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28feb09
La Corte define medidas para acelerar los juicios por la represión
La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza la posibilidad de convocar a jueces de otras jurisdicciones para acelerar los juicios por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. La idea fue barajada en el último acuerdo de ministros del martes pasado, según revelaron a Clarín fuentes judiciales.
El máximo tribunal también invitará la semana próxima a los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, a formar una comisión que busque las soluciones más rápidas y efectivas para juzgar a los represores de la dictadura, según dijeron las fuentes.
Una exhortación similar ya había sido efectuada a fines del año pasado, a través de la acordada número 42, aunque ahora la cuestión tendría más "sustancia", según dijeron las fuentes consultadas en el máximo tribunal.
Actualmente hay en curso al menos cuatro juicios orales en todo el país por crímenes de la dictadura. Dos de ellos se llevan a cabo en la Capital Federal (uno por la apropiación de un hijo de desaparecidos y el otro por crímenes en el I Cuerpo de Ejército) y los otros dos en las provincias de San Luis y Formosa.
El problema en la Capital es que todos los juicios sobre los crímenes ocurridos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en jurisdicción del I Cuerpo de Ejército se concentran, por una cuestión de "conexidad" en el mismo tribunal, el Oral Federal 5 (TOF 5), con lo cual el atraso es considerable.
De hecho, ese tribunal tiene seis "tramos" de la megacausa ESMA a la espera de los juicios respectivos. Esas causas involucran a unos 23 imputados, encabezados por el ex capitán naval Alfredo Astiz, un símbolo de la represión ilegal, y a unas 230 víctimas, casi todas ellas desaparecidas.
Según estadísticas que maneja la propia Corte, desde la anulación de las leyes del "perdón" que permitió la reapertura de las causas contra los represores, medida tomada en 2004, se han hecho solo unos doce juicios, con sus respectivas condenas.
Hasta ahora solo tienen su sentencia condenatoria desde el ex capellán policial Christian Von Wernich hasta el ex jefe del denominado Operativo Independencia, Antonio Bussi, luego elegido democráticamente gobernador de Tucumán.
Sin embargo, el universo de causas abiertas por la represión ilegal de la dictadura es enorme. Hay unos 800 procesos en todo el país, de los cuales sólo 33 fueron elevados a juicio.
De acuerdo con un relevamiento de la Procuración General de la Nación, a fines del año pasado había unos 378 represores detenidos.
La comisión interpoderes que propondría la Corte tiene el objetivo de armonizar las medidas que se tomen para evitar que éstas terminen contribuyendo también a las demoras. Hay cuestiones procesales que hacen al "juez natural", por ejemplo, que podrían alegar en su defensa los represores si no son bien resueltas.
La Corte había exhortado el año pasado a los legisladores a que tomaran decisiones "meditadas" para evitar justamente que la eventual solución se transformara en un nuevo problema. También apuntó aquella vez al Consejo de la Magistratura, por las demoras en cubrir las vacantes en los tribunales que deben resolver estos casos, en un duro debate.
El máximo tribunal comenzará a recibir en los próximos días los planteos de excarcelación que formularon decenas de represores que llevan más de dos años presos, el plazo establecido por ley para mantener detenido a alguien que todavía no fue condenado en un juicio.
La Cámara de Casación les dio la razón a los procesados, pero las libertades quedaron sin efecto por apelación del fiscal Raúl Pleé. Entre los beneficiados con la excarcelación se encuentra quizá el máximo símbolo de la represión ilegal de la guerrilla, Astiz.
[Fuente: Por Lucio Fernández Moores, Clarin, Bs As, 28feb09]
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