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05mar13
Suspenden al juez Pedro Hooft por su complicidad en la dictadura
Lo decidió este martes por unanimidad el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quien además determinó que "existe mérito para formar causa" por su participación en crímenes de lesa humanidad. La suspensión conlleva también el embargo del 40% de su sueldo
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió por unanimidad suspender en sus funciones al juez Pedro Federico Hooft, acusado por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
La medida la adoptó este martes en horas del mediodía el jurado que preside el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y que integran además los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello y los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic.
En la resolución el jurado resolvió también por unanimidad rechazar las nulidades pedidas por la defensa del magistrado, no hacer lugar al pedido de paralización de la causa y el planteo de Hooft de ser oído en la audiencia que se realizó en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, en La Plata.
La suspensión del magistrado que conlleva también el embargo del 40 por ciento de su sueldo, según lo establece la ley, posibilitará que Hooft deba presentarse a prestar declaración indagatoria el 13 de marzo, en una causa que le sigue la justicia federal.
El jury contra Hooft había sido iniciado en 2006, pero fue demorado por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo que las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la reunión de este martes, el jurado de enjuiciamiento ratificó que "existe mérito para formar causa" por las denuncias presentadas por el fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y los representantes de Organismos de derechos Humanos, Organizaciones Políticas y Sociales.
Los Familiares, acusadores en el jury y querellantes en la causa penal, consideran a Hooft partícipe de crímenes de lesa humanidad por: "visitar los centros clandestinos de detención, pudiendo ser advertida su presencia por Marta García de Candeloro, quien le solicitó ayuda, y éste la ignoró".
El jurado determinó además que las audiencias del jury contra Hooft, que aún no tienen fecha de comienzo, se realizarán en dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Tras la resolución del Jury, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, dijo que "por fin después de tantos años empieza a terminar este proceso que hace más de siete años venimos impulsando con los familiares de víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires".
Alén sostuvo que "nos parece bueno que finalmente se haya construido este juzgado de enjuiciamiento y hoy (por ayer) tome algunas resoluciones que dan inicio a este proceso, como ser el pedido de suspensión, que permitirá que Hooft sea sometido en el proceso como corresponde".
"Éste es un paso gigantesco en la consolidación de la justicia, la memoria y la verdad en Mar del Plata, que es una ciudad que tanto sufrió y que todavía padece a Hooft como juez", remarcó.
El funcionario, aseguró que "desde que Néstor Kirchner con decisión política impulsó la anulación de las leyes de Obediencia De Vida y Punto Final y de esa manera centró los derechos humanos como uno de los ejes de su gobierno y que hoy lo ha afianzado y profundizado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha quedado claro que hay una decisión de rescatar los fundamentos éticos del Estado en sus tres poderes".
En tanto, el presidente de la asociación de Familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia, Carlos Fernández Díaz, enfatizó que "nosotros estamos persuadidos que vamos a lograr descolgar el cuadro de Videla en Mar del Plata que significa Hooft en sus funciones".
"Hoy logramos la suspensión, vamos a lograr que se le quiten sus fueros, que pase de imputado a acusado, y que termine en cárcel como partícipe necesario del genocidio cometido", agregó en declaraciones a Télam.
Fernández Díaz, aseguró que "la Noche de las Corbatas no hubiera sido posible si Hooft no hubiera sido el juez de turno".
En ese sentido, informó que "estamos convocando a una movilización el día 13 de marzo en el juzgado 1 de Mar del Plata, donde Hooft va a ser sentado al banquillo de los acusados y el juez (Federal) Martín Baba determinará cómo lo procesa".
Anticipó que "vamos a pedir una precautoria para que no pueda alejarse del Partido de General Pueyrredón y un pedido de cárcel preventiva, porque un hombre que ha demostrado que tiene la capacidad de operación dentro de esta aristocrática corporación judicial de Mar del Plata debe estar detenido, porque si no va a entorpecer la causa".
El juez de la noche de las corbatas
El juez Pedro Federico Hooft es investigado por su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas durante la dictadura cívico militar.
La causa que involucra a Hooft se inició el 6 de mayo de 2006 con una presentación del entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, por delitos de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires como víctimas directas de los delitos que se le imputan y organismos de derechos humanos también se presentaron como querellantes.
En la causa, que se tramita en el Juzgado Federal 3 se investiga a Hooft por su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas, entre ellos los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada "Noche de las Corbatas", cuando el magistrado era juez en lo criminal y correccional.
A Hooft se lo acusa de haber visitado centros clandestinos de detención y de tener conocimiento sobre quiénes se encontraban en cada uno de ellos. Fue reconocido por Marta García de Candeloro (ex detenida desaparecida)), esposa del abogado Jorge Candeloro, secuestrado y desaparecido en la "Noche de las corbatas".
Se le imputa, además, haber tenido una relación directa con los responsables de la Subzona Militar XV, a cargo de la represión en Mar del Plata. En la causa pudo constatarse que fue Hooft quien intercedió ante el coronel Pedro Barda para lograr la liberación del abogado Camilo Ricci quien, junto a los doctores Norberto Centeno, Raúl Alais, Carlos Bozzi, Tomás J. Fresneda, Candeloro y Marta García y Mercedes Argañaraz de Fresneda, se hallaba detenido en el centro clandestino de detención "La Cueva".
También se acusa Hooft de no haber dado el trámite que correspondía o ni siquiera haber diligenciado los recursos de hábeas corpus presentados a favor de los abogados desaparecidos en julio de 1977.
Se comprobó además que rechazó un recurso interpuesto en favor de Candeloro pese a que existía constancia de que había sido detenido por la Policía Federal de Neuquén y trasladado a Mar del Plata junto a su esposa.
Tres meses más tarde, en octubre de 1977, Barda le envió un comunicado en el que le informaba que "el delincuente subversivo Jorge Candeloro había sido abatido por las fuerzas militares al intentar escapar de las fuerzas de seguridad", según figura en la causa judicial. Hooft no pidió explicaciones al Ejército, no investigó esa muerte ni pidió la entrega del cadáver para entregarlo a su familia.
El juez, también está acusado de no haber reabierto el hábeas corpus pese a haber visto a Marta García detenida de manera ilegal en la seccional cuarta y, más adelante, haber manifestado que la mujer había sustraído el expediente de la denuncia de sus desaparición. Despues de 30 años funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense encontraron dicho expediente durante un allanamiento en los archivos del juzgado de Hooft.
Por otra parte, en el caso de Juan Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, Hooft tuvo en su poder una nota de autorización que el coronel Barda hizo a una persona para que explote el campo de los secuestrados.
Sin embargo, cuando se le pidió a Hooft el expediente para incorporarlo como prueba a los Juicios por la Verdad, dijo que "alguien" lo retiró del archivo y a la fecha sigue sin aparecer.
Hooft tampoco investigó las dos causas iniciadas a partir de la desaparición del matrimonio, en las que dictó el sobreseimiento por considerar que no existió delito.
Finalmente, se lo acusa a Hooft de haber rechazado un habeas corpus interpuesto a favor de Pablo Mancini, pese a haber recibido una contestación de la Base Naval de Mar del Plata donde le informaban que estaba alojado en ese lugar.
Debido a que Hooft consideró que la detención era "justificada", no dio avisó al padre de Mancini que había interpuesto el habeas corpus y resolvió el archivo de las actuaciones.
Este expediente, como el anterior, también fue encontrado 30 años por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, también en el archivo de su Juzgado.
[Fuente: Diario El Atlántico, Mar del Plata, Arg, 05mar13]
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