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22abr07
La Corte analiza la validez de los fallos de 200 jueces
Deciden todos los días sobre la libertad, los vínculos y los bienes de las personas como si fueran jueces con todas las de la ley. Sin embargo, no lo son. Uno de cada cuatro juzgados nacionales está a cargo de un funcionario nombrado sin haber cumplido con los requisitos que la Constitución exige, y la Corte Suprema deberá resolver ahora si los fallos dictados por ellos son válidos.
Se trata de los subrogantes, 200 jueces de emergencia que nombró el Consejo de la Magistratura para cubrir los tribunales vacantes, mientras se lleva adelante el trámite para elegir sus titulares. Este proceso, en el que intervienen los tres poderes del Estado, demora, en promedio, dos años.
La Corte se enfrenta con una decisión difícil. No hay dudas de que estos magistrados no son los jueces que prevé la Constitución, pero si el máximo tribunal accediera a declarar su inconstitucionalidad, los pedidos de nulidad de las decisiones tomadas por ellos serían tantos que la administración judicial podría colapsar.
Es que los subrogantes representan hoy el 23 por ciento de los jueces nacionales. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, son 200 sobre los 874 que integran el Poder Judicial.
Aunque nunca fueron tantos como ahora, la figura del juez suplente no es nueva: en sus diferentes variantes, funcionó siempre en todo el país. Su proliferación se debe, en primer lugar, a lo engorroso del trámite para cubrir las vacantes, que establece muchas etapas de evaluación y de intervención ciudadana. También, a un nuevo fenómeno: el alza de renuncias de jueces, que son récord hasta el momento. En ninguna gestión desde el regreso de la democracia habían renunciado tantos magistrados.
A principios de 2004, cuando los juzgados acéfalos se empezaron a multiplicar, el Congreso autorizó la designación de los subrogantes para garantizar que se prestara el servicio de justicia en un tiempo razonable. Son secretarios, abogados o jueces jubilados que designa la Comisión de Selección del Consejo sobre las propuestas de las Cámaras de Apelaciones, sin pasar siquiera por el plenario del Consejo.
"Imposible"
"Ya la emergencia lo puede todo... Es imposible considerar constitucionales a estos jueces", dijo a LA NACION el jurista Daniel Sabsay, que sostuvo que la Corte deberá decidir, entre la constitucionalidad y la seguridad jurídica, a qué bien le dará preeminencia. "Si la Corte resuelve que los subrogantes violan la Constitución, sus fallos son insalvablemente nulos, en rigor, inexistentes", advirtió Sabsay.
En los últimos tiempos varios jueces compartieron este criterio. Los primeros fueron los miembros de la Sala V de la Cámara del Crimen porteña, que, en 2005, anularon un procesamiento y una prisión preventiva que había dispuesto un subrogante. Entonces, para evitar una "parálisis de la administración de justicia", que podía traer "consecuencias gravísimas para la salud de la República", la Corte dictó una acordada en favor de los subrogantes. En ella, "invitó" al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo a que agilizaran los trámites, algo que no pasó.
Pero era una acordada, con el carácter de un acto administrativo. Ahora, la Corte deberá emitir un fallo en un caso concreto y resolver si es válida una causa que llevó adelante un secretario que ofició de juez.
Se trata de una querella que el diputado de Pro y presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, presentó contra el periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo, que había acusado al dirigente de presionar a jueces de la Corte para revocaran un fallo en un juicio que el ex futbolista Claudio Paul Caniggia le había ganado a Boca.
La instrucción de la querella había estado a cargo de Néstor Costabel (subrogante). Por eso la defensa de Cherquis Bialo pidió su nulidad. El año pasado llegó con su demanda hasta la Cámara de Casación, que le habilitó el camino a la Corte. Mientras tanto, en distintos ámbitos vinculados con la Justicia se fueron ideando diversos proyectos con un fin común: hacer que los subrogantes se parezcan más a los jueces verdaderos. Desde el Consejo de la Magistratura, el abogado Beinusz Szmukler propuso que se formara una lista de potenciales jueces que contaran con el aval del Gobierno y el Senado. Ellos estarían listos para asumir cuando se produjera una vacante.
La idea no prosperó, pero el año pasado, la diputada y consejera kirchnerista Diana Conti (FPV-Buenos Aires) presentó en la Cámara baja un proyecto similar, junto con el titular de la Comisión de Justicia, el también oficialista Luis Cigogna, iniciativa que está para ser tratada en el recinto.
