EQUIPO NIZKOR |
|
17ene09
Niegan datos a la fiscalía de Garrido
La Auditoría General de la Nación (AGN) decidió que ya no le dará información sobre sus casos en trámite al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, impulsor de muchos de los expedientes por presuntos casos de corrupción en la era kirchnerista.
La medida se dio a conocer a través de una nota dirigida al procurador general, Esteban Righi, que es el jefe de Garrido, del 30 de septiembre de 2008, que no se hizo pública. El único integrante de la AGN que no la firmó fue el presidente, el radical Leandro Despouy, que hoy está enfrentado más que nunca con los auditores del oficialismo.
La decisión se tomó luego de que el fiscal de Investigaciones Administrativas solicitó a la AGN "copias certificadas del informe de auditoría relacionado con la obra de extensión de la interconexión patagónica hasta la ciudad de Pico Truncado", sus correspondientes papeles de trabajo y los nombres de los auditores que lo realizaron. Ese expediente investiga un presunto sobreprecio de unos $150 millones en Santa Cruz. Cuando Garrido pidió los documentos, el informe estaba listo, pero todavía no había sido aprobado. Los argumentos para rechazar el pedido fueron razones de "confidencialidad".
"Es un alzamiento contra las competencias propias del Ministerio Público. Esta decisión puede generar un conflicto de poderes y comprometer seriamente el éxito de las investigaciones", dijo ayer Garrido a LA NACION.
El fiscal argumentó que tiene atribuciones para pedir documentación que es pública, y sostuvo que "normas reglamentarias que tienen por objeto resguardar la confidencialidad no pueden ser invocadas para obstaculizar las investigaciones de un juez o de un fiscal".
No es la única limitación que sufrió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en los últimos tiempos. En noviembre pasado, Righi recortó las atribuciones de Garrido, que ya no puede presentarse en las causas de corrupción y pedirles medidas de prueba a los jueces, salvo casos excepcionales. Desde entonces, la relación entre el titular de la FIA y su jefe es crítica.
A nadie sorprendió entonces que Righi no hubiera respondido la nota de la AGN y se hubiera limitado a reenviársela a Garrido.
En aquella nota (la 79/08 P), los auditores le advirtieron al procurador que habían recibido "reiteradas solicitudes de información" de la FIA "sobre diversas temáticas", y sostuvieron que su deber de colaboración con el fiscal se iba a "ver satisfecho" cuando los informes finales, una vez aprobados, fueran publicados en Internet.
No sólo los kirchneristas firmaron esta comunicación. También, los radicales Alfredo Fólica y Horacio Pernasetti, con quienes LA NACION intentó comunicarse anoche sin éxito.
El auditor por el oficialismo Javier Fernández explicó los motivos de la decisión: "Los informes aprobados están en la Web y si los pide Garrido o quien sea se los damos, pero nuestros papeles de trabajo son reservados hasta que se termine la auditoría... Nosotros no obstaculizamos nada".
-¿Y si el que pide esos documentos es otro fiscal o un juez?
-No tenemos una decisión tomada, eso tiene que resolverlo el Colegio de Auditores. Tampoco lo de Garrido es una decisión final.
El diputado Juan Carlos Morán (CC-Capital), uno de autores de la denuncia por los presuntos sobreprecios en el tendido eléctrico de Santa Cruz, cuestionó la decisión de la Auditoría. "Es parte de una estrategia del Gobierno de avasallamiento de los organismos de control. Se recortan las atribuciones de Garrido, se limitan las funciones de Despouy al frente de la AGN y no se cubre la vacante en la Oficina Anticorrupción. Todo ayuda a garantizar la impunidad", dijo.
El auditor justicialsita Oscar Lamberto lo desmintió: "Esto no es más que un problema de competencia: la Auditoría depende del Parlamento y la FIA de la Procuración. Si la FIA quiere algún documento, tiene facultades para pedírselo al Poder Ejecutivo. No necesita que se lo demos nosotros".
Los auditores kirchneristas están indignados con Garrido desde marzo de 2007, cuando el fiscal denunció irregularidades en el contrato de concesión de los aeropuertos sobre la base de un informe de la AGN que aún no había sido aprobado por el Cuerpo de Auditores. De hecho, nunca lo fue. Como el Congreso ya había votado la prórroga de la concesión, el asunto se declaró abstracto en la AGN.
[Fuente: La Nación, Bs As, Arg, 17ene09]
 | This document has been published on 01Feb09 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |