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5ene02


La clase dirigente sigue sin aprehender las razones estructurales de la quiebra del sistema.

Por Gregorio Dionis


El seguimiento de la crisis sigue aportando sorpresas de todo tipo, en la misma medida que la clase política argentina sigue sin aprehender las profundas razones estructurales de la quiebra del sistema; al mismo tiempo, emergen las posiciones de las empresas españolas que controlan la mayoría de los sectores financieros y de servicios públicos, buscando que el Gobierno español les salve de la falta de previsión de sus propias inversiones y de la utilización, en muchos casos, de la coptación política como arma de reaseguro del desproporcionado riesgo financiero. Para ello basta ver los nombres de sus socios locales en los consejos de administración tanto en Argentina como en Chile. La crisis de Aerolíneas Argentina puede servir como modelo del avenir.

La cuestión básica de las medidas económicas es que no superan el enfoque monetarista primario, y no resuelve la viabilidad de las instituciones financieras que están claramente en quiebra técnica, de ahí la imposibilidad de abrir los bancos.

Las causas son muy sencillas de comprender: Los depósitos a la vista con garantía dólar, según datos del Banco Nación, son aproximadamente de 48.000 millones de dólares, y las Reservas de libre disposición no superan los 3.300 millones de dólares.

A estas cifras hay que sumar el resto de los depósitos a la vista en pesos (aprox 18.000 millones), el circulante existente en manos del público en pesos y en bonos provinciales emitidos sin respaldo fiduciario alguno. Las tarjetas de créditos han sido dejadas fuera expresamente en este caso.

Es evidente que estas cifras no cuadran con el criterio político hecho público de garantizar la devolución de los depósitos en dólares a los depositantes, ni muchos menos con la posibilidad de que los bancos devuelvan dichos importes sin emisión monetaria.

Las posibilidades de maniobra son mínimas sin tomar medidas drásticas en el sistema financiero bajo el control del Banco Central. Evidentemente, los bancos españoles (ampliamente mayoritarios en el mercado) han amortizado y descontado incluso el cierre de sus operaciones, pero no están en condiciones de comenzar las operaciones nuevamente.

Las próximas horas serán claves para ver cómo una clase política corrupta e inepta logra encontrar una salidad racional, sin asumir costes políticos de ningún tipo e intentando que no haya responsables jurídicos del desastre. La ley de emergencia nacional no tiene ni una sola línea dedicada a depurar responsabilidades o combatir la corrupción rampante.

Un estado de origen y aplicación de fondos del total de los recursos "perdidos" en el sistema y la aplicación de las normas de la Convención Interamericana contra la corrupción (firmada por argentina el 29mar96 y ratificada en 1997) e incluso de la Convención de la ONU contra el crimen organizado serían de obligada exigencia en estos momentos.
[Ver http://www.derechos.org/nizkor/corru ]

Pero todo hace pensar que el mismo modelo de impunidad político social creado para ocultar los crímenes contra la humanidad se quiere hacer extensivo a los delitos económicos y sociales, que han llevado a la quiebra al sistema económico argentino, única cuestión que parece aceptada por los dirigentes políticos que ahora defienden la "desdolarización" de la economía con el mismo dogmatismo con que en 1991 aprobaron la dolarización.
[Ver http://www.derechos.org/nizkor/econ ]

La muestra más palmaria de esta irresponsabilidad social y política, es que el responsable de la Comisión de Presupuesto de 1991 que defendió el proyecto en aquel entonces, es el mismo que defenderá este nuevo modelo. El ministro de justicia, el mismo que apoyó e informó favorablemente las leyes de impunidad en su momento. El ministro de exteriores, el mismo que fue colaborador de la derecha sindical en 1975, amigo personal y político del Almirante Massera al que apoyó en su proyecto del Partido Demócrata Social.

Son otros de los "eslabones perdidos" de la impunidad.


DDHH en Argentina

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Este documento ha sido publicado el 9feb02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights