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14dic07
En medio del escándalo, el Gobierno analiza si releva al jefe de la Prefectura
El Gobierno estudia si releva al jefe de la Prefectura Nacional, prefecto general Carlos Fernández, luego de que la Justicia detuviera a dos oficiales de esa fuerza para investigar si tienen alguna responsabilidad en la muerte por envenenamiento del ex prefecto Héctor Febres.
Fernández hace cuatro años que está a cargo de la jefatura de la fuerza y al igual que sus pares de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal a fin de año la presidenta Cristina Kirchner debe decidir si los confirma en el caso o los pasa a retiro.
En el caso de que la Justicia encuentre alguna responsabilidad o negligencia en la custodia de Febres seguramente el Gobierno promovería varios reemplazos en la cúpula de la Prefectura.
Apenas se conoció ayer el resultado de la examen toxicológico que determinó que tenía cianuro, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, informó de la situación a la presidenta.
El resultado de ese análisis se conoció ayer, luego de que se informara la detención de cuatro personas por el caso del venezolano de la valija de los 800 mil dólares, pese a que el lunes voceros del Gobierno habían afirmado que estaría en 10 o 15 días.
El lunes, Aníbal Fernández había ordenado que en la autopsia colaborasen peritos de la Policía Federal y no de la Prefectura para tratar de que no quedaran dudas sobre el análisis. El informe preliminar toxicológico fue entregado ayer al mediodía a la jueza Sandra Arroyo Salgado e ingresado a la causa que se encuentra bajo secreto de sumario.
Luego de la conversación telefónica con la Presidenta, Aníbal Fernández se puso a disposición de la Justicia y analizó el caso con el prefecto general quien decidió el inmediato reemplazo de los dos oficiales detenidos por orden de la jueza Arroyo Salgado. Uno es el jefe de la Zona Delta de la Prefectura, prefecto mayor Ruben Amado Iglesias.
La jueza también secuestró el libro de guardia para determinar quienes ingresaron en los últimos días al lugar de detención de Febres en un "complejo cercano al casino" de oficiales del la unidad Tigre de la Prefectura. Fuentes de la prefectura informaron a Clarín que Arroyo sólo había permitido el ingreso de la esposa e hijos de Febres, además de su defensor oficial.
El objetivo es determinar quién entregó el cianuro a Febres que estaba detenido desde diciembre de 1998. La Justicia está investigando a los suboficiales y oficiales que estaban a cargo de la custodia y también a los familiares que lo visitaron. Dicen que el domingo a la noche Febres había recibido una última llamada telefónica de su esposa.
Las fuentes afirmaron que Febres "era repudiado por los actuales miembros de la Prefectura" y que un aviso fúnebre en nombre de Febres fue publicado ayer en el diario La Nación por una entidad llamada "Unión de Promociones Navales" vinculada a retirados de la Armada y no por la Prefectura.
El régimen de visitas había sido decidido por la Justicia e incluso el abogado de las víctimas Rodolfo Yanzón había pedido hace 20 días el traslado de Febres a una cárcel común, pero "la Justicia lo negó", afirmaron las fuentes.
Por otra parte, se conocieron ayer las primeras reacciones políticas por el escándalo. Enrique Fukman, querellante en el caso, responsabilizó a la "cúpula de la Prefectura, que tenía que cuidarlo y asegurar que llegara con vida (al final del juicio), al ministro Fernández; al juez federal (Sergio) Torres que los alojó en la Prefectura de Tigre y al Tribunal Oral Federal 5 que en el juicio negó su traslado a una cárcel común".
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 14dic07]
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