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08mar15
"La purga del Poder Judicial es una asignatura pendiente"
Desde la vuelta de la democracia, sólo un juez federal pudo ser condenado por delitos de lesa humanidad, el santafecino Víctor Brusa fue denunciado por haber participado en interrogatorios y tormentos a detenidos y encontrado culpable en dos juicios con penas de 21 y siete años. El caso simboliza una situación que recorre los últimos 39 años: la complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado, la continuidad de esos funcionarios en democracia y la dificultad para avanzar con un sector tan poderoso del entramado civil de la última dictadura.
"Al menos 129 funcionarios judiciales han sido vinculados a alguna práctica terrorista del régimen autoritario, lo que representaría el 30% de la composición actual del fuero criminal y correccional de la justicia federal. Noventa de ellos han sido denunciados penalmente, 53 están formalmente imputados. Pero hasta el momento, sólo se ha registrado una condena en firme", resume el libro ¿Usted también, Doctor?, una investigación colectiva coordinada por Juan Pablo Bohoslavsky sobre la complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura.
El libro recorre las últimas cuatro décadas del Poder Judicial a través de casi 30 especialistas. Además de analizar el rol de funcionarios judiciales y sus alcances, también hace un reclamo a la justicia actual: una investigación oficial y sistemática en la materia y un pedido puntual a la Corte Suprema para que reconozca y pida disculpas públicas por el accionar en esos años.
"Una parte significativa del Poder Judicial fue activa -no sólo complaciente o apolítica- en su colaboración con el régimen: desde la denegación sistemática (tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores) de hábeas corpus, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la reticencia a investigar seriamente los crímenes (…) hasta la apropiación ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres (...)", describe Bohoslavsky en la introducción del libro y cuestiona que la complicidad no se haya abordado de manera integral y profunda en democracia: "Por ello no sorprende la connivencia de una gran cantidad de jueces y fiscales de la familia judicial, dirigida a obstaculizar o dilatar los juicios contra los genocidas, así como a perseguir a quienes denunciaban a los funcionarios cómplices (caso 'Kimel')", agrega.
En diálogo con Tiempo, Bohoslavsky, doctor en Derecho y Relator Independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa en los Derechos Humanos, aclara que no programó que el libro saliera en este momento político de disputa entre el gobierno nacional y sectores del Poder Judicial. "Este proyecto lleva dos años y medio y es una progresión académica natural en la manera en que la Argentina se está pensando en materia de Verdad, Memoria y Justicia. Es ampliar los anillos de responsabilidad sobre aquellos actores no militares", aclaró.
Sin embargo, no le rehúye al debate y señala que la justicia debería mirarse en el pasado: "El Poder Judicial necesita conocer más sobre su propia historia para entender cuáles son y han sido sus deudas o sus puntos débiles y sus fortalezas. Conocer mejor la historia y parte todavía actual de la composición de la justicia va a enriquecer el debate que tiene lugar en la Argentina."
-¿Qué rol ocupó la justicia en la dictadura?
-En el Poder Judicial como institución, dentro de la categoría cómplices, hubo tres grupos: los militantes, casos como el juicio de Mendoza (Luis Miret, Otilio Romano), en algunos casos tomaban testimonios a personas que eran torturadas. Era un grupo que participaba de forma entusiasta en la convalidación del accionar represivo. Después estuvo la inmensa mayoría, que denominamos complacientes banales, quienes no investigaban por miedo a perder su salario o víctimas de esta idea generalizada que había un derecho y una constitución en pie. No investigaban pero no acompañaban al régimen. El tercer grupo fue minoritario: los pocos jueces y fiscales que tuvieron una actitud decente e independiente frente al gobierno de facto e intentaron amparar a la víctimas, pero encontramos muy pocos.
Es muy difícil determinar qué grupo fue el más dañino en términos de afectación de los Derechos Humanos. Hay jueces que participaron en el circuito de apropiación de niños, que rechazaban habeas corpus. Casos extremos que pueden tener secuelas a nivel penal o civil. Pero la inmensa mayoría eran complacientes banales que pensaban en su cargo, algunos por temor.
--¿Cuál fue el lugar de la Corte Suprema en ese entramado?
-A los pocos días del golpe, todos los jueces de la Corte fueron removidos, junto al Procurador de la Nación y varios jueces federales. Todos fueron remplazados. Lo que esperaba la dictadura que sucediera con la Corte fue lo que ocurrió: convalidó los estatutos de la dictadura, de hecho juraron por los estatutos y por la Constitución. La Corte tuvo dos colaboraciones principales. Por un lado convalidó el nuevo sistema jurídico que impusieron los militares. Convalidaron la constitucionalidad de los estatutos. Y por el otro lado no investigaron los delitos que la fuerzas represivas cometían al margen de cualquier control. Convalidaban la estructura jurídica, en algunos casos represiva, como la prohibición del derecho a opción de salir del país, y por otro no investigaban los hechos. Hubo más de 5 mil de habeas corpus y sólo un puñado fue investigado.
-¿En qué se tradujo ese rol cómplice?
-Hay un visión generalizada de que con ese accionar el Poder judicial le dio un manto de legitimidad a la dictadura y en general tuvo un rol nefasto al no proteger a las víctimas o controlar al poder.
-En la vuelta de la democracia, ¿hubo un quiebre o una continuidad de los personajes?
-Hubo una purga limitada del poder judicial. Los jueces de la Corte fueron removidos pero muchos siguieron sus funciones. Creo que el caso más patético se dio en Mendoza. Es una asignatura pendiente de la democracia y tuvo secuelas institucionales. Eso se ha visto claramente en jueces que han dilatado o demorado causas de lesa humanidad pero estaba pensando en una dimensión más sutil, funcionarios que demostraron no tener un compromiso con los Derechos Humanos en el pasado y eso ha contaminado sus decisiones judiciales en otros temas.
-El libro anterior, Cuentas Pendientes, tuvo un efecto concreto en la conformación de una comisión de la Verdad en Diputados sobre la complicidad empresarial. ¿Cuál es el objetivo de este libro?
-El objetivo en principio es académico, contribuir al conocimiento acerca de lo que sucedió en el pasado y participar en la construcción colectiva de la verdad. Después la sociedad civil y el Estado espero que enriquezcan la agenda sobre estos temas. Saber qué pasó es un derecho de la sociedad y las víctimas y sólo conocemos la punta del iceberg.
-En el cierre del libro, hay un pedido a la Corte para que se ponga al frente de este tema. ¿Por qué?
-Es necesaria una investigación con una participación amplia, no sólo judicial, para que sea más legítimo. Además, sería importante para las víctimas del terrorismo de Estado que la cabeza del poder judicial pidiera disculpas públicas y compartiera algunas definiciones sobre lo que pasó en Argentina.
Lo simbólico es muy importante para la sociedad en su conjunto y sobre todo para las víctimas y familiares, que recorrieron juzgados durante la dictadura preguntando el paradero de sus familiares. En 2013 lo hizo la Corte de Chile, al reconocer el rol cómplice con la dictadura pinochetista. Es una forma de reparación para las víctimas.
[Fuente: Por Gerardo Aranguren, Tiempo Argentino, Bs As, 08mar15]
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