados por un comando paramilitar que atacó al convoy del Ejército que los transportaba supuestamente a Formosa.

Sin embargo, la Justicia estableció que las víctimas fueron recogidas inconscientes -tras ser torturadas- y trasladadas por la ruta nacional 11 hasta que a la altura Margarita Belén, al norte de Resistencia, fueron fusilados.

[Fuente: La Voz del Interior, Córdoba, Arg, 22jul03]

Este documento ha sido publicado el 03ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights