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24sep09
Amplían la investigación por falsificación de medicamente a a más de 50 obras sociales
El juez federal Norberto Oyarbide decidió ampliar a más de medio centenar de obras sociales su investigación sobre la denominada "mafia de los medicamentos". Así se lo revelaron ayer a Clarín fuentes judiciales.Si bien no se pudo conocer el listado completo de las obras sociales involucradas, dado el secreto de sumario decretado en la causa, Clarín pudo saber que entre ellas se encuentran las de los sindicatos de camioneros, docentes (Osplad), televisión, mecánicos y trabajadores de la carne.Además, el listado incluiría a las seis obras sociales señaladas por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, por haber adquirido medicamentos comercializados por las droguerías Multipharma y San Javier.Ellas son las obras sociales de los periodistas porteños, los aeronavegantes, los trabajadores gráficos, los municipales de Avellaneda y los empleados de la Lotería y del turf. La lista también incluiría a otras obras sociales que comercializaron con esas droguerías, como las de los municipales porteños (OBSBA), el personal de la empresa nacional de Correos, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la del personal de Maestranza.
"Todas las obras sociales que se van a investigar están relacionadas con las droguerías involucradas en la causa", explicó anoche una fuente judicial. Los datos para ampliar la pesquisa surgieron de pruebas incorporadas a la causa en los últimos días por el juez Oyarbide.
En Tribunales dan por descontado que en las próximas horas se realizarán nuevos allanamientos.
El juez Oyarbide investigó inicialmente a la obra social del gremio bancario. Es por la presunta distribución de medicamentos peligrosos para la salud por haber sido adulterados o estar vencidos.
El magistrado tiene en la mira al titular de San Javier, Néstor Lorenzo, a quien ordenó detener hace tres semanas y luego excarceló. Pero también serán alcanzados por la investigación el secretario general de los bancarios, Juan José Zanola, y su pareja, Paula Aballay, que estaba a cargo de la obra social bancaria hasta la intervención dispuesta en ella por el Gobierno. La Justicia también investiga los aportes de las empresas del sector a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, aunque dos jueces se atribuyen mutuamente la competencia. Además, en otra causa que investiga los pagos del Estado por tratamientos complejos a la obra social del gremio de los camioneros, ayer declaró como testigo ante el juez Claudio Bonadio el ex funcionario Juan Rinaldi. El testigo contó por qué modificó el sistema de pagos de la Administración de Programas Especiales (APE).
[Fuente: Clarin, Bs As, 24sep09]
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