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02sep14
En la comunidad La Corzuela, en Dragones, toman el ejemplo de Dino Salas y ya trabajan con las fincas vecinas
Más comunidades aborígenes pretenden producir en sus tierras. Días atrás se conoció que la comunidad wichi de San Ignacio de Loyola, una de las que frenó los desmontes en cuatro departamentos de la provincia de Salta, entre 2009 y diciembre de 2011, se dispone a desmontar 185 hectáreas de sus tierras ancestrales para la producción agrícologanadera, como publicó El Tribuno. Ahora, aborígenes de la zona de Dragones trabajarán con productores locales sus propios proyectos productivos, siguiendo el ejemplo de Dino Salas, el cacique de la comunidad San Ignacio de Loyola.
En su momento, las poblaciones originarias habían denunciado a cuatro fincas y con eso paralizaron toda la actividad de deslinde y desmonte en unas 14.000 hectáreas de la zona de Dragones. Pero semanas atrás, representantes indígenas viajaron a Salta y pidieron levantar una medida cautelar en la Justicia.
Ahora avanzan en un proyecto productivo que incluye el aprovechamiento forestal de tierras privadas que trabajarán las comunidades. El dirigente aborígen Angel Nievas, presidente de la comunidad La Corzuela, con personería jurídica en Dragones, denunció que la cautelar presentada nació de presiones y engaños de asociaciones y particulares que dicen defender a los aborígenes y al medio ambiente.
"Nos versearon. Nos decían que hay que mezquinar el monte para seguir recolectando. Por hacer caso a ellos ahora no nos dejan hacer nada con el monte, ni para cortar parantes. Uno ya no puede sacar leña. Así es injusto, porque nos dimos cuenta de que no podemos trabajar. La cautelar generó un freno sobre 14 mil hectáreas que nos decían que eran nuestras, pero creo que es un verso, porque los papeles dicen que esa tierra tiene dueños. Me estoy dando cuenta que no es como dicen ellos. No es por ahí nuestra solución.
Creo que nadie nos va a dar nunca esa cantidad de tierras porque ya tienen dueños", le dijo a El Tribuno el presidente de la comunidad donde viven unas 20 familias aborígenes.
Según Nievas, su comunidad fue perjudicada. Criticó al INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a organizaciones que los habrían impulsado a presentar la medida cautelar en la Justicia sosteniendo que ese era territorio de su uso ancestral para la caza y la pesca. "Eso nos perjudicó porque esas tierras ya tenían dueños y nunca nos la iban a entregar a nosotros. Además dicen que tenemos que cazar y recolectar, cuando se necesita más que eso para poder vivir. Ahora nosotros entramos a una mesa de diálogo con los dueños de las cuatro fincas de la zona. Queremos trabajar", dijo Nievas, que se mostró en contra del sistema de "planillas de cacería" que tienen que llenar cada vez que cazan un animal y que son entregadas por organismos nacionales.
El proyecto productivo
Los aborígenes de La Corzuela y las otras dos comunidades firmaron un convenio de colaboración mutua con Isfacsa (Integración Social Forestal Agropecuaria del Chaco Salteño). Fernando Cenci, presidente de esa organización, había sido afectado por la medida cautelar que fue levantada por la Justicia. "En las audiencias por la medida cautelar, que presentaron empujados por organizaciones sociales que lucran con los aborígenes, nos dimos cuenta que las comunidades pedían agua potable, salud y trabajo. Es verdad que quieren tierras, pero la quieren para trabajar y no para conservarla para la gente de la ciudad", expresó.
"Por eso decidimos trabajar en conjunto con las comunidades y llegar a un acuerdo para que puedan salir de la mera subsistencia en la que se encuentran y se puedan generar proyectos sustentables que brinden trabajo y mejoren sus condiciones reales de vida", agregó.
El convenio incluye, como primera medida, la sesión total del aprovechamiento forestal de varias fracciones de 49 hectáreas para que desarrollen las comunidades aborígenes. Está convenido que cada uno de los cerca de 15 productores que forman parte del proyecto cederán esas fracciones de 49 hectáreas para generar trabajo en las comunidades. Con el apoyo de los productores se realizarán gestionarán los aprovechamientos forestales y los permisos de guías para trabajar la madera en esas tierras."También estamos trabajando en generar emprendimientos productivos sustentables, como la construcción y puesta en marcha de aserraderos, criaderos y actividades que generen valor agregado".
La medida cautelar
La medida judicial que frenó los trabajos en las cuatro fincas de Dragones fue presentada por las comunidades Asociación Nechehen-Nueva Generación (Asamblea de Dios), La Corzuela y Happe Siwokjuas (El Carpintero). Dirigentes aborígenes de esas comunidades, entre los que estaba Ángel Nievas, pidieron a la Justicia levantar esa medida cautelar, según se desaprende del oficio firmado en julio de este año por la jueza Bibiana María Acuña.
Los aborígenes ahora buscan trabajar con las fincas que denunciaron.
[Fuente: El Tribuno, Salta, 02sep14]
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