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20dic08
El fiscal admite que no hay disposiciones para que Astiz siga detenido
El fiscal Raúl Plee, quien ayer presentó el planteo por el que la Cámara de Casación decidió mantener en prisión preventiva a Alfredo Astiz y otros represores de la ESMA tras haber ordenado el jueves su libertad, sumó otro elemento a la polémica al admitir que "no hay ningún tipo de disposición" para que los acusados de delitos de lesa humanidad no gocen de la excarcelación pasados los tres años sin que se inicie el proceso.
El jueves, la Cámara –con el voto de dos de sus tres integrantes- había dispuesto la liberación de los represores debido a que todos habían excedido, y algunos largamente, el plazo máximo de tres años de prisión sin condena que establece la ley. La decisión desató un fuerte debate, en el que el Gobierno fustigó a la Justicia y la oposición y el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt pusieron la responsabilidad sobre el Congreso por no haber sancionado leyes complementarias a la derogación del Punto Final y la Obediencia Debida.
En ese marco, y mientras la Secretaría de Derechos Humanos ya anunciaba un juicio político a los miembros de Casación, Plee presentó un recurso en el que sostuvo que la Cámara malinterpretó las normas que regulan la prisión preventiva. Ahora ese tribunal debe decidir si acepta ese recurso y lo traslada a la Corte Suprema; si lo rechaza, el fiscal todavía puede llegar al máximo tribunal por un recurso de queja. Mientras, los acusados deben seguir detenidos.
En diálogo con radio Mitre, Plee dijo que pretende que la Corte "ponga las cosas en su lugar, lo que significa dejar en prisión a estas personas". "A nuestro criterio –agregó-, las características del delito de lesa humanidad lo transforman en algo especial, por lo aberrante de estos delitos y las características de sus autores, entre quienes existe un mayor riesgo de fuga".
Sin embargo, el fiscal admitió que, "en realidad, no hay ningún tipo de disposición que establezca que los delitos de lesa humanidad tengan un tratamiento distinto y que los procesados deban no gozar de algunos derechos de los que sí gozan los acusados de otros delitos", como el límite de tres años de prisión preventiva sin condena.
Plee, también fiscal en la causa de Cromañón, recordó que el ex gerenciador del boliche en el que un incendio se cobró la vida de 194 personas en diciembre de 2004 quedó libre, hasta tanto concluya el juicio en su contra, por la aplicación de la misma ley. Y que, en ese caso, también presentó un recurso ante la Corte, que lo rechazó y ratificó la libertad del acusado.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 20dic08]
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