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01sep14
Aborígenes ceden derechos por unas cuantas viviendas
El 3 de julio de 2009, Urtubey firmó el decreto 2789 que prohíbe desmontar tierras de categoría II (amarillo) hasta que se realice el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades aborígenes.
Además de ese requerimiento, la ley nacional 26160 y sus modificatorias prohíben el desalojo de grupos originarios hasta noviembre de 2017.
Pese al citado ordenamiento y las prohibiciones que mantuvo la Corte Suprema desde marzo de 2009 hasta diciembre de 2011, en ese lapso se desmontaron en Salta 53.000 hectáreas.
Solo en Cuchuy (Ballivián) se deforestaron 2.762 hectáreas pintadas de rojo y amarillo.
Dentro del territorio reclamado por las comunidades aborígenes de Cuchuy están las 1.036 hectáreas (pintadas de amarillo) que San SRL, la empresa que preside el titular del Enreja, Sergio Mendoza, y en la que Facundo Urtubey tiene inocultables intereses, empezó a desmontar en 2009. También en la firma que arrendó parte de esas tierras, Hijos de Salvador Muñoz, empezaron a recaer cuestionamientos por desmontes realizados en San Martín y en Orán.
En este último departamento, el intendente de Pichanal, Julio Jalit, no tiene nada que envidiarle a su par de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, quien hizo firmar engañosas cesiones de derechos a puesteros criollos de la zona para adueñarse y explotar tierras tanto privadas como públicas.
En San Martín, ante el avance los desmontes y alambrados, las comunidades originarias de San José y Cuchuy presentaron una demanda ante la Corte Suprema. En 2013, el máximo tribunal se declaró incompetente y la causa quedó en manos de la Justicia salteña. Aún hoy esas comunidades siguen reclamando el cese de las mensuras y desmontes.
Investigadores de las universidades de Buenos Aires (UBA) y de Salta (UNSa) advirtieron que, no obstante las leyes y restricciones, empresas avanzaron sobre tierras de comunidades indígenas, al igual que con criollos, mediante acuerdos de comodato que les hicieron firmar a cambio de unas pocas hectáreas o viviendas.
En Caraguatá (Aguaray) la empresa Miguel Ragone desmontó cerca de 4.500 hectáreas pintadas de amarillo entre 2011 y 2012, sin autorización.
La Secretaría de Ambiente llegó consumado el desastre y eximió al hijo del exgobernador de la remediación del bosque y lo multó con $3 millones. Con el desmonte, esa finca pasó a valer $20 millones más.
El enojo de criollos postergados en el chaco salteño
La semana pasada, en el marco de una nueva audiencia pública para desmontar una finca de la zona de Hickmann, pequeños productores del Chaco salteño volvieron a reclamar que la Secretaría de Ambiente de la Provincia deje de autorizar desmontes que afectan posesiones criollas y alteran la paz social en ese departamento
Concretamente, se autodefinieron como "entenados" de la ley de bosques, el ordenamiento territorial y las recategorizaciones prediales y pidieron que el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable deje de hacer "la vista gorda" a sus largos reclamos, entre los que se cuenta la reglamentación del registro contemplado en la 7658, que aprobó la Legislatura a fines de 2010.
La citada norma provincial creó el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para pequeños productores y familias rurales. La inscripción en el registro que el Gobierno aún no habilitó resulta indispensable para que grupos campesinos puedan defender sus derechos posesorios y solicitar permisos para desmontes.
La ley, por otra parte, suspendió los desalojos de familias campesinos, con sucesivas prorrogas, por res años.
En enero último, el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Baltasar Saravia, recibió una durísima nota firmada por las autoridades de seis entidades campesinas de Rivadavia.
Las organizaciones civiles Unión y Progreso, Los del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Comisión de Feria Rural Campesina, Herencia Chaqueña y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño denunciaron, ya entonces, que se otorgaban permisos de aprovechamiento forestal a titulares registrales que arriendan o venden sus guías.
En el escrito advertían -como volvieron a denunciar días atrás- que familias criollas "nunca fueron notificadas como pidió la Corte Suprema" para defender sus derechos en las audiencias públicas donde se resolvieron autorizaciones de desmontes.
En dichas audiencias, solo entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se habilitó la deforestación de más de 14.000 hectáreas de categoría II (amarillo) en Rivadavia Banda Norte.
Llegan menos fondos, se conserva poco y los mecanismos de rendición son deficientes
La Nación sigue recortando a Salta y a otras provincias una parte sustencial de los fondos comprometidos por la ley de bosques. A su vez, el Gobierno salteño emplea mecanismos de rendición de cuenta deficientes, según advirtió la Auditoría General de la Nación (AGN).
Entre 2010 y 2013, estaban asignados cerca de $ 9.900 millones, pero solo llegaron a las provincias $1.010 millones. Con el grueso de las partidas se financió el "Fútbol para todos".
Los incumplimientos perjudicaron a productores que tienen sus tierras restringidas y también a grupos campesinos y comunidades aborígenes que no recibieron asistencia ni financiamiento para manejos y conservación de bosques.
La mayoría de esos proyectos, según la AGN, fueron de "formulación de líneas de base ambiental y no de conservación o manejo propiamente dicho".
Por el fondo de compensación, previsto en la ley nacional de bosques, entre 2010 y 2013 el gobierno nacional transfirió a Salta $149.515.304.
En el mismo lapso se aplicaron en distintos departamentos de la provincia 292 planes de manejo y conservación de bosques por $101.759.824.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 01sep14]
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