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10ene14


Jorge Auat afirma que en caso Hoft la suspensión de sus funciones arrastra la suspensión de los fueros


Agencia Paco Urondo: ¿Qué particularidades tiene el caso Hooft?

Jorge Auat: La particularidad es que hace bastante tiempo que veníamos pidiéndole al juez que lo cite a indagatoria. Cuando lo citaron, Hooft no compareció. No se lo ha podido indagar hasta ahora a partir de planteos dilatorios que viene haciendo, fundamentalmente por recusaciones a jueces y fiscales.

APU: ¿Recusó fiscales de la causa?

JA: Si, si. Incluso me recusó a mi cuando intervine en la única audiencia que intervine en Cámara. En esa oportunidad tuvimos que actuar nosotros porque los fiscales que intervenían en la causa habían sido recusados anteriormente. Nosotros pretendemos que de una vez por todas la causa se estabilice y podamos avanzar.

APU: ¿Por qué es tan importante el momento de la indagatoria?

JA: Es el medio de defensa, el momento en el que se produce la intimación penal. La indagatoria como acto procesal inexcusable es fundamental, no importa si declara o no. Hooft hoy está imputado y no se puede definir la situación procesal sin antes indagarlo.

APU: ¿Todavía tiene los fueros judiciales? ¿Eso lo beneficia?

JA: Hooft está suspendido. Nuestra idea es que la suspensión de sus funciones arrastra también la suspensión de los fueros. Los fueros no son personales sino funcionales, los tiene la investidura del juez, insisto, no es personal. Por esta razón, al no estar en ejercicio de sus funciones y estar suspendido, los fueros también lo están.

APU: En términos generales, ¿Cómo cree que han avanzado las causas que vinculan a jueces con la dictadura?

JA: Hay que tener en cuenta que no se trata sólo de la imputación al juez sino también el rol de ese juez en el marco de la investigación de los crímenes de la dictadura. Un caso concreto es Mendoza. Tuvimos durante muchos años una investigación prácticamente paralizada porque había jueces que obstaculizaban y no le imprimían a los trámites judiciales la dinámica que normalmente deberían tener. Justamente, eran jurisdicciones donde los mismos jueces tenían responsabilidades penales por los hechos que se estaban investigando, es decir, eran jueces de la época de la dictadura. Nos encontrábamos con jueces que por intereses directamente personales impedían o no favorecían el avance de las investigaciones. Funcionaban como jueces y partes, por decirlo de algún modo. Esto es parte de la patología que nosotros denunciamos.

El mismo fenómeno se producía en Salta y Jujuy, aunque con matices. En el caso Blaquier, por ejemplo, el juez actuante había sido secretario de un ex juez federal convertido más tarde en abogado defensor del acusado (Blaquier). Quiero señalar que hay estructuras que fueron funcionales a las propias estrategias de las defensas por razones ideológicas o porque de algún modo, directo o indirecto, estaban vinculados a los hechos.

Las dificultades que tenemos son precisamente porque quienes están llamados a investigar, tienen algún interés en la causa, ya sea por relaciones de parentesco, amistad o de otro tipo. Estamos siempre ante escenarios que ofrecen dificultades y hay que estar preparados para sostenerlos.

Hay mecanismos que son más sofisticados. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos la necesidad de concentrar las causas para que se avance rápidamente y no tengamos que hacer muchos juicios por jurisdicción. Una de las estrategias dilatorias, era hacer un juicio por imputado o por un hecho o dos. Con esa agenda estábamos prácticamente treinta o cuarenta años tramitando el proceso, lo que implicaba una impunidad biológica inevitable.

[Fuente: Por Nahuel Placanica, Agencia Paco Urondo, Bs As, 10ene14]

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