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24dic14
El fiscal federal de San Martín pide enviar a juicio oral la causa contra periodistas y ex militares por espionaje
El expediente investigó a una asociación ilícita dedicada a pinchar mails de políticos, funcionarios judiciales y personajes de la farándula. Entre otros, están procesados el "Tata" Yofre, ex titular de la SIDE, y Carlos Pagni, editorialista de La Nación.
El fiscal federal de San Martín Fernando Domínguez pidió el envío a juicio oral y público de una suerte de "pyme del espionaje" por la que están acusados el ex jefe de la central de inteligencia durante el gobierno de Carlos Menem, Juan Bautista "Tata" Yofre; periodistas y empresarios de medios, y ex militares y agentes de los servicios de información. żLos cargos?: "Asociación ilícita, espionaje y encubrimiento." El artículo 210 del Código Penal establece para la "asociación ilícita" (el más grave de los delitos reprochados) penas que llegan hasta los diez años de cárcel.
En total son ocho imputados para los que el fiscal pidió el juicio oral. Además de Yofre, están los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Mainhard y Roberto García; el director del portal de Internet Seprin, Héctor Alderete; el empresario periodístico Néstor Ick; el general retirado Daniel Reimundes, ex jefe de la Inteligencia del Ejército, y el ex policía aeroportuario Pablo Alfredo Carpintero.
A lo largo de un dictamen de unas 300 páginas, resumido en la página de internet del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Domínguez describió que "los hechos investigados habrían tenido lugar, por lo menos, entre agosto de 2006 y junio de 2008".
Para Domínguez, "Yofre; el ex agente de la SIDE Iván Velázquez (quién actualmente está prófugo) y Carpintero se dedicaban a la búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información". En el caso de Yofre, junto con Veláquez, "habrían interceptado las cuentas de correo electrónico de Cristina Fernández de Kirchner (primero cuando ejercía el cargo de Senadora Nacional y luego ya como presidenta); del ex vicepresidente y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré; y del por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández".
El fiscal agregó que "también habrían sido víctimas de la maniobra el ex canciller Jorge Taiana; su sucesor, Héctor Timerman; el ex embajador argentino ante Estados Unidos Jorge Argüello y los secretarios privados de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, Fabián Gutiérrez y Jorge Isidro Baltasar Bounine".
Además, en la investigación surgieron indicios sobre supuesto espionaje a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a personajes de la farándula.
"Merced a los conocimientos especiales que los imputados ostentan por haber pertenecido a los Servicios de Inteligencia del Estado Argentino, desarrollaron de manera particular y delictivamente, tareas de espionaje", agregó el funcionario del Ministerio Público.
"El modo de acceso a los mails -agregó el fiscal- habría sido a través de la técnica de 'hacking', una intrusión sin autorización en redes o sistemas informáticos, que consistiría en vulnerar servicios de Internet accediendo al tráfico y contenido de datos digitales. También habrían utilizado el 'pishing', cuya traducción consiste básicamente en el envío de correos electrónicos fraudulentos, no solicitados, que pretende obtener información confidencial del destinatario mediante la sustitución de la identidad del remitente".
El dictamen de Domínguez recuerda que en junio de 2008 la jueza Sandra Arroyo Salgado concretó allanamientos simultáneos en las viviendas de varios de los imputados. En esos operativos, Arroyo Salgado secuestró "material informático y documentación relacionada con las hipótesis que se manejaban en el proceso judicial".
Con ese paso se aceleró la investigación, que concluyó que el presunto jefe de la organización era Yofre. "Los 'clientes' captados por el ex secretario de Inteligencia tenían una cuenta de correo asignada, desde donde bajaban la información. Una vez utilizada, debían borrar el contenido. Este método de comunicación, al no realizarse de manera convencional, permitía mantener la dirección de IP oculta, y, por ende, se evitaba su difusión", explicó el requerimiento de elevación a juicio.
La magistrada Arroyo Salgado procesó a los imputados, y la Cámara Federal de San Martín confirmó parcialmente el fallo: "Con los elementos probatorios reunidos hasta el momento, se pudo acreditar, con la convicción que requiere esta etapa del proceso, que se procuró, buscó y obtuvo información que debía permanecer secreta en función de la seguridad de la Nación."
El tribunal dispuso trabar embargos de 400 mil pesos contra Yofre; de 200 mil contra Carpintero y Alderete, y de 100 mil contra Reimundes, Ick, Mainhard, Pagni y García. Los periodistas fueron considerados "encubridores" del delito reprochado a Yofre y los demás agentes de inteligencia.
[Fuente: Por Néstor Espósito, Tiempo Argentino, 24dic14]
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