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02ene08
Procesarían a dos prefectos por la muerte del represor Febres
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado resolverá hoy si procesa a las cinco personas detenidas tras la muerte del represor Héctor Febres, ocurrida por envenenamiento cuando cumplía prisión preventiva en dependencias de la Prefectura.
Fuentes judiciales estimaron como "muy probable" que sigan presos los prefectos Rubén Iglesias y Angel Volpi, en tanto que podrían recuperar la libertad los tres familiares de Febres: su esposa Stella Maris Guevara y sus hijos Héctor Ariel y Sonia Marcela. A ellos se los procesaría por delitos menores.
"Va a ser un fallo muy duro con la Prefectura", adelantaron las mismas fuentes. Durante la investigación sobre las causas de la muerte del represor, la magistrada se topó con una serie de irregularidades respecto de las condiciones en las que él cumplía su prisión preventiva.
Febres, un ex prefecto acusado de haber torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue hallado muerto el 10 de diciembre pasado, apenas cuatro días antes de que se conociera la primera sentencia en su contra por los crímenes de la dictadura. En rigor, se trataba de la primera condena contra un represor de la ESMA tras la anulación de las "leyes del perdón" y la reapertura de las causas por la represión ilegal de la guerrilla.
La autopsia determinó que fue envenenado con cianuro. La jueza deberá determinar si fue un suicidio o un homicidio. A los cinco detenidos les imputó algún tipo de participación en su muerte. Habrá que ver si las pruebas reunidas durante la investigación -que estuvo bajo secreto de sumario- le permiten mantener esa acusación.
El detenido de peor situación procesal sería Volpi, que estaba encargado de la custodia de Febres y habría cenado con él la noche previa a su muerte. El cianuro que mató a Febres habría sido consumido tras la cena del domingo 9 de diciembre, cerca de la medianoche. A la mañana siguiente, día en que asumía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue hallado muerto en su habitación.
Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, imputó también a otros cinco prefectos por las condiciones de detención del represor. Además, tras la feria judicial de enero pondría su mira en el desplazado jefe de la Prefectura, Carlos Fernández, quien perdió su puesto por este escándalo.
Pese a los graves crímenes que se le imputaban, Febres no sólo cumplía su prisión preventiva en dependencias de la Fuerza que había integrado -y no en una cárcel común-, sino que contaba con varios beneficios extra: salía de su habitación a voluntad, disponía de chofer para trasladar a sus familiares, tenía computadora y televisor con DVD y hasta podía dormir con su mujer.
La muerte de Febres llevó al juez federal Sergio Torres a rever el criterio que había tenido con el ex prefecto y ordenar el traslado a cárceles comunes de 16 represores detenidos en el marco de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA, el mayor centro clandestino de detención que tuvo la dictadura.
El otro prefecto detenido, además de Volpi, es el ex jefe de Zona Delta de Prefectura, Rubén Iglesias. La jueza espera el resultado de una pericia realizada en la computadora que Febres tenía en su habitación, que desapareció cuando la Justicia concurrió a inspeccionar el lugar y luego fue aportada a la causa por un técnico que trabaja para la Prefectura.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 03ene08]
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