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02mar09
La venta de droga alarma a la Justicia
Un grupo de 80 jueces y magistrados nacionales, provinciales y federales de todos los fueros denunciaron que la oferta y la demanda de drogas "registra niveles sin precedentes" en el país y que al perseguir a los consumidores "se ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial".
En una acción inédita, los magistrados, entre los que se cuentan camaristas federales, algunos de sus colegas de primera instancia, integrantes de la Cámara del Crimen, de la Cámara Civil, defensores, jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, suscribieron un documento en el que reclaman cambios institucionales, y alertan sobre el "encubrimiento del tráfico mediante acciones dirigidas contra los sectores más vulnerables".
Incluso van más allá al agregar que las bandas de narcotraficantes "en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial". Además, destacan que hay "una ausencia total del Estado" en la regulación del mercado de psicotrópicos.
Por todo esto, reclaman la modificación de la ley de drogas teniendo en cuenta que "el derecho penal no puede solucionar problemas sociales".
El texto fue firmado por los jueces y fiscales Horacio Cattani, Luis Niño, Eduardo Freiler, Daniel Rafecas, Patricia Llerena, Javier De Luca, Carlos Rívolo, Mónica Cuñarro, María Cristina Camiña, Jorge Luis Rimondi y la defensora general Stella Maris Martínez, entre otros.
La declaración se conoce en momentos en que un comité de expertos elabora un anteproyecto de ley de drogas para que no se castigue al consumidor, sino que se privilegie su tratamiento. La Corte Suprema de Justicia, además, se apresta a declarar inconstitucional el castigo penal para el consumidor, algo ya dispuesto en numerosos fallos por los tribunales federales.
El documento suscripto por los magistrados señala que, después de 35 años de vigencia de las últimas dos leyes de drogas, "el estado actual de la oferta y demanda de sustancias estupefacientes registra niveles sin precedentes".
Se persiguió a los consumidores y "no hubo la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial", expresan. Y agregan que "lo mismo puede decirse de una ausencia total del Estado en la regulación efectiva del mercado de medicamentos, en general, y del de psicotrópicos, en particular".
División social
Los magistrados señalan que la extensión del consumo de drogas que se dio a partir de la década del 90 provocó una segmentación que dejó a las drogas más lesivas, como el "paco" y los solventes, al alcance de los más pobres, y la cocaína y el éxtasis, como sustancias preferidas por los sectores socioeconómicos medios y altos. Además, destacaron que las sustancias consumidas por este estrato, como la ketamina y el GHB, no están incluidas dentro de las sustancias prohibidas por la ley.
Según el documento, los magistrados entienden que de los consumidores más pobres -que están "lejos de una oferta de tratamiento"- se ocupa la justicia penal, y de los de clase media y alta se ocupa "una oferta tercerizada de abordajes terapéuticos, en muchos casos verdaderos fraudes de etiquetas", que convienen a quienes hacen los tratamientos y al consumidor que pretende que su causa judicial por drogas desaparezca si cumple con la terapia.
Coinciden en que la persecución policial del consumidor los aleja de los centros de asistencia, lo que los priva, además, de atención médica de otras enfermedades relacionadas con el consumo, como el sida, la hepatitis o los abscesos pulmonares.
"La pretendida solución de un problema social complejo a través del sistema penal es violatoria del derecho de acceso a la salud", afirman.
"La política en vigor en materia de drogas no sólo no ha disminuido su tráfico, ni su consumo, sino que siguen en alza", puntualizan los magistrados. Y denuncian que persiguiendo a los consumidores "se ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial, de encubrimiento del tráfico mediante acciones dirigidas contra los sectores más vulnerables".
Preocupados por las terapias que reciben los consumidores, expresan que aquellas que son compulsivas, impuestas como "medidas de seguridad curativas", suelen constituir penas alternativas. Por eso, dicen que es necesario darles a los adictos "alternativas, que van desde la abstinencia hasta una política de reducción de daños".
"Ley esquizofrénica"
Interpretan que es inconstitucional obligar a un tratamiento compulsivo para evitarle la sanción penal al consumidor, como dice la actual ley de drogas, según la cual -resaltan- si el adicto no logra curarse, el juez debe condenarlo. "Sólo una legislación esquizofrénica puede condenar a una persona a quien previamente ha reconocido como enferma, por no haberse curado", afirman.
Los jueces opinan que con estas políticas penales se desplazaron otras sociales, de asistencia, de prevención y atención a la marginalidad, lo que condujo a "una gran cantidad de muertos como producto de la ilegalidad y aumento de la delincuencia" para comprar más droga, con lo que "se agrava la corrupción de agencias estatales, no sólo en el control policial, sino en todos los estamentos".
Por eso, proponen cambiar la ley de drogas entendiendo que una norma penal no puede solucionar un problema social. Y, además, señalan que se debe aplicar el derecho administrativo y sus sanciones para regular el mercado de medicamentos y los tratamientos para adictos. También propician una mayor supervisión sobre los precursores químicos y el control de lavado de dinero.
Puntos principales
Encubrimiento: los magistrados afirmaron que con la persecución legal de los consumidores "se ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial".
Tratamientos: según el documento, de los adictos de clase media y alta se ocupa "una oferta tercerizada de abordajes terapéuticos, en muchos casos verdaderos fraudes de etiquetas".
Ley de drogas: al criticar la actual legislación, los magistrados y jueces afirmaron que la política vigente no sólo no ha disminuido el tráfico de narcóticos ni su consumo, "sino que siguen en alza" en un nivel "sin precedente" en el país.
[Fuente: La Nación, Bs As, 02mar09]
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