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15abr16
Allanaron oficinas del Gobierno por ruta del dinero K y por el mausoleo de Néstor
La Justicia Federal realizó este viernes un nuevo allanamiento en la ciudad de Río Gallegos en relación con la causa por lavado de activos que motivó la detención del empresario Báez, confirmaron fuentes judiciales.
El operativo se desarrolló en la sede de la Dirección General de Administración dependiente del Poder Ejecutivo de Santa Cruz, situada en calle Alcorta al 200, frente a la casa de gobierno de esa provincia.
La medida judicial fue llevada a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que estacionaron sus vehículos en el lugar e ingresaron a las oficinas llevando cajas y con el objetivo de retirar documentación vinculada con la investigación judicial, dijeron las fuentes consultadas.
La orden de allanamiento fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello y se concretó con la intervención de la jueza Federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, que tiene competencia en el distrito porque está vacante el juzgado de la capital santacruceña.
Casanello ya había ordenado el pasado domingo 9 el allanamiento de la "Escribanía Albornoz", situada también en el centro de Río Gallegos, y cuyo titular, Ricardo Albornoz, admitió que le prestaba servicios a Báez y a sus empresas.
En esa oportunidad, personal de Gendarmería Nacional retiró del lugar cajas con documentos y computadoras, después de una pesquisa que se extendió durante más de ocho horas.
Mausoleo
El juez federal Sergio Torres ordenó este viernes allanamiento de oficinas del gobierno de Santa Cruz en la causa que investiga la cesión de terrenos, la construcción y el mantenimiento del mausoleo donde descansan los restos del expresidente Néstor Kirchner en la ciudad de Santa Cruz.
La causa iniciada en 2013 busca establecer quién construyó y quién mantiene el monumento funerario erigido en el cementerio local.
Inicialmente, el terreno utilizado para tales fines eran propiedad de la intendencia de Río Gallegos y fueron cedidos a la gobernación, por lo que la justicia requirió información al gobierno provincial y luego se decidió el allanamiento en la secretaría general de la gobernación, informaron fuentes judiciales.
De esta manera también se desmienten las primeras informaciones que indicaban que el operativo que lleva adelante personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria haya sido solicitado por el juez Sebastián Casanello.
[Fuente: La Voz del Interior, Télam, Córdoba, 15abr16]
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