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12ago08
La Justicia procesó a otros cinco oficiales y suboficiales navales que actuaban en la ESMA durante la última dictadura
Mediante una resolución de 154 carillas, a la que Télam tuvo acceso, el magistrado procesó al ex Capitán de Navío Miguel Clements junto a los ex suboficiales Daniel Cuomo, Víctor Olivera, Juan de Dios Daer y Paulino Altamira, a quienes responsabiliza por decenas de secuestros y torturas, entre ellos el de la madre del actual diputado Juan Cabandié.
Alicia Elena Alfonsín de Cabandié, quien permanece desaparecida, fue secuestrada el 23 de noviembre de 1977, cuando estaba embarazada y llevada al centro clandestino conocido como "El Banco", y desde allí fue trasladada a la ESMA a principio de 1978 donde dio a luz "a un niño al que llamó Juan".
La criatura fue "sustraída a su madre y sustituida su identidad" por el apropiador Luis Falco, quien fue procesado con prisión preventiva por ese hecho, según se desprende de las referencias citadas por el magistrado, con la intervención del secretario Pablo Yadarola.
También se imputa a los represores su vinculación en los hechos que tuvieron como damnificados a Sara Solarz de Osatinsky, Lila Victoria Pastoriza, Graciela Daleo, Elena Homberg, Carlos Lordkipanidse y los periodistas Miriam Lewin y Juan Gasparini, entre otras decenas de víctimas del accionar de los ex marinos.
Solaz de Osatinsky fue secuestrada el 14 de mayo de 1977 mientras esperaba un transporte público en Bruix y Directorio, en Capital; y llevada a la ESMA donde, al igual que a los demás prisioneros, "permaneció clandestinamente detenida bajo condiciones infrahumanas de vida y fue torturada", se detalló en la resolución.
Por su parte, Pastoriza fue privada de su libertad el 15 de junio de 1977 por un "grupo de tareas" que la llevó a la ESMA, donde se la sometió a "condiciones inhumanas de cautiverio, así como también fue torturada mediante golpes y pasajes de corriente eléctrica" y trasladada al sector conocido como "capuchita" con grilletes y vendas en sus ojos.
Torres recordó que los represores que actuaban en la ESMA tenían "libertad para apreciar y decidir sobre el destino final de cada secuestrado: su ingreso al sistema legal, su liberación o su eliminación física" y que los procesados formaban parte del grupo conocido como "los Pedros", que eran quienes se encargaban de la custodia de los prisioneros.
"Los ilícitos investigados en esta causa no resultaron producto de una decisión solitaria sino que son consecuencia de un modo de acción que aquellos que detentaban el poder habían decidido", enfatizó el juez al señalar que las fuerzas armadas y de seguridad "lo tomaron como propio" y disponían de "los medios y recursos para alcanzar los objetivos planteados".
"Las distintas contribuciones al plan general (del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional") resultaron en aportes imprescindible para lograrlo ya que sin ellas éste no hubiera podido ser llevado a cabo toda vez que era imposible la realización del mismo sin un actuar coordinado de todos aquellos que lo llevaron adelante", afirmó Torres.
En la resolución se detalla que los represores que actuaban en la ESMA "conocían acabadamente que el lugar se destinaba al alojamiento de personas privadas ilegalmente de su libertad y que a las mismas se las mantenía encapuchadas, atadas, sin higiene ni alimentos suficientes, hacinadas" y se las sometía a vejaciones y torturas.
Para imponer los cuantiosos embargos, el magistrado estableció en un millón de pesos el monto para uno de los hechos imputados y así se embargó a Cuomo en 188.000.000; a Olivera en 103.000.000; a Daer, en 10.000.000; a Altamira en 30.000.000 y a Clements en 23.000.000.
[Fuente: Telam, Bs As, 12ago08]
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