| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
22may17
El tres por todo de Gils Carbó
Pese a la lógica de sus antecedentes, el gobierno de Mauricio Macri logró coagular de un modo expeditivo el conflicto que se abrió tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la conmutación de penas a condenados por delitos de lesa humanidad.
La crisis brasileña es el nuevo obstáculo que tiene enfrente. Ya produjo una devaluación que añade presión al mercado cambiario en Argentina y jaquea desde otro costado la meta de inflación. Pero el impacto de estas dificultades no tiene la visibilidad masiva del reclamo social por el fallo del dos por uno. Tampoco la contundencia de sus ejes valorativos.
Como una erupción rápidamente controlada, el conflicto por el fallo de la Corte se abrió y se cerró en una semana. Del único modo posible: con una ley del Congreso que vino a ratificar la falencia normativa que el mismo fallo puso en evidencia.
El Gobierno pudo equilibrar además la frágil posición política en la que quedó después de la sentencia. Lo ayudó la revelación de casos en los que sus críticos más enfáticos habían tomado resoluciones similares a la decisión de la mayoría de los jueces de la Corte.
La jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de la agrupación Justicia Legítima, se vio obligada a recordar su decisión de liberar tiempo atrás al represor Raúl Guglielminetti. Un exagente de Inteligencia que llegó a oficiar de custodio del expresidente Raúl Alfonsín hasta que desde los organismos de derechos humanos se denunciaron sus delitos en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, durante la última dictadura.
Guglielminetti integraba la banda de Aníbal Gordon, dirigente de la Triple A, la organización parapolicial de ultraderecha promovida por José López Rega durante el gobierno de Isabel Perón. Gordon fue detenido en febrero de 1984 en una casa de La Serranita, en las cercanías de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Garrigós de Rébori justificó aquella decisión de excarcelar a Guglielminetti aduciendo que estaba preso sin condena y su liberación no implicaría fuga ni entorpecimiento de las investigaciones.
Alta intensidad
La elasticidad ética aplicada por Garrigós de Rébori para opinar del garantismo ajeno va en camino a ser un clásico de su agrupación jurídico-política.
En Córdoba, la actuación más intensa del colectivo de funcionarios y magistrados que intentó imponer en Argentina el criterio de justicia partisana fue durante la campaña electoral de 2013, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández impulsaba un movimiento para reformar la Constitución.
Aunque hoy el gobernador Juan Schiaretti recorra provincias justicialistas para armar una liga de gobernadores competitiva frente al Gobierno nacional, y aunque el presidente Macri prometa venir a Córdoba a disputar para sus candidatos la elección de octubre, nada hace prever que los comicios tendrán la sórdida intensidad de entonces.
Una operación de inteligencia como la que protagonizó en 2013 Juan "el Francés" Viarnes (hoy detenido en Paraguay sin que se conozcan noticias sobre su trámite de extradición) no aparece en el horizonte electoral.
Ya no está Carlos Zannini en el despacho vecino a la Presidencia de la Nación.
En medio de aquellos hechos denominados "narcoescándalo", tres camaristas federales de Córdoba enviaron el 23 de septiembre de 2013 una nota a otra de las referentes de Justicia Legítima, la procuradora General Alejandra Gils Carbó. Fue para advertir que, pese a tanto interés declamado por combatir el narcotráfico, desaparecía en el ámbito impoluto de los Tribunales federales droga incautada en operativos de secuestro de estupefacientes.
En concreto, aludían al faltante de cuatro kilos de cocaína en una causa en la que dos jujeños, Estanislao Liquitay y su esposa, Virginia Quispe, fueron a juicio acusados de traficar cocaína por medio de encomiendas junto con los cordobeses Ariel Enrique Savioli y Gustavo Rodríguez.
Uno de esos camaristas puso también en conocimiento de Gils Carbó la sustracción de dinero y de armas dentro de la Fiscalía federal a cargo de Enrique Senestrari
Más de tres años después de esa advertencia se conoció, en febrero pasado, la resolución 315 de Gils Carbó, que dispuso mandar a archivo esas denuncias.
El argumento de la resolución es curioso. El fiscal que debía investigar los hechos era Gustavo Vidal Lazcano. Gils Carbó admite con su firma que Vidal Lazcano actuó de manera deficiente. Opina que las falencias no son tan graves como para abrir un proceso de revisión disciplinaria.
Pero es sólo una evaluación introductoria, porque de inmediato la procuradora General subraya lo importante según su criterio: la nueva normativa disciplinaria para el Ministerio Público Fiscal establece un plazo de prescripción de tres años.
Ese tiempo ya venció, así que todo quedará en la nada.
[Fuente: Por Edgardo Moreno, La Voz del Interior, Córdoba, 22may17]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 23May17 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |