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06may17
Tribunal argentino niega reducir la pena a un condenado por delitos de lesa humanidad
Un tribunal federal argentino rechazó excarcelar a un represor de la dictadura (1976-1983) que había sido sentenciado a ocho años de prisión por la apropiación de un bebé, y cuya defensa había solicitado su libertad tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó el alivio de la pena en un caso de lesa humanidad.
"El Tribunal Oral Federal 5 rechazó excarcelar a Héctor Salvador Giribone", anunciaron a Sputnik fuentes judiciales.
Giribone fue condenado en 2014 por la "sustracción, retención y ocultamiento" de un hijo de desaparecidos, Pablo Javier Gaona Miranda, que fue secuestrado cuando tenía dos meses junto a sus padres el 14 de mayo de 1978, y que hoy uno de los nietos recuperados por la entidad de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo.
De acuerdo a la justicia argentina, Giribone era un teniente responsable de la seguridad perimetral en la prisión militar Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, donde funcionó una maternidad clandestina y varios centros clandestinos de detención.
El tribunal federal negó la posibilidad de que Giribone se acogiera a la Ley 24.390 sobre los plazos de prisión preventiva pese al fallo de la Corte Suprema, que estableció esta semana un cambio de jurisprudencia al rescatar esta normativa, derogada en 2001 y conocida como "2x1", que computa como dobles los días en prisión a partir del segundo año mientras la condena no esté firme.
Por tres votos a favor y dos en contra, el alto tribunal aplicó esta ley en el caso del represor Luis Muiña, sentenciado a 13 años de prisión por integrar un comando paramilitar en el Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a opositores.
Aunque había sido condenado por la aplicación de tormentos, Muiña estaba en libertad desde noviembre de 2016 después de que el Tribunal Oral Federal Número 2 le concediera el beneficio de la libertad condicional al haber cumplido las dos terceras partes de la pena.
En lo que va de jornada, tres represores de la dictadura han pedido acogerse a la ley "2x1".
El primero fue el excapitán Víctor Gallo, condenado en 2012 a 15 años de cárcel por la apropiación de otro menor.
El último ha sido Juan Antonio Azic, un represor del centro clandestino de detención que funcionó en lo que fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armad (ESMA), en la ciudad de Buenos Aires, apropiador también de la diputada nacional Victoria Donda.
[Fuente: Sputnik News, Bs As, 06may17]
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