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27sep14
La pequeña oligarquía de los derechos humanos
Cuando en 409 días Argentina se despierte del sueño kirchnerista quedará, en tierra arrasada, que este gobierno, entre otras cosas, prostituyó a los organismos de derechos humanos. Quienes durante años apoyamos la lucha de los organismos -en mi caso en Radio Belgrano primero, y en El Porteño y Página/12 después- hemos visto a la mayoría de ellos, en esta década, alejarse de su objetivo original, partidizarse y hacer negocios hasta transformarse en una pequeña oligarquía de los derechos humanos que dicta cátedra desde un monopolio de la moral pública.
El proceso, en realidad, comenzó durante el final del menemismo. Decidido a sancionar el indulto, Menem creó las indemnizaciones a los familiares de desaparecidos, unos doscientos mil dólares que la mayoría de los familiares cobraron en aquel momento. Hubo, también quienes nos opusimos: Hebe de Bonafini estaba en aquella posición, que yo compartía. El razonamiento era este: "Si el Estado me mató a un familiar, yo quiero que primero me diga si lo mató o no, que me diga quién lo hizo y que esa persona vaya presa. Cobrar por ese hecho no es ninguna prioridad".
La indemnización lubricó la oposición al indulto. La construcción de planes de viviendas, la "Universidad" y hasta el bar de las Madres fueron una consecuencia de lo primero. El desfalco de la Fundación fue estimado por la Auditoría General de la Nación (AGN) entre 200 y 300 millones de dólares desde 2006. Había obras a construir por Meldorek SA en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, Misiones, Chaco y Santiago del Estero. La Fundación de las Madres tenía el segundo lugar en cantidad de empleados entre las constructoras del país: apenas por debajo de Techint y muy por encima de Skanska. La AGN detectó una prueba clave: que Sergio Schoklender se autoadjudicó pagos por 23 millones de dólares, que su hermano Pablo obtuvo 13 millones y Meldorek se alzó con 4,4 millones de dólares. El 1° de agosto de 2013, la Sala 1 de la Cámara Federal apartó al juez Norberto Oyarbide y anuló los procesamientos de los hermanos Schoklender. La causa volvió a fojas cero y quedó en manos del juez Martínez de Giorgi. La "Universidad" fue creada en abril de 2000 y utiliza su nombre de "universidad" sin estar habilitada para ello.
En junio de 2010 recibió una autorización provisional para funcionar como universidad privada tras un proceso de casi tres años en la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditacion Universitaria). La Universidad de las Madres tiene sólo tres carreras: Abogacía, Historia (licenciatura y profesorado) y Trabajo Social. El 28 de junio de este año el Senado aprobó con 39 votos a favor y 23 en contra el proyecto de nacionalización que la transformaría en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, y la colocaría, insólitamente, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y no del de Educación.
El Estado -según denunció entonces el bloque radical- pasaría a asumir un pasivo de 238 millones de pesos. Para el senador oficialista Eduardo Aguilar, esto no será así: "El artículo 4 del proyecto establece que no se transfieren obligaciones, o sea no absorbe pasivos". En la votación, el oficialismo contó con el apoyo de los puntanos del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.
La planta docente hoy no supera los cien profesores, que en su mayoría cobran como monotributistas -a pesar de que hace años que trabajan como titulares de cátedra- la suma, en promedio, de 1.014 pesos, y denuncia que no se le realizan los aportes patronales, y no cuentan con ART ni obra social.
Los ayudantes de los docentes están ad honorem, y la situación general es muy similar a la de los ex trabajadores de Sueños Compartidos, o a la de los mozos del bar de las Madres, que ostenta el sugestivo nombre de "El revolucionario".
En 2008 la Fundación anunció la construcción de una Universidad en la que se formarían académicamente miles de desocupados del norte de Salta, que también incluiría una carrera de Derechos Humanos y otra de Cine. Según publicó el diario El Tribuno de esa provincia, para contar con el lugar de funcionamiento, piqueteros de la Unión de Trabajadores Desocupados UTD usurparon un amplio edificio del Campamento Vespucio, donde durante años funcionó una proveeduría de YPF. Finalmente se montó un pequeño centro de capacitación donde se enseña albañilería. Los alumnos hoy son unos sesenta que cursan carreras de dos años de perito clasificador de granos de oleaginosas, instructor deportivo, artesanías indígenas e idioma wichi, peluquería y cosmetología.
En los próximos días el Congreso tratará de forzar la aprobación de la estatización de la Universidad de las Madres.
Sería una nueva oportunidad para seguir convenciendo a Hebe de Bonafini que ella se encuentra más allá de la ley.
[Fuente: Por Jorge Lanata, Clarín, Bs As, 27sep14]
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