Conti tomó como base el anteproyecto de un grupo de jueces que habían propuesto que los subrogantes contaran al menos con el aval del Senado y que se los dotara de más garantías para evitar que quedaran "a merced de eventuales influencias".
Es que la fragilidad de los subrogantes no se limita a su irregular designación. Además, pueden ser removidos por la sola decisión de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo (para los jueces de la Constitución, en cambio, es necesario el juicio político) y su designación debe ser renovada cada seis meses.
"Con estos plazos se establece un control administrativo del desempeño judicial que lleva a que los jueces actúen para el gusto de quien debe controlarlos", dijo a LA NACION el camarista Luis María Cabral, miembro del Consejo y coautor de un proyecto para que los subrogantes no necesiten renovar su designación.
"La subrogancia tiene una gran endeblez jurídica, constitucional y legal. Yo creo, y así lo sostuve en el caso que me tocó resolver, que el régimen tal como está planteado es inconstitucional", advirtió Cabral.
En las próximas semanas, la Corte deberá decidir si adopta este criterio y, si lo hace, prever la solución a la crisis que vendrá. Hoy 200 tribunales están acéfalos y funcionan con subrogantes que, cada día, firman cientos de sentencias en todo el país.
El juzgado federal que ocupó durante más de una década Juan José Galeano parece tener una maldición. Vacante desde hace casi dos años, está a cargo del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que obtuvo un 1 como calificación en el examen que rindió para convertirse en el titular del tribunal.
No fue el único reprobado. De los 33 candidatos que se presentaron a la prueba escrita para reemplazar a Galeano, sólo dos sacaron más de siete, y más de la mitad no llegó ni al cuatro. Se generó un gran desconcierto: entre los aplazados había funcionarios con años en el fuero penal y el examen consistía en resolver casos prácticos. Rápidamente, el concurso recibió decenas de impugnaciones. Entonces, el Consejo de la Magistratura convocó a un tribunal de juristas para que revisaran los exámenes.
Ellos fueron terminantes. Julio Maier, Gustavo Mitchell y Carlos Lascano dijeron que el dictamen de los jurados había sido casi perfecto por su fundamentación, que nadie podía tacharlo de arbitrario y que difícilmente recordaban uno semejante en cuanto a la precisión, el rigor analítico y el detalle con que se habían valorado las respuestas.
Lascano y Maier fueron aún más lejos: dijeron que el rigor había estado bien para el alto cargo al que se aspiraba y advirtieron que si se hace lugar a este tipo de impugnaciones se llegará al "desprestigio de los concursos" y a que los jurados sean ocupados por personas "de menor valor, acerca de las cuales pueda expresarse, ab initio, que no molestarán".
El Consejo de la Magistratura debe analizar ahora estas respuestas, así como el destino de Aráoz de Lamadrid. Mientras tanto, el juzgado federal número 9 lleva casi dos años vacante.
Los subrogantes son jueces elegidos desoyendo la Constitución. Pero a veces su designación ni siquiera respeta las pautas básicas que la rigen, que establecen un sistema de selección muy simple: que la Cámara del fuero donde se produjo la vacante elabore una terna de candidatos y que el Consejo de la Magistratura nombre a uno de ellos.
Eso pasó hace diez días, cuando el Consejo nombró a un juez subrogante en lo contencioso administrativo que no estaba dentro de la terna elaborada por la Cámara de Apelaciones. A propuesta del kirchnerismo, la Comisión designó a Esteban Furnari para cubrir el juzgado 2 en lo contencioso administrativo, con cientos de causas contra el Estado. El elegido es un joven con menos trayectoria y antigüedad en su cargo que quienes competían en la terna con él, afirmaron fuentes de la Cámara. Sólo el juez Luis María Bunge Campos se opuso a la designación; todos los demás consejeros votaron con el kirchnerismo.
Los consejeros oficialistas Diana Conti y Carlos Kunkel explicaron a LA NACION que Furnari pertenecía a una "terna de minoría", pero el presidente del tribunal desmintió que existiera tal cosa.
Lo que hubo fue una propuesta para que la terna fuera otra, pero perdió en la votación. "Estamos muy sorprendidos con lo que hizo el Consejo. Para nosotros, lo que cuenta es la terna enviada, que es una", dijo a LA NACION Luis Otero, presidente de la Cámara. La semana pasada, ese tribunal resolvió que no le tomará juramento al nuevo juez y evalúa pedirle explicaciones al Consejo.
Buenos Aires, 22 de abril de 2007
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION
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