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05ago12
Comienza el juicio contra la patota ferroviaria que asesinó a Ferreyra
Un año y casi nueve meses después del brutal asesinato del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en una supuesta emboscada que le tendió una patota de la Unión Ferroviaria a trabajadores tercerizados que reclamaban por su pase a planta permanente apoyados por fuerzas de izquierda, el Tribunal Oral Nș 21 iniciará mañana el juicio contra 17 acusados por el homicidio. Será un proceso histórico por muchos motivos: la celeridad de la instrucción, la abundancia de la prueba y el peso simbólico de uno de los principales acusados: el histórico dirigente del gremio ferroviario José Pedraza, referente de la burocracia sindical, quien aparece en la causa como instigador del ataque.
Ferreyra cayó cuando se expuso como escudo humano para proteger a sus compañeros, según determinó hasta ahora la investigación. Su deceso trágico y las heridas que sufrieron otros militantes, Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre, fueron un punto de inflexión para que el reclamo de los trabajadores tercerizados fuera escuchado. Y también la llave de apertura de la celda en la que están hoy detenidos diez de los acusados. Los otros siete están libres: son los policías federales acusados de liberar la zona y de brindar protección a la huida de los atacantes. Entre ellos sobresale nada menos que Hugo Lompizano, en aquel momento titular de la Superintendencia Metropolitana de la Federal.
El asesinato de Ferreyra tuvo también implicancias políticas. Dos días después de ocurrido, Néstor Kirchner aseguró que la presidenta Cristina Fernández había impulsado la investigación sobre los autores intelectuales del hecho e instruido al gobierno para que colaborara con la fiscal, Cristina Camaño (hoy funcionaria del Ministerio de Seguridad), y la jueza Wilma López. Algunos dirigentes cercanos al santacruceño aseguraron que Kirchner estaba profundamente afectado por la muerte del joven militante y que un día antes de su propia muerte -ocurrida siete días después- ya tenía claro quiénes habían sido los responsables del crimen. Su propio hijo, Máximo, dimensionó el efecto del caso sobre la familia el día del sepelio en Río Gallegos cuando, al abrazar a un amigo, le dijo : "Al matar a ese pibe en Constitución también mataron a mi viejo. Estaba indignado. Todos esos tipos tienen que ir en cana."
El Salón de Usos Múltiples (SUM) de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, albergará durante unos seis meses a decenas de protagonistas, entre jueces, imputados, abogados defensores, querellantes, fiscales, familiares de las víctimas y militantes políticos. Los jueces Diego Barrotaveña, Carlos Bossi y Horacio Dias, y la fiscal María Luz Jalbert encabezarán el juicio que se extenderá hasta principios del año próximo. Fuentes judiciales explicaron que están citados 370 testigos, de los cuales "gran parte van a ser desistidos durante el proceso". Según el diagrama que diseñó el tribunal, las audiencias se realizarán los días lunes, martes y jueves, entre las 10 y las 18. Ese organigrama se cumplirá hasta fin de año; a principios de 2013 (aún no está claro si el tribunal trabajará durante la feria de enero) están previstos los alegatos, y para marzo -fecha tentativa- se conocerá el veredicto.
Mañana, el tribunal tratará en primer término los planteos de nulidades formulados por la mayoría de los abogados de los acusados. Ese será el primer paso antes de iniciar formalmente el debate. Todo hace prever que las nulidades serán desestimadas o su resolución postergada hasta el final del debate. Luego tendrá lugar la lectura de la acusación y los jueces ofrecerán a todos los imputados la posibilidad de someterse a la declaración indagatoria, su primer ejercicio de la defensa. Fuentes cercanas a los imputados deslizaron que la mayoría se negará a declarar. Por lo menos todos los integrantes de la Unión Ferroviaria que cuentan con defensores particulares -Pedraza entre ellos- rehusarán de formular descargos, al menos en esa primera etapa del debate.
El tribunal dispuso medidas de seguridad para evitar disturbios en el interior de la sede judicial o en las calles aledañas a Comodoro Py 2002 donde desde hoy se iniciará una vigilia que concluirá con una concentración justo a la hora en que comience el juicio. Por lo pronto, no habrá transmisión por TV y sólo se reservará espacio para la presencia de 20 periodistas.
Junto con Pedraza, detenido en febrero de 2011, comparecerán en el juicio su segundo en el gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández; los presuntos tiradores, el barra brava de Defensa y Justicia Cristian Favale y Gabriel Sánchez; el delegado sindical Pablo Díaz, sindicado como el nexo con los atacantes; Guillermo Uño, Claudio Alcorcel y Juan Carlos Pérez, partícipes necesarios; Jorge González y Francisco Pipitó, partícipes secundarios; y Juan Pablo Díaz, instigador. Todos llegarán detenidos al juicio.
Los policías federales acusados de liberar la zona del crimen y no evitar el ataque contra los militantes del PO llegan al proceso en libertad. Se trata de Hugo Lompizano, ex comisario y ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal; Jorge Raúl Ferreyra, ex comisario de la División Roca; Luis Alberto Echevarria, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la Comisaría 30; Luis Mansilla, comisario inspector jefe del Departamento de Control de Líneas; y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video. «
Quién es quién entre los imputados
José Pedraza
Junto con Juan Carlos "El Gallego" Fernández está acusado de instigar el homicidio, de actuar como autor intelectual de la agresión a los manifestantes tercerizados.
Según la querella del CELS ambos se mantuvieron al tanto de lo que ocurría a través de la comunicación telefónica con Pablo Díaz, coordinador y máximo responsable de la Unión Ferroviaria en el lugar de los hechos.
Cristian Favale
El barrabrava de Defensa y Justicia y Gabriel Sánchez están acusados como autores de los disparos, uno de los cuales mató a Ferreyra, y el resto hirió a Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre.
A ambos habrían llegado a la UF a través de Gustavo Alcorcel, delegado del gremio que colaboraba con Pablo Díaz. Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez se encargaron de ocultar las armas.
Jorge González
Junto a Salvador Pipito, aparecen en la causa como los encargados de evitar que las cámaras del canal de cable C5N, el único presente en la zona de Constitución, tomara las imágenes en el momento en que se produce la agresión. Este es uno de los elementos que contribuyen a sospechar el armado planificado del hecho, la distribución de roles entre los distintos protagonistas.
Hugo Lompizano
El ex superintendente metropolitano de la Policía Federal encabeza la nómina de siete oficiales que a partir de mañana se sentarán en el banquillo de los acusados. El resto se reparte entre quienes estaban en los patrulleros y no actuaron, los que desde la sala de situación seguían por pantalla todo lo que sucedía y el que estaba filmando la escena y dejó de hacerlo en los minutos clave.
[Fuente: Por Néstor Espósito, Tiempo Argentino, Bs As, 05ago12]
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