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19ene16
Denuncia contra Sala alcanza a exfuncionarios
Las acusaciones tienen que ver con irregularidades en la entrega de fondos en el Instituto de Viviendas.
En el marco de las denuncias realizadas por Gerardo Morales contra la dirigente social Milagro Sala, hoy el Gobierno de la provincia realizará una ampliación de las mismas al agente fiscal de Investigación Penal.
Los medios en conferencia tuvieron acceso a la denuncia la cual está encabezada por el Fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda y el presidente del Instituto de Viviendas de Jujuy (Ivuj), Walter Morales debido a irregularidades en el instituto provincial.
La misma resumía que se interpone una denuncia a los presidentes de 13 cooperativas de capital por haber causado perjuicio por fraude a la administración pública, lo que se encuadra en la figura prevista por el artículo 174 inciso 5º del Código Penal.
Asimismo se denuncia que estas 13 cooperativas forman parte conjuntamente con otras entidades similares, de una articulación más grande que las abarca y dirige la Organización Social Tupac Amaru, comandada por Milagro Sala, juntamente con otro grupo de personas que la gobiernan, manejan y operan sus actividades.
La denuncia afirma que esto se trataría, en consecuencia, de una asociación ilícita cuyo fin es la comisión de delitos, entre ellos el de fraude a la administración pública. Dada la cantidad de personas y la participación de funcionarios públicos, es aplicable el tipo de la asociación ilícita agravada del artículo 210 bis del Código Penal.
Finalmente la misma dice que toda la operatoria a la que se refiere la presente ha sido posible por la participación de funcionarios públicos que integraban esta asociación Ilícita y sin los cuales no hubiera podido lograrse cometer los delitos descriptos.
Estos funcionarios, continua, son quienes firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago sin respaldo técnico necesario. Por esto se denuncia a Pablo Tolosa, exvocal social del Instituto de Viviendas de Jujuy y Lucio Abregú, ex presidente del Ivuj.
Al mismo tiempo se denunció a Marta Gutiérrez, jefa de Departamento Administrativo Financiero quien libró los fondos pese a las irregularidades existentes.
Tratándose de funcionarios públicos, se podría recaer además en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
Sin constancias
La denuncia sostiene que no surge de los expedientes ninguna constancia de que la obra haya sido realizada ni tampoco que permita identificar la ubicación de las mismas. Dadas las irregularidades existentes no se debió efectuar el pago y menos aún fraccionar el pago en dos o más cuotas o cancelar el monto total de la obra sin la existencia del acta de inicio de obra y la emisión de los de avance y terminación de las mismas.
Sobre la participación en el delito de los mencionados funcionarios públicos, esto se debe a que ordenaron los pagos ilegalmente y que mantenían una convivencia con el resto de los participantes en la cadena de circulación de los fondos públicos y tenían pleno conocimiento de la irregularidad de la entrega de ese dinero.
Los montos
De acuerdo a la denuncia, se registraron constancias de entregas de montos por obras a diferentes cooperativas; los mismos eran de $63.192,88 y una segunda entrega de $56.005,85. Todos fueron emitidos durante el 2015.
Las obras no tienen constancias de haber sido realizadas y pertenecen a las cooperativas "Jalisco (2)"; "San Cayetano (2)"; "Tekuré"; "Nueva Esperanza (2)"; "Moreno"; "La Banda"; "26 de agosto" y "Rimay".
A estas denuncias se suman las vinculadas con el acampe y la desaparición de 29 millones de pesos, en las que están sospechados Sala y su entorno.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 19ene16]
